La Dirección de Declaraciones Juradas (DDJJ) de la Contraloría General de la República (CGR) se encuentra en el estudio de consistencia de las declaraciones juradas tanto del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, como del exvicepresidente Hugo Velázquez. El director de esta dependencia, Armindo Torres, confirmó que se encuentran trabajando en el estudio de las declaraciones juradas de los extitulares del Poder Ejecutivo.
En una publicación del equipo de investigación de La Nación/Nación Media se revela que Abdo Benítez en la última manifestación de bienes no menciona las multimillonarias ganancias de su distribuidora de asfalto Aldia SA, empresa en la que tiene el 87,50 % de las acciones y que durante su gobierno incrementó utilidades netas de hasta 6.110 % con relación a los tiempos que se iniciaba en cargos electivos. Solo consignó cobro de dividendos de G. 338 millones mensuales, pero omitió olímpicamente los dividendos a cobrar de las ganancias globales generadas que suman G. 175.268 millones entre 2018 y 2021.
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“Nosotros hemos iniciado también el examen de correspondencia del expresidente Mario Abdo Benítez, como así también del exvicepresidente Hugo Velázquez, y una vez que tengamos los informes, vimos esas publicaciones de prensa también, pero nosotros no vamos poder afirmar antes de tener los informes de las instituciones públicas y privadas en donde nos podemos percatar de esa situación”, indicó el director de declaraciones juradas en la 730 AM.
Sobre la consulta acerca de las publicaciones de La Nación sobre la declaración de Abdo Benítez en sus ganancias a través de la empresa Aldia SA, Torres sostuvo que mientras no cuenten con los informes oficiales no se podrá constatar si el exmandatario ocultó o no esa información. “Yo no puedo afirmar ahora que ocultó o no antes de tener los registros oficiales de las instituciones”, sentenció.
Adelantó que el informe final estaría listo en un par de meses más. “Los de ellos va ser más rápido porque son de estos últimos 5 años, creemos que vamos a terminar en uno o dos meses el examen de correspondencia para poder tener ya un panorama claro de las declaraciones juradas presentadas por los dos”, puntualizó.
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El PDP fue cómplice de las atrocidades cometidas por Mario Abdo Benítez
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas. De lo contrario, el Partido Democrático Progresista (PDP), propiedad del matrimonio conformado por la exsenadora Desirée Masi (2018-2023) y el actual senador Rafael Filizzola (2023-2028), sería inimputable ante cualquier hecho que agravia la integridad, la rectitud y la ética pública. Incurrir en sus antónimos como deformaciones del comportamiento humano no puede quedar socialmente impune por la intrascendencia de una organización, tanto numéricamente como para formar opinión ciudadana. Parecería que es un contrasentido, por tanto, ocuparnos de su escuálida existencia institucional.
Pero, por lo dicho en las primeras líneas, no es así. No puede escurrirse tan fácilmente del grado de participación que tuvo con el gobierno de Mario Abdo Benítez, signado por la corrupción más alevosa y la improvisación más grosera en cargos que demandan competencia, autonomía moral y responsabilidad por los resultados. Durante esos cinco años que duró la administración del hijo de quien fuera secretario privado de la dictadura más sangrienta que padeció nuestro país, la del general Alfredo Stroessner, los dos nombrados más arriba mantuvieron un conveniente y pusilánime silencio. Pero hoy reaparecieron como los más furibundos denostadores en contra de la administración de Santiago Peña. Todo cuanto digan carece de credibilidad. Han perdido los escasos créditos que tenían ante la ciudadanía. Fueron parte del engranaje de la corrupción montado durante el periodo de Abdo Benítez, en que hubo saqueos en varios ministerios y en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Se convirtió al Estado en el trapo de repasar de sus cocinas.
Con razón solemos decir que la doctora Desirée Masi fue la verdadera dama consorte del poder. Nuestra calificación se ajusta estrictamente a ese ámbito, para evitar interpretaciones erradas. Antes que gobernar con la asociación política que le llevó al poder, la Asociación Nacional Republicana (ANR), Marito prefirió un espurio concubinato con el Partido Democrático Progresista. Decimos espurio porque personas ligadas al PDP ocuparon lugares estratégicos en el gobierno de Abdo Benítez y, desde adentro, cual caballo de Troya, buscaban minar cualquier chance electoral que tuviera a futuro el Partido Colorado.
Y aun así seguían en sus puestos, lo que evidencia la traición contumaz del exmandatario. La antigua luchadora –en su época de universitaria– contra la dictadura decidió aliarse con uno de los herederos natos de esa época de crueldad y de terror. Se podría alegar que él (Marito) no tuvo responsabilidad a razón de su edad, pero no podemos hacerlo porque en cada acto oficial reivindicó la figura y las “obras” de su “único líder”, el déspota que aplastó la libertad y la dignidad de los paraguayos y paraguayas que tenían una actitud contestataria a su régimen. Torturas, exilios, asesinatos y desapariciones forzosas fue el saldo trágico de aquella nefasta época. Pero a la entonces senadora no le importó ese pasado de infortunio, sino su bienestar del presente.
Desirée Masi logró ubicar a Arnaldo Giuzzio en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, luego, pasó a ocupar el cargo de ministro del Interior, hasta que fue destituido en febrero de 2022 a raíz de su demostrada relación con uno de los pesos pesados del crimen organizado internacional: el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Carlos Adolfo Arregui fue nombrado, en el 2018, asesor del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en las áreas de Transparencia e Integridad. Posteriormente saltó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y, finalmente, pasó a integrar el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 7 de setiembre de 2022. Ese mismo día, René Fernández ocupó dicho cargo, dejando vacante el de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Estos tres personajes formaron parte de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, a raíz de las denuncias de corrupción de nuestro diario y de algunos parlamentarios de la oposición, pero llegaron a la conclusión de que no “hubo daño patrimonial”.
Y como corolario “feliz” de este deshonroso amancebamiento político, Rafael Filizzola fue contratado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en enero de 2020, como asesor jurídico externo para el Programa de la Transformación del Sistema Educativo, cuando que, como apuntó acertadamente un diario colega, el MEC tenía 1.500 abogados en la institución, por lo que uno o dos, al menos, podrían haber realizado dicho trabajo. Pero no. Había que premiar a los aliados leales, como el PDP y sus dueños exclusivos. Lo más simpático es que la exsenadora ahora cuestiona hasta la frecuencia de respiración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), llegando a la conclusión de que la política de ahora es “vean por su cuenta” y “sálvense quienes puedan”.
Y, de paso, siguió demostrando amor y cariño hacia el gobierno más corrupto de la transición democrática, pues, en aquella época, según ella, se “emitían alertas, hacían conferencias de prensa, se reforzaron los servicios, insumos básicos…”. ¡Pero hay que ser caradura! Se tragaron 1.600 millones de dólares, hicieron negociados con los alimentos que eran proveídos por Yacyretá a los centros de aislamiento, no había insumos, ni camas para terapia, ni oxígeno. Hubo, en cambio, 20.000 muertos por la angurria y la miserabilidad de unos cuantos. Pero todos tienen derecho a reivindicarse. Tal vez su marido, desde la Cámara de Senadores, pueda ahora exigir una profunda investigación sobre cuánto se ha robado entonces a nombre de la pandemia provocada por el covid. O, incluso, puede hacerlo la misma exparlamentaria, utilizando sus redes sociales, donde sigue demostrando su activa fidelidad a Mario Abdo Benítez. Pero nadie escapa al largo brazo de la justicia.
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¿Quién es Giuzzio?: hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico
El levantamiento de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño (hecho que le costó el cargo en el Ministerio del Interior), la utilización de equipos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de manera irregular son apenas algunos de los hechos que hablan de Arnaldo Giuzzio. Repasamos uno por uno los detalles de cada caso.
De agente fiscal de casos inconclusos, pasó a ser senador del Partido Democrático Progresista (PDP), posteriormente fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto del 2018 por el entonces mandatario Mario Abdo Benítez y luego designado ministro del Interior el 22 de enero del 2021, cargo del que fue destituido el 22 de febrero del 2022 por sus vínculos narcos.
Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial de hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico, situaciones que permitieron el auge del flagelo en el país, según publicó el portal hoy.com.py.
En mayo del 2020 por Resolución n.º 142 el entonces ministro antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puertos privados y del control del tránsito fluvial.
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Las drogas salían de Paraguay en cantidades cada vez mayores: 3.400 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica: 2.065 kilos el 18 de enero del 2021 en España, también en paquetes de carbón vegetal, 16.174 kilos fueron incautados en Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021, 10.964 kilos se decomisaron en Bélgica el 2 de abril del 202, 697 kilos en Lisboa en una carga de maíz el 19 de octubre del 2021, 4.178 kilos cayeron en Holanda en una carga de soja el 31 de octubre del 2021, 540 kilos en España el 28 de abril del 2022, 5.170 kilos el 12 de junio del 2022, por citar algunos casos.
Equipos de inteligencia
Giuzzio tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad de manera irregular. Los entregó a un agente especial de la Senad, según lo confirmó el funcionario en su informe entregado a la entonces ministra Zully Rollón. Este hombre, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba información al narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad, de los cuales lograba zafar gracias a estas informaciones de primera mano.
La evidencia se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Camioneta prestada por narco
Ya como ministro del Interior, Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club, localizado en la ciudad de Hernandarias.
En un inicio Giuzzio sostuvo que alquiló la camioneta y argumentó que en Paraguay “no había información sobre Vinicius y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombu, desmintió al ministro del Interior sobre el arrendamiento del rodado y señaló que fue prestado sin costo alguno.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado.
Incluso en la acusación presentada por el Ministerio Público contra Giuzzio, se sostiene que el exalto funcionario de Estado mantenía “una llamativa cercanía” con Vinicius. Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior el 22 de febrero del 2022.
Sede regional costeada por fantasmas
La Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, inaugurada el 15 de diciembre del 2022 por Zully Rolón, tuvo un costo de G. 500 millones, pero no hubo licitación registrada en Contrataciones Públicas ni información sobre el origen de los fondos económicos.
Una sola imputación
A pesar de esta cadena de hechos, una sola carpeta fiscal está abierta. El pasado 16 de agosto, los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio solicitaron juicio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.
Informe internacional
Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Mario Abdo y con Giuzzio al frente, el Paraguay se ha convertido en apenas 2 años en el cuarto país con la mayor presencia del crimen organizado, según un informe internacional emitido a finales del pasado año. La lista de las naciones que poseen una fuerte presencia del flagelo es encabezada por Birmania, seguida por Colombia y México.
El informe internacional proviene de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, consistente en un conjunto de profesionales que trabajan en primera línea de la lucha en contra de la economía criminal y los actores que la alimentan. A través de una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal.
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El mayor escándalo en la era democrática: Insfrán - Giuzzio, nexo narco que complica al gobierno de Abdo
El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.
Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.
Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.
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Las filtraciones
Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.
Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.
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Giuzzio, hombre de Abdo
Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.
En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).
En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.
Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.
Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.
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Pieza clave del esquema
Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.
Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.
Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.
Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.
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Único proceso ¿por coima?
Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.
Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.
El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.
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Filtración Seprelad: contradicciones en denuncia de Felino Amarilla delatan chicana
El escrito de la denuncia de Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, sobre supuesta alteración del sistema Judisof tiene varias contradicciones, que evidencian que es al solo efecto de chicanear y dilatar el proceso penal que enfrentan el expresidente Mario Abdo Benítez y su leales en la causa que investiga la filtración de Seprelad.
El documento presentado por Amarilla refiere que al revisar el sistema Judisof se percató de que supuestamente el Ministerio Público contestó el pedido de informe que solicitó la Sala Penal de la Corte sobre la acumulación de dos denuncias contra el diputado Mauricio Espínola, investigado junto a su cliente por la filtración de información.
De acuerdo a Amarilla, el informe fue contestado el 30 de mayo, pero se fechó el 31 del mismo mes, fue entregado al medio del grupo Cartes y se ha escondido a las partes y a sus abogados. Pero, el profesional del derecho se olvidó que el Ministerio Público había contestado el pedido de informe el 21 de mayo, no el 30 ni el 31 de mayo, hecho que contradice la denuncia de la presunta adulteración del sistema Judisof de la máxima instancia judicial.
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Así se evidencia que la presentación hecha por el defensor de Arregui es al solo efecto de que el proceso no avance y siga trabado en la máxima instancia judicial.
Recusó a Benítez Riera
El abogado Amarilla recusó al presidente de la Sala Penal de la Corte y titular de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera. Argumenta que Benítez Riera supuestamente mantiene vínculos con el empresario José Ortiz, socio comercial y exasesor ad honorem del expresidente Horacio Cartes, sujeto de las filtraciones.
Imputación
El expresidente Mario Abdo Benítez y otros 7 leales de su gobierno, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espínola, fueron imputados por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.