El senador Dionisio Amarilla lamentó que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se mantenga indiferente ante el supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El legislador considera que esta es la oportunidad para que la agrupación opositora encabece una gran mesa de dialogo entre todos las agrupaciones políticas con el fin de impulsar reformas que garanticen la independencia judicial.

“Lamentamos que el partido continúe de manera prolongada inactivo, no se le escucha ni se le siente en la discusión de estos grandes problemas estructurales que se han dado en estos últimos días. Esta es la magnífica oportunidad para que el PLRA se declare en sesión permanente y que lidere inclusive una gran mesa de diálogo entre partidos a nivel nacional para proponer reformas estructurales”, dijo Amarilla, este viernes, al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Amarilla agregó que la “nula creatividad” para plantear alternativas de solución a los “problemas de la República” no solo se limitan en el PLRA, sino que también sacude a los demás partidos y movimientos de la oposición. “Si el diálogo no puede ser la vía para que los partidos barajen alternativas, entonces no sé cómo los políticos podrán salir a pedir de vuelta en el futuro la confianza de la gente. Cuál sería el problema que el PLRA se reúna con las autoridades del partido de Gobierno y con los otros partidos de la oposición”, indicó.

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“El PLRA no puede continuar en esta internita de baja ralea en donde solamente se desmerita a los adversarios, el antagonismo no debe ser una constante. El partido tiene hombres y mujeres preparados para sentarse a diseñar una hoja ruta y plantear al Poder Ejecutivo un cogobierno a mediano plazo para traer paz a la República y, por sobre todas las cosas, atacar el problema del crimen organizado”, acotó el parlamentario.

Amarilla aludió a la filtración selectiva de chats del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido en agosto de 2024 durante un procedimiento del operativo “Pavo Real II”, cuyas conversaciones con el diputado Orlando Arévalo derivaron en su renuncia a su cargo de vicepresidente del JEM, así como a su banca en la Cámara Baja; además de las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi López. “Con esto quedó demostrado que el crimen organizado no solo permeo todas las instituciones, sino que además hubo una suerte de confabulación en el gobierno anterior, pero hay que sacudirse de esto, dar la cara”, manifestó Amarilla.

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La camioneta Toyota Hilux, perteneciente a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, uno de los procesados en el marco del operativo A Ultranza Py, ya obra en poder de la Policía. Durante un procedimiento policial realizado el lunes por la noche en Asunción, se incautó el vehículo a una mujer que alegó ser compradora de buena fe.

Tras una larga búsqueda, finalmente el vehículo pudo ser localizado mediante un control aleatorio implementado por la Dirección de Control de Automotores de la Policía Nacional.

“En el marco del operativo que realizamos semanas atrás, también se realizaron estas incautaciones ayer. Este vehículo ha sido incautado y su poseedora presentó un contrato privado y la cédula verde del vehículo”, confirmó el comisario Juan Pereira al canal NPY.

Los primeros allanamientos de A Ultranza —que investigó una red de tráfico de drogas y lavado de dinero— se realizaron en febrero de 2022. Durante los procedimientos fueron detenidos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, sus hermanos José y Conrado Insfrán, y el exdiputado Juan Carlos Ozorio. La Policía busca al uruguayo Sebastián Marset, quien, según los investigadores, es el líder de la organización criminal. El hombre se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con orden de captura internacional por tráfico ilícito de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

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El departamento de Control de Automotores realiza intensos controles en los últimos días, logrando incautar varios vehículos con chapas que no les pertenecían y cuyas documentaciones son de dudosa procedencia, en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Uno de los autos no contaba con ningún registro nacional y se presume que burló varios controles para su ingreso.

Según el reporte policial, fueron tres los rodados incautados en controles ruteros. Uno de los autos contaba con chapa falsa y dos tenían chapas originales, pero pertenecientes a otros vehículos registrados en el Registro Automotor.

“Los tres vehículos están en situación irregular porque los conductores presentaron documentación apócrifa. Todas las cédulas verdes son falsificadas, y uno de ellos contaba con chapa falsa”, declaró el comisario Pereira sobre dichas intervenciones en la vía pública.

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“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada ayer lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarrollándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La buena consolidación institucional generan buenas prácticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

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No obstante, el politólogo consideró que en la cumbre de poderes se tomaron medidas concretas contra ambos flagelos, citando como un punto resaltante el instar a la implementación de la “Iniciativa 28″ referente a la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, la cual se refiere a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de implementar un reglamento para las comunicaciones de sus integrantes.

