El decreto presidencