El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que se tienen claros indicios de presunto enriquecimiento ilícito de Luis Paciello, yerno del senador Fernando Lugo. No solo existen inconsistencias en sus movimientos financieros, también existen varias omisiones de bienes que no fueron declaradas ante los entes de control del Estado.
“En ese caso hay un incremento patrimonial no sustentable. No existe correspondencia entre sus ingresos y egresos y varias omisiones de acciones. Hay un indicio de enriquecimiento ilícito que está a cargo del Ministerio Público profundizar”, señaló Torres en contacto con la radio 680 AM.
Indicó que, según los datos cruzados que emergen del sistema de verificación informática, no existe equilibrio entre el deber y haber de su contabilidad. Una de las omisiones de Paciello se refiere a las acciones en tres empresas, en las que figura como socio y representante legal, con un total de G. 5.050 millones en efectivo de capital integrado.
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Por otro lado, según información de Tributación, filtrada a los medios, se menciona que entre algunos de los bienes que no tienen justificación, en relación a sus ingresos, están dos departamentos en Asunción (valuados en US$ 100.000 cada uno), otra en la ciudad de San Bernardino, además de un millonario depósito de dinero en una cuenta corriente.
Las declaraciones juradas y el examen de correspondencia de Paciello fueron remitidas por la Contraloría el 25 de octubre del 2020, a la Unidad Penal Nº 8 especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Pero, la causa no avanzó pese a que las instituciones de control, incluida la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), alertaron de sospechas de eventuales delitos como lavado de dinero.
Asimismo, el 22 de mayo del 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) también remitió informes a la Fiscalía, informes sobre las irregularidades y el origen dudoso de los recursos para crear empresas, halladas tras un cruce de datos con la SET.
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“Creemos saludable una intervención”, dice diputado sobre gestión de Prieto
El diputado Avelino Dávalos, integrante de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que la Contraloría fue contundente en sus señalamientos de irregularidades hacia la gestión de Miguel Prieto, lo cual no pudo ser contrarrestado por el jefe comunal, lo cual amerita una intervención, según explicó.
“Se recibió una contestación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) donde ratifican que existe faltante de documentos e inclusive, con notas de reiteración en su momento requiriendo esa documentación, entonces creemos saludable una intervención en la que se pueda aclarar todos los hechos y sobre todas las cosas, tener resultados como corresponde”, expresó.
En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador señaló que personalmente, fue muy claro en su posición a favor de una intervención, ya que el contralor, Camilo Benítez, fue muy preciso señalando las irregularidades detectadas, como la falta de respaldo documental sobre un gasto de G. 42.000 millones.
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“También se habló de forma clara de cuatro informes de la Contraloría con dictámenes en contra de la municipalidad y remitidos al Ministerio Público, además de todo lo que es de conocimiento público, la cantidad de denuncias que obran en la Fiscalía. El presidente de la Comisión consultó de vuelta a la Contraloría sobre la falta de documentación respaldatoria, porque en la visita del intendente, él había dicho que era falso, pero eso fue ratificado por el ente contralor”, añadió.
Cabe mencionar que todavía se desconoce si el dictamen de la Comisión será tratada este martes 10 de junio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, puesto que esto es potestad de la Mesa Directiva. “Creo que es conveniente una intervención para poder dilucidar los temas, el que nada debe, nada teme”, ratificó.
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Comuna esteña no proveyó respaldo para G. 42.000 millones, señala auditor de la CGR
El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.
La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.
Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.
El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.
Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.
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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.
Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.
Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.
Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".
En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.
“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.
Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.
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Contraloría: CDE y Asunción “se amparan en pretextos formalistas para desviar la atención”
El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, expresó su preocupación por la situación financiera y administrativa de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, y respaldó los pedidos de intervención que actualmente se debaten en la Cámara de Diputados.
“Ambas municipalidades tratan de ampararse en meros formalismos, que ni siquiera son reales, es falso que la Contraloría no tenga un dictamen, también es falso que no se hizo la actividad de control, son meros pretextos formalistas que tratan de desviar la atención de los aspectos elementales que están plasmados en los informes”, aseveró.