“Falta un compromiso institucional por parte de los órganos vinculados al Poder Judicial. Es en el JEM donde se tienen que generar buenas prácticas para que haya una buena justicia en el Paraguay, entonces, mediante el hecho de que se busque impulsar la realización de reglamentaciones y controles internos, la corrupción tendría que ir decantándose como un efecto domino”, manifestó.

“Cuando se habla sobre la intención de implementar ciertas restricciones dentro del JEM, cuando se habla del control de la comunicación interna y externa, cuando se habla de que las conversaciones tendrán que ser oficiales y públicas, entonces lo que se busca es transparentar. Esto tendrá incidencia para que puedan haber buenas prácticas”, puntualizó el politólogo a NM.

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El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó vía libre para que esquemas del crimen organizado se movieran con tranquilidad en territorio paraguayo, de acuerdo con varias investigaciones del Ministerio Público. Eliminación de puestos de control, amigos de los capos en puestos de confianza, aporte a campaña electoral son algunos de los elementos que permitieron esa tranquilidad y la instalación de redes narco en las que aparece salpicado el exmandatario y su entorno inmediato. Los casos suman y siguen.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

De Dalia López a Sebastián Marset, pasando por los dipu­tados Juan Carlos Ozorio, Lalo Gomes y Éver Noguera. El gobierno de Mario Abdo Bení­tez no solo estuvo plagado de narcovínculos, sino que tam­bién permitió que esquemas del crimen organizado se movie­ran a sus anchas y con exce­siva tranquilidad, sin mayores burocracias, privilegio no muy habitual para los comunes (ver infografía).

El 15 de agosto de 2018, en su primer día como presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez derogó un decreto emitido por el gobierno de Horacio Car­tes y volvió a restablecer pode­res al entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con lo que le permitió mover a sus anchas a agentes y directores de la institución.

En mayo de 2020, Giuzzio desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), que reali­zaba fiscalizaciones en puertos privados. Tras esa maniobra la “narcoexportación” se dis­paró y el Paraguay se convir­tió en noticia por toneladas de cocaína decomisadas en serie en todo el mundo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a señalar al supuesto narcotraficante uru­guayo Sebastián Marset como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en tierras colom­bianas. El señalado como líder de una organización crimi­nal trasnacional se instaló, se documentó en tiempo récord y montó su red de empresas con facilidad en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo.

Durante una reunión con su gabinete, Petro cuestionó las acciones de la Fiscalía colom­biana en la investigación del ase­sinato y apuntó directamente a Marset como el principal res­ponsable. “¿Por qué la muerte del fiscal paraguayo Pecci quedó en manos del fiscal Mario Bur­gos? ¿Por qué sacó al asesino del proceso, que es el narco­traficante Marset?”, expresó el mandatario. Petro también mencionó que Marset cuenta con el respaldo de otras figuras del crimen organizado, como el narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, quien actualmente reside en Dubái.

Recientemente, el medio El Colombiano reveló una agenda que supuestamente pertene­cía al exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, señalado como autor material del asesinato de Pecci. Correa Galeano fue ase­sinado en su celda el pasado 3 de enero, y en su agenda se encon­traba una referencia a Marset, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.

Marset, actualmente prófugo de la Justicia, ha construido una extensa red de operacio­nes criminales que incluye el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a través de negocios lega­les. Su primera llegada a Para­guay se registró el 8 de abril de 2018, justo antes de las eleccio­nes generales en las que Mario Abdo Benítez resultó electo pre­sidente. Permaneció en el país hasta el 27 de abril, periodo en el cual comenzó a estructurar su operativa para el tráfico de drogas hacia Europa.

Fue precisamente durante el período de mandato de Abdo que Marset estructuró su red criminal con tranquilidad, gozando de impunidad y con­siguiendo utilizar las institu­ciones públicas con una calma llamativa.

En agosto de 2020, la Dirección de Identificaciones de Para­guay expidió cédulas de iden­tidad paraguayas para Marset y varios miembros de su fami­lia, incluyendo a su pareja Gia­nina García Troche y su her­mano de padre, Diego Nicolás Marset. El propio Sebastián Marset obtuvo su documento paraguayo en febrero de 2021. Ese mismo mes contrajo nup­cias con una ciudadana para­guaya que nunca lo vio siquiera en persona, gracias a la utili­zación del sistema público de forma impune.

En abril de 2021 se detecta en Amberes, Bélgica, un millo­nario cargamento de cocaína escondido entre paquetes de cuero azul enviados desde Para­guay por la empresa Neumáti­cos Guairá. Esta se convertiría en una de las mayores incauta­ciones de droga de la historia. Audios revelados con posterio­ridad, demuestran que la carga era de la organización ligada al uruguayo.

Desde entonces, el narcotrafi­cante uruguayo expandió sus operaciones en Paraguay, esta­bleciendo alianzas con organi­zaciones criminales locales y fundando diversas empresas para el blanqueo de capitales. En mayo de 2021, su pareja constituyó el grupo San Jorge SA - Total Cars, con un capi­tal inicial de G. 1.000 millones, según registros de la Subsecre­taría de Estado de Tributación. Marset también incursionó en el mundo del espectáculo y el deporte, financiando eventos musicales y equipos de fútbol, mientras afianzaba su red de narcotráfico.

Entre sus principales aliados en Paraguay se encuentran Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube y Mauricio Schwartz­man, este último asesinado el 12 de setiembre de 2021. Su car­tel operó en el país desde 2018 hasta la ejecución de la opera­ción A Ultranza Py en 2022, un operativo llevado a cabo con la colaboración de la DEA, Euro­pol y el Ministerio del Interior de Uruguay.

En junio de 2021, Marset aban­donó Paraguay con el objetivo de expandir su red de contactos internacionales. En octubre de ese mismo año fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

Más de G. 175.526 millones (unos USD 23,4 millones) fue­ron movilizados solo por tres de los actores de una gigantesca red de lavado de dinero ligada a grandes capos del narcotrá­fico (2015- 2021). Los mayo­res movimientos de dinero se dieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, expre­sidente cuyo movimiento impulsó la campaña al Con­greso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Según el informe de inteligen­cia del operativo antinarco Pavo Real II, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 31 de mayo de 2021, Eulalio Gomes transfirió de una sola vez unos G. 2.898 millones a Antonio Joaquín da Motta, empresario de frontera señalado por el Bra­sil por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En 2020, en menos de un mes, los Gomes realizaron trans­ferencias por más de G. 1.800 millones a Diego Benítez, seña­lado como responsable de un esquema gigantesco de narco­tráfico y quien fuera detenido en Emiratos Árabes Unidos, donde espera ser extraditado a nuestro país.

Hablando del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado un millón de dólares de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amam­bay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el exti­tular de la Dinac, Édgar Melga­rejo, Gomes expresó su preo­cupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afecta­ría al Gobierno. Además, men­cionó que Arregui había solici­tado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su pro­pia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movi­miento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

En la investigación Belia sobre tráfico internacional de drogas, la Senad interceptó llamadas entre el diputado Éver Aparicio Noguera y Hugo Antonio Meza Huespe, miembro de la banda del narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo enviaba drogas a Europa en bolsas de carbón vegetal. También estuvo implicado Cristian Turrini, vin­culado a Servín Palacios. Ade­más, Noguera habría influido en la designación de una jueza que favoreció al grupo y obtuvo ilegalmente vacunas contra el covid-19 para su familia.

A Noguera y Gomes, se le suma el exdiputado Juan Carlos Ozo­rio, quien también llegó al Con­greso de la mano del abdismo.

Ozorio –de acuerdo con la Fis­calía– forma parte del esquema de tráfico de drogas encabezado por el uruguayo Marset.

Esta extensa lista se cierra –al menos por ahora– con el caso de Dalia López, la “empre­saria” que “paraguayizó” al famoso exfutbolista brasi­leño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto de Assis Moreira, gracias a la complici­dad o a la ineptitud de funcio­narios de su Departamento de Identificaciones y de la Direc­ción General de Migracio­nes (DGM), dependiente del Ministerio del Interior.

El caso puso a Paraguay en el foco del mundo en 2020. López comenzó a mostrar su rostro de “filántropa” en un evento oficial del gobierno de Abdo que contó con la presencia del mismísimo presidente de la República.

Fue el 20 de setiembre de 2019, durante una visita oficial del mandatario al distrito de San Juan del Ñeembucú. Un video publicado en redes sociales por la Fundación Miss Para­guay mostró que la empresaria acompañó a Abdo para entregar asistencia médica.