Luis Carlos Gamarra, concejal de la Municipalidad de Villa Elisa, recordó que el exintendente del municipio y actual candidato a gobernador del departamento Central por la Concertación efrainista, Ricardo Estigarribia, cuenta con 338 denuncias presentadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) desde el 2016 por el presunto mal manejo administrativo.
“Recordemos que, por ejemplo, el polideportivo que propuso construir en la ciudad debía costar G. 4 mil millones y terminó costando casi G. 14 mil millones, casi se triplicó el precio. Se hizo una intervención, nosotros denunciamos a la Junta Municipal; no hubo ninguna planificación y eso hace que la ciudadanía tenga que pagar siete años de deuda por este tipo de improvisaciones”, refirió el concejal en el programa “Arriba hoy” de GEN/Nación Media.
A esto se suma la adquisición de kits sanitarios durante la época de pandemia, que también cuentan con un cuestionamiento en cuanto al monto desembolsado por las herramientas. Teniendo en cuenta que la DNCP derivó más de 300 denuncias contra Estigarribia, Gamarra estima que el perjuicio económico llegaría a G. 50 mil millones, esto sin mencionar contrataciones públicas cuestionables, como el convenio realizado con Petróleos Paraguayos (Petropar).
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“El convenio, que consistía en que desde la municipalidad se limpie el patio de Petropar, generó como G. 13.700 millones pagados por la empresa a la administración de Estigarribia, pero nosotros no sabemos si eso ingresó realmente a las arcas municipales. Cuando se hizo una auditoría se determinó que en otras ocasiones se desembolsó G. 40.000 millones, así que la diferencia entre ambos pagos es casi un disparate”, apuntó el concejal municipal.
Gamarra observa con preocupación la posibilidad de que Estigarribia llegue a desempeñarse como gobernador del departamento Central, teniendo en cuenta la serie de irregularidades durante su administración como intendente municipal. Aparte, a esas denuncias se suman acusaciones por llevar a la quiebra a empresas aguateras y la falta de resolución del problema de agua potable en Villa Elisa, recordando también la deuda de G. 1.500 millones que mantiene con la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
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