Según Villalba, los informes de auditoría revelan “graves irregularidades” en ambas administraciones municipales. En el caso de Ciudad del Este, citó la existencia de G. 42.000 millones en gastos que no cuentan con documentos de respaldo. “Presentan inconsistencias sumamente preocupantes en la gestión de sus recursos. Hay falencias gravísimas en lo que tiene que ver con las transferencias, y una larga serie de problemas en las cuentas municipales”, afirmó a la 1020 AM.
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Sobre la Municipalidad de Asunción, el director de Auditoría centró su preocupación en el uso de los bonos municipales por un valor de G. 500.000 millones. Indicó que desde la solicitud de intervención han surgido hechos que “sorprenden” por su similitud con lo ocurrido en Ciudad del Este.
“Las defensas de ambas municipalidades muestran cada vez más coincidencias. Ambos gobiernos municipales alegan persecución, cuestionan la legitimidad de la Contraloría y presentan carpetas y biblioratos como supuestas pruebas de transparencia, pero eso técnicamente no tiene ningún valor. Es una puesta en escena para las cámaras”, sostuvo el funcionario.
Villalba también mencionó hechos posteriores a los pedidos de intervención que, según él, refuerzan la necesidad de tomar medidas. En Ciudad del Este, recordó que el propio intendente admitió públicamente haber incurrido en nepotismo, lo que calificó como “un hecho inédito” en la historia del país. “Admitir en vivo y en directo la comisión de un delito siendo jefe comunal de la segunda ciudad más importante del país no tiene precedentes”, subrayó.
En cuanto a Asunción, señaló que desde la solicitud de intervención la comuna ha dejado de pagar en tiempo y forma a sus funcionarios, tampoco transfiere aportes a la caja de jubilaciones y solicitó una postergación en el pago de un crédito, lo que derivó en una convocatoria de bonistas para analizar la situación financiera del municipio.
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Exposiciones del contralor servirán de elemento para dictaminar sobre la intervención, afirman
El presidente de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción, el diputado Rodrigo Gamarra, indicó que los integrantes de la mesa de trabajo escucharon los argumentos y realizaron otras consultas sobre las argumentaciones del contralor general de la República, Camilo Benítez, respecto a las irregularidades incluidas en el pedido de intervención. El titular del ente contralor se presentó este jueves a la convocatoria de la comisión.
“Escuchamos de boca del contralor y su equipo técnico las argumentaciones en la cual se sustenta su pedido de intervención, los colegas pudieron hacer y evacuar sus preguntas sobre las dudas que tenían de los puntos específicos y creo que va servir de elemento para el momento del juzgamiento”, afirmó el diputado tras la reunión.
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Mencionó que el contralor se centró en todos los hechos irregulares encontrados en la Municipalidad de Asunción. “La Contraloría habla mucho de mala utilización de los recursos, se centró bastante en fondos que eran destinados para ciertos rubros y fueron utilizados de otra manera. Todos los argumentos, todos los puntos más resaltantes era la mala utilización de los recursos y la mala administración”, agregó.
Mientras tanto, sostuvo que la comisión especial debe escuchar también al intendente Óscar Rodríguez, quien fue convocado para mañana viernes a las 9:30. “Hay que escuchar también a la contraparte, a la intendencia, a sus directores y poder llegar a una conclusión al respecto”, expresó.
Además del intendente, se analizará si se convoca a los concejales y funcionarios de la institución municipal, a pedido de la diputada Rocío Vallejo. “Vamos a hacer la diligencia, vamos a hacer la solicitud para que vengan, seguramente otro día, porque mañana va estar el intendente, tal vez sí sus directores podrían estar también el día de mañana para que pueda alcanzarnos el tiempo y escucharlos a todos”, apuntó.
Tras analizar todas las documentaciones y las versiones presentadas en la mesa de trabajo, se realizará el dictamen correspondiente. “Después de escucharle a todos vamos a juntarnos, reunirnos y ver si la comisión considera hacer otra diligencia o si ya está en condiciones de evaluar algún tipo de dictamen”, sentenció Gamarra.
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