La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide informes al Comando de las Fuerzas Militares con la finalidad de indagar sobre las acciones institucionales que fueron tomadas con relación al informe lapidario perteneciente a la Contraloría General de la República que destapó una serie de irregularidades en la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
El documento fue presentado por el legislador José Rodríguez y apunta al denominado “Acuerdo Previo de Entendimiento sobre Cooperación Técnica” que fue suscripto con la empresa Compañía Brasilera de Cartuchos Mercosur SA, representada por su administrador general, Óscar Mersán De Gásperi, accionista mayoritario.
La firma fue concretada por el general Aldo Daniel Ozuna Recalde, el 5 de abril del 2022 y es cuestionada por el órgano fiscalizador encabezado por Camilo Benítez, el cual refiere que no se contaba con el permiso que se requería desde el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las cláusulas también fueron criticadas por la Contraloría, ya que podrían poner en riesgo los bienes patrimoniales de la Dimabel, así como información reservada que compete al ámbito militar y tienen relación con la seguridad nacional, de acuerdo a la observación del informe resultante de un total de 4.000 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023.
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El pedido de informes realizado por el congresista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) José Rodríguez consulta cuáles fueron las actuaciones y operaciones realizadas; si se halla aún vigente dicho acuerdo y qué actos jurídicos se llevaron a cabo desde el Comando de las Fuerzas Militares, con todos los antecedentes.
En la argumentación de la solicitud de informes, Rodríguez manifiesta que el acuerdo firmado va de contramano con las leyes 1.337/99 y 4.036/2010. La primera normativa fija las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, ejecución y control, tendientes a asegurar la defensa nacional.
Mientras que la segunda normativa habla de las armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines. Las máximas autoridades de las Fuerzas Militares tienen un plazo de 15 días hábiles para responder a los requerimientos de la Cámara Baja.