El director de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres, afirmó que se encuentran confiados en concretar el próximo 15 de setiembre, en la reunión especial de carácter político convocada por Brasil, la suspensión del cobro arbitrario e ilegal del peaje fluvial impuesto por Argentina.

Aguarda que prime “la cordura, la prudencia y sensatez” por parte del gobierno de Alberto Fernández para evitar llegar al arbitraje. “Están en la tesitura de recaudar fondos, tendrán sus propias necesidades, nosotros también la tenemos, pero no hay derecho para que nos transmitan sus necesidades. Es un problema de Estado, no el problema de un gobierno coyuntural que mañana se va”, dijo.

En una entrevista con el programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media, el funcionario de Estado detalló que en caso de que en la nueva convocatoria del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) Argentina persista en aplicar el cobro de un peaje arbitrario, el segundo paso consistirá en la mediación entre los cancilleres de los países (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay) que suscribieron el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.

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“El órgano político tiene competencia para analizar este tipo de situaciones, es por eso que solicitamos una reunión especial del CIH que presumiblemente sería más o menos el 15 de setiembre. Después de esta reunión especial el siguiente paso que contempla el propio acuerdo y sus reglamentaciones internas es la reunión de los cancilleres y la última instancia es recurrir al arbitraje y para ello precisamos de árbitros”, indicó.

En el encuentro de carácter político, fuera de las discusiones técnicas, Argentina deberá demostrar si existe o no el servicio efectivamente prestado para el cobro del peaje fluvial, y así poder avanzar en el caso de ser necesario en la aplicación del “Protocolo adicional sobre solución de controversias”.

“Es una situación difícil porque es una decisión unilateral del gobierno argentino en contra de lo taxativamente dispuesto en el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Argentina nunca pudo acreditar que haya realizado tareas de dragado. Yo estoy confiado en la próxima reunión del órgano político y si ahí no lográramos nada estará la reunión de cancilleres. Vamos a revisar los estudios presentados por la Argentina, pero ínterin acontece todo ello que suspendan la aplicación del cobro del peaje”, puntualizó.

Vera Cáceres mencionó que ya se formuló la petición de que cada país prepare a sus árbitros dentro de un plazo no mayor a 60 días, ante la eventualidad de que se tenga que recurrir a la instancia del arbitraje para zanjar la problemática.

“Si habría chances de lograr un acuerdo que satisfaga a nuestros intereses no sé, porque es una decisión política del gobierno argentino, ignoro cuál sería la postura política que pudieran adoptar ante la posibilidad de las elecciones. No se sabe quién ganará, hay muchas incógnitas”, manifestó.

Por otra parte, Vera Cáceres comentó que existe una serie de normas jurídicas que ampara al Paraguay en cuanto a sus reivindicaciones. “Nosotros estamos insertos en el Mercosur, también nos ampara la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, leyes internas, por ahora la delegación paraguaya está inserto en que se respete lo taxativamente dispuesto en el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra”, detalló.

El titular de la ANNP sostuvo que incluso en la decisión ilegal de la Argentina impera una “odiosa discriminación” al establecerse un cobro de 1,47 dólares para las barcazas que transportan carga de origen internacional, mientras que las consideradas cargas de cabotaje que navegan exactamente el mismo tramo y usufrutuando el mismo río, el impuesto es de un total de 1,47 pesos.

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