Las diputadas Rocío Abed y Esmérita Sánchez presentaron un proyecto de ley “que establece los cuidados paliativos para pacientes con enfermedades terminales”, a fin de regular y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal.
“La finalidad de esta iniciativa es salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal para garantizar una vida de calidad a través de los cuidados paliativos y atenciones médicas necesarios para tal efecto”, señala parte del proyecto.
Además, establece límites entre el tratamiento curativo y el paliativo, determinando los medios ordinarios y extraordinarios para el cuidado del paciente. También estipula los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la obstinación terapéutica.
Atención integral
En esa línea, las legisladoras coinciden en que la iniciativa servirá para brindar posibilidades a las personas que se encuentren en el proceso de alguna enfermedad terminal, a recibir atención idónea e integral, que prevenga y alivie el dolor y sus manifestaciones, incluyendo además del tratamiento analgésico específico, el derecho a recibir cuidados paliativos de calidad.
Asimismo, el documento explica que “el cuidado paliativo es un conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas desde un enfoque general, a la prevención y alivio del sufrimiento, la evaluación y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos y psíquicos que pudieran surgir en el paciente”.
En el proyecto se establece que el Ministerio de Salud Pública se encargará de garantizar esta debida atención al paciente con enfermedad terminal. El documento fue remitido a las comisiones de Legislación y Codificación, Derechos Humanos, Salud Pública, y de Equidad Social y Género para el dictamen correspondiente.
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Registro Nacional de Pagarés avanza con consenso del Ejecutivo, la Corte y el Congreso
“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.
“Mafia de los pagarés”
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.
El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.
Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.
Poder Ejecutivo
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.
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Poder Legislativo
Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.
Pacto institucional
“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.
El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.
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Caja Fiscal: reforma debe apuntar a igualar condiciones de jubilación de todos los sectores, aseguran
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados un informe sobre la situación de la Caja Fiscal, sistema que sostiene las jubilaciones y pensiones del sector público.
La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con su equipo técnico. Según detallaron, la caja atraviesa una situación cada vez más complicada, con un déficit creciente y un sistema desordenado que incorpora regímenes distintos, muchos de ellos con beneficios otorgados sin fuentes claras de financiamiento. Esta fragmentación normativa genera desigualdades y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Durante la reunión, tanto autoridades del MEF como los legisladores coincidieron en que urge una reforma previsional integral, pero que debe ser construida con amplio consenso político y social. “Las decisiones que se tomen hoy van a tener impacto por décadas”, advirtieron.
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Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de igualar las condiciones de jubilación entre los distintos sectores del Estado, fijar edades de retiro acordes a la realidad demográfica y garantizar que los beneficios sean proporcionales a los aportes realizados por cada trabajador.
Desde el MEF aseguraron que están dispuestos a aportar todos los insumos técnicos necesarios para encarar este proceso, incluyendo proyecciones actuariales, comparaciones con modelos regionales y análisis fiscales. Adelantaron que en una próxima sesión presentarán otro informe sobre cómo otros países enfrentaron reformas similares.
Legisladores de distintos sectores reconocieron que la Caja Fiscal ya no resiste más parches. Señalaron que se necesita voluntad política para tomar decisiones impopulares pero necesarias, antes de que el sistema colapse y se vuelvan inviables los pagos a jubilados del Estado.
La Caja Fiscal cubre hoy a miles de jubilados docentes, policías, militares, judiciales y funcionarios públicos en general. El déficit se agrava año tras año, y si no se encara una solución de fondo, podría convertirse en uno de los problemas financieros más serios del país, acordaron las autoridades.
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Contraloría entrega rendición de cuentas a Diputados
El contralor general de la República, Camilo Benítez, y el subcontralor Augusto Paiva entregaron este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la memoria de gestión 2024 de la Contraloría General de la República (CGR), una rendición de cuentas que el organismo de control entrega al Congreso de manera anual.
“La reunión de hoy es respecto a presentar nuestra memoria anual, en virtud a nuestra propia normativa, es una suerte de rendición de cuentas que hace la Contraloría al Congreso Nacional, lo hicimos ante la Cámara de Senadores y hoy estamos haciendo ante la Cámara de Diputados”, indicó el contralor tras la presentación.
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El titular de la Cámara Baja resaltó la importancia del rol de control de la CGR en las instituciones del Estado. “La lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestro sistema republicano. Recibí al contralor general de la República con su informe anual de gestión”, expresó.
La Contraloría detalla sobre las actividades de control realizados durante el ejercicio fiscal del 2024, las cuales el titular del organismo calificó como números récord, teniendo una productividad diez veces superior al promedio. “Hace cinco años venimos batiendo todos los récord en cuanto a la cantidad de auditorías e informes de indicios. Este año no ha sido la excepción”, resaltó.
De acuerdo con el informe se realizó un total de 1.349 actividades de control, entre ellos, auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño, fiscalizaciones especiales inmediatas, controles de destrucción de documentos y verificaciones de programas sociales como Hambre Cero.
Se realizó la remisión de 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público, por un monto total de G. 1.293.271.642.237, para la apertura de las investigaciones correspondientes y acciones legales, dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
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Paraguay tiene hoy 305 personas que están en lista de espera y muchas más que necesitan trasplante
Cada 9 de julio, en el día que se recuerda el “Día Nacional del Trasplante”, medida que posibilita la continuidad de la existencia de una persona, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) confirmó que en Paraguay hoy se tienen 305 personas en lista de espera, entre ellos 22 pacientes pediátricos.
Según el doctor Hugo Espinoza, presidente de INAT, a nivel país sigue habiendo personas que se niegan a ser donantes de órganos o que no quieren dar el “sí” por su parientes que son potenciales donantes. Esto cierra las puertas a cientos de personas que esperan por un ángel donante.
“Tenemos 305 personas necesitan algún tipo de trasplante en el país, de los cuales la mayoría corresponde a córnea y a riñón. Entre ellos también hay 22 niños, de este número seis necesitan trasplante renal. Es un proceso muy preocupante y que abarca muchas especialidades e instituciones como a la sociedad misma”, expresó el médico, en entrevista con Paraguay TV.
Un largo proceso
Pese a que cientos de personas precisan de un trasplante, ingresar al selecto grupo de la lista de espera significa haber sorteado una infinidad de pruebas, análisis, tratamientos y controles, que incluso puede llevar años.
Pese a lo que la gente cree, una persona que necesita de trasplante no puede ser sometida a la cirugía solo por que otra persona dona un órgano. Para que un paciente esté apto para ser sometido al trasplante que le va a cambiar su vida, antes debe consultar con diferentes especialistas que le imponen tratamientos, análisis y condiciones y que luego de aprobarlos correctamente todos recién recibe la firma que le autoriza a ser sometido a la cirugía.
Entre las especialidades que cada paciente debe conseguir la aprobación se encuentran Cardiología, Cirugía Vascular, Infectología, Urología, Psiquiatría hasta Odontología, puesto que los dientes en mal estado pueden ser foco de posteriores infecciones, que arriesgarían la vida del operado, teniendo en cuenta que para que el órgano no sea rechazado, las defensas deben ser mínimas para el momento del trasplante.
Por lo tanto, estar en lista de espera es haber finalizado una maratón de exigencias y pone al paciente en condiciones de entrar a cirugía. Pero si no aparece a tiempo el donante, todo el esfuerzo realizado no valdrá de nada. Y es lo que en la mayoría de los casos sucede.
En lo que va del año 2025, el INAT registra un total de 94 trasplantes realizados: 49 trasplantes de córneas, dos de corazón, 23 trasplantes renales y 20 de células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea).
Desde el Ministerio de Salud recordaron que el primer donante en nuestro país fue el Dr. Marco Aguayo. Según la “Ley Anita” 6170/18, toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos, posterior a su fallecimiento. Si alguien no desea donar, debe manifestarlo por escrito al INAT.
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