Clavos de Abdo: CBI confirma daño patrimonial de UDS 450 millones
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El senador liberal, Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que analiza el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2022, informó que existe un posible perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente USD 450 millones (unos G. 3,3 billones). Indicó que estos presuntos hechos de corrupción fueron observados durante el gobierno del ex presidente Mario Abdo Benítez, en la administración Central, administración descentralizadas, municipios y gobernaciones.
Al término de la reunión de esta mesa de trabajo, el legislador brindó un informe acerca del dictamen y las recomendaciones que presentarán ante las cámaras legislativas del Congreso, respecto al análisis que realizaron al informe de la CGR sobre presuntos hechos de corrupción en la era de Mario Abdo Benítez. Indicó que han detectado unos 64 hechos punibles que se cometieron solo en ese año fiscal.
Por tanto, mencionó que la conclusión a la que llegaron es aprobar con observaciones y sugerencias el informe remitido por la Contraloría. “Nos preocupa que varios hechos indiciados como punibles no están en el informe de la Contraloría. Hemos manifestado al contralor que en los próximos periodos sería trascendental que esos hechos punibles no sean omitidos en el informe a ser remitido al Congreso sobre las investigaciones que hace Contraloría”, expresó.
Asimismo, manifestó que desde la CBI están recomendando y espera que el Congreso apruebe, la instalación de una oficina de seguimiento a los reportes de indicios de hechos punibles que fueron remitidos al Ministerio Público, y den seguimiento a las denuncias. Indicó que el Senado someterá a debate este tema, y eventualmente podría terminar como adherente a la denuncia que presente la Contraloría. El legislador remarcó que el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por acción u omisión, eventualmente podría ser llamado a brindar explicaciones sobre estos hechos punibles.
Finalmente señaló que el dictamen al informe de la Contraloría tiene tratamiento de Ley, por lo que ahora deberá ser analizado primeramente en la Cámara de Diputados, y posteriormente en la Cámara de Senadores.
Juzgado civil ratificó el carácter legítimo de la CBI Antilavado y rechazó de manera “in limine” pedido de amparo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) por considerarlo improcedente e inadmisible. Foto: Eduardo Velázquez
“Es notoriamente inadmisible”, juez rechaza in limine amparo de ONG contra la CBI
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El juez civil Guillermo Trovato rechazó el pedido de amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que pretendía a través de la garantía constitucional no responder a las consultas de la Comisión Bicameral de Investigaciones contra el lavado de activos. Además de ratificar el carácter legítimo de esta comisión, el juez rechaza de manera “in limine” porque es improcedente e inadmisible, sentencia en su fallo.
“La presente acción de amparo constitucional es notoriamente inadmisible, es decir, sin entrar a analizar la fundabilidad de la misma, de los términos del escrito de promoción de demanda, surge que debe ser rechazada debido a su inadmisibilidad”, reza el escrito del juezde Primera Instancia en lo Civil y Comercial, José Guillermo Trovato Fleitas, quien rechaza el amparo promovido por la organización sin fines de lucro.
Esta ONG pretendía evitar el control estatal al manejo del dinero recibido del extranjero en concepto de cooperación. De a cuerdo a su página web, “apunta a incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”, accionó ante la Justicia contra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para evadir el control estatal de sus cuentas.
Semanas atrás, el CEJ había accionado ante la justicia buscando evitar la entrega de información financiera requerida por la CBI, que investiga posibles irregularidades en la gestión de fondos de la organización. La comisión de investigación había solicitado informes sobre los montos recibidos, gastos realizados y documentos comprobantes vinculados al programa de asistencia internacional correspondiente al período de enero de 2022 a junio de 2024.
No obstante, el CEJ argumentó que dichos documentos contenían información confidencial que afectaba a terceras personas, por lo cual se negó a proporcionarlos, alegando la protección de la privacidad en el marco del Convenio de Asistencia para el Desarrollo entre los Estados Unidos (USAID) y Paraguay.
Este fallo judicial fortalece la postura de la CBI en su esfuerzo por asegurar la transparencia y el control estatal sobre el uso de fondos públicos y de cooperación internacional.
El senador Dionisio Amarilla indicó que el derecho de peticionar de un legislador debe estar sustentado en las necesidades que la sociedad manifiesta o demanda. Foto: Gentileza
Tráfico de influencias: el contexto de la petición de Buzarquis “lo dejaría en evidencia”
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El senador Dionisio Amarilla se refirió acerca de la denuncia realizada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, contra su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Enrique Salyn Buzarquis por tráfico de influencias. Indicó que el contexto de la petición del legislador liberal “lo dejaría en evidencia”.
Amarilla afirmó que el derecho de peticionar de un parlamentario se limita a las necesidades que la sociedad manifiesta. “Es importante escuchar el descargo del colega manteniendo la objetividad que se requiere en estos casos, pero de confirmarse es grave y la Cámara tendrá que administrar esta situación”, manifestó.
El jefe comunal reveló ayer martes mensajesenviados por el dirigente opositor solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”.
A la vez Buzarquis en el mensaje remitido al intendente capitalino con anterioridad a su pedido detalla que lo está ayudando “para su presupuesto”. “De ser esa la base del planteamiento del colega, eso de por sí lo dejaría en evidencia”, expresó Amarilla al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La conversación fue expuesta durante una caldeada discusión entre ambos políticos. Buzarquis había tratado al jefe comunal de ladrón y le exigió su renuncia tras permanecer encadenado desde el lunes frente a la Municipalidad como medida de protesta.
Ante la acusación por tráfico de influencias, Buzarquis se defendió argumentando que lo hizo en el marco del derecho constitucional a peticionar. “El derecho a peticionar debe estar sustentado en las necesidades que la sociedad manifiesta o demanda como por ejemplo los servicios públicos, la construcción de un puesto sanitario, la provisión de una patrullera en un municipio. Imagino que este pedido de Buzarquis puede ser que derive de una conversación más larga”, dijo Amarilla.
Comisión Antilavado socializa sus trabajos
Por otra parte, Amarilla, quien ejerce la presidencia Comisión de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, indicó que el órgano tomó la decisión de socializar las informaciones sobre sus trabajos.
“Se tomó la decisión de alzar en la página del Senado las respuestas que han remitido las diferentes organizaciones beneficiadas con la cooperación y aporte del Estado paraguayo. Son diligencias que se realizaron desde la comisión hacia las autoridades oficiales, beneficiarios como las respuestas que fueron formuladas por estos”, añadió.
Investigación de NM sobre ONG debió tener atención de la Fiscalía, dice Leite
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El senador Gustavo Leite dijo que las investigaciones publicadas en los medios de comunicación, entre ellos, de la Unidad de Investigación Nación Media, sobre el manejo de fondos públicos por las organizaciones no gubernamentales (ONG), debieron tener una atención de oficio del Ministerio Público. “La periodista Rossana Escobar nos trajo sus informes, que vienen siendo publicados hace dos años, casualmente nunca nadie le dio bola, ni la Fiscalía, ni nadie. Deberían haber actuado de oficio”, comentó sobre la labor de la comunicadora del diario La Nación.
También se refirió a los aportes del periodista Enrique Vargas Peña, que también viene realizando denuncias desde hace bastante tiempo. “Ellos son personas que tienen manifestaciones públicas, reconocidas hace más de dos años al respecto de esta problemática. El periodista Vargas Peña viene denunciando que las ONG potencialmente violan el 126 de la Constitución, y creo que sus argumentos son muy sólidos”, indicó.
La presencia de directivos de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) también aportó datos relevantes en el marco de este trabajo de investigación, de acuerdo con el senador. “La comparecencia de Fecoprod nos pareció muy relevante, porque cuando nosotros le mandamos a Fecoprod la misma carta que se le envió a los abogados que nos mandaron un exabrupto, nos dijeron que quieren comparecer, queremos ir a rendir en público la plata que usamos, nos pareció una señal de como tiene que ser todas las cosas”, comentó el legislador.
Leite integra la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, presidida por el senador Dionisio Amarilla; que ayer lunes tuvo como invitados en sede del Congreso Nacional a Enrique Vargas Peña, Rossana Escobar, José Ocampos, Dania Ríos y representantes de Fecoprod, en una audiencia transmitida en directo por YouTube. También estaban agendados Gustavo Villate y Camilo Benítez.
La periodista y jefa de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar señaló que en sus indagaciones ha encontrado que detrás de algunas ONG, está siempre el mismo grupo de personas, llamativamente políticos de la oposición. Foto: Gentileza
Periodista confirma que existe un grupo de ONG ligado a políticos de la oposición
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La Comisión Bicameral de Investigación sobre antilavado mantuvo en la fecha una sesión abierta en la que participaron algunos periodistas dedicados a la investigación y analistas. En ese marco, fue invitada la periodista y directora de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, quien realizó una presentación de su trabajo basado en indagaciones que realizó sobre un grupo de organizaciones sin fines de lucro que se han convertido en grandes corporaciones por la enorme cantidad de dinero recibido, tanto del exterior así como también de recursos provenientes del Estado paraguayo.
Escobar comenzó señalando que toda la información a la que accedió fue gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como la colaboración de personas que están entorno a estas organizaciones civiles que cansadas de la situación del gran festín que se hace con el dinero de afuera y del Estado comprometido.
Indicó que el estudio a las oenegés comenzó hace como 2 años, y que llegó a todo esto a raíz de una serie de otras investigaciones que tienen que guardan relación con otras oenegés, que parecieran ser otras organizaciones, pero que en realidad tienen otros nombres pero vinculados al mismo grupo de personas. Remarcó que ha encontrado que detrás de este grupo de ONG está siempre el mismo grupo de personas, llamativamente políticos de la oposición.
“Quiero aclarar que no están mal las oenegés, nadie quiere satanizar a las organizaciones porque también quiero decir que hay oenegés que trabajan muy bien. Pero están otras organizaciones no gubernamentales que son en realidad grandes corporaciones por el volumen de dinero que reciben y ejecutan. Podrán ver que las que están a la cabeza y que de alguna forma están direccionando la opinión pública, tergiversando y contaminando lo que es una lucha anticorrupción. Podrán notar que todas están lideradas por políticos”, precisó.
Sponsorear en política
Rosana Escobar indicó que cuando se habla de financiamiento político en campañas electorales no se debería pensar solo en lo económico, ya que hay muchas formas de “sponsorear” en política: puede ser una entrevista en medios de prensa o promoción en redes sociales, pero señaló que se ha colocado a una buena parte de políticos de la oposición, a los que les cuestionó porqué no conformaron su partido político.
Mencionó además que detrás de los grupos políticos, también hay algunos periodistas “que se hacen llamar expertos y que también tienen la exclusividad de participar en estos debates. Además a agencias publicitarias que canalizan las campañas de comunicación”, acotó.
Señaló que esta es una forma de financiar a gente que tiene ideas y que cree está bien. “Creo que llegó el momento de sincerarnos, y saber quién es quién, cuánto cobran y sobre todo el impacto. Saber qué beneficios trae para la ciudadanía, para el Estado paraguayo, teniendo en cuenta que es el que firma los convenios con el organismo multilateral internacional a través de la Cancillería de la República”, mencionó.
Esquema vigente
En otro momento, la periodista Escobar confirmó ante el plenario que todo este esquema de operación de oenegés con políticos involucrados sigue vigente con los mismos actores. “Lo que cambia muchas veces, son los nombres de proyectos, pero sigue siendo el mismo grupo. Reitero, que estamos hablando de un grupo reducido, que parece mucho, pero en realidad no son muchos. Es un grupo cerrado de gente, que gana muy bien con las consultorías”, precisó.
Mencionó que esta situación ya está generando mucha decepción, porque tuvo oportunidad de hablar con los miembros de la coalición por la legalidad. Indicó que muchas organizaciones civiles que confiaron, pero que no supieron nunca que había tanto dinero de por medio, y que algunos líderes estaban cobrando.
Infiltración e injerencia
Otro de los invitados de la CBI fue el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos, quien expuso que su presentación no va contra aquellas oenegés que llevan una gestión loable y en beneficio de los sectores más vulnerables. Lo que sí señaló que está notando una grave infiltración e injerencia de ciertas oenegés que están buscando introducir ciertas ideologías en el país.
“Estamos ante una de las políticas de infiltración más grandes de la historia del Paraguay”, remarcó luego de presentar ante el pleno una serie de documentos, publicaciones y videos que evidencia su teoría.
“Se corrieron las cortinas y nos enteramos de los millones de dólares y millones de euros que entidades privadas envían al Paraguay para que algunos compatriotas trabajen por el dinero en la imposición legal de esas políticas de Estado de intereses privados de empresas en el país. Un verdadero ejército de legionarios 2.0 que por dinero entregan a su país para trabajar en temas de educación, salud, temas culturales, ni qué decir temas ambientales”, expresó.
Asimismo, la CBI invitó al periodista Enrique Vargas Peña, quien en constantes ocasiones ha denunciado la violación del artículo 126 de la Constitución Nacional por parte de algunas oenegés insertas en algunas instituciones del Estado; porque están buscando a través de sus medios, filtrar sus estrategias de gobernanzas que colisionen con la democracia que se tiene en el país, poniendo incluso en riesgo su estabilidad.
En conclusión, señaló que está muy de acuerdo con que se apruebe la ley de transparencia de las oenegés, y considera muy importante, que esta CBI pueda determinar si se están violando las normas de financiamiento político.
“Creo que es justo que todos sepamos quién es quién, y donde está parado, pero para eso, la gente no tiene que tener miedo. La lucha por la opinión publica depende de una cosa fundamental, de que nosotros los que estamos de lado del Paraguay, seamos los defensores de la democracia, de la libertad. Cuando logremos, eso, ellos quedarán como el proyecto autoritario. Uno de ellos, es el proyecto del Foro Económico Mundial, y lo reafirmo categóricamente”, sostuvo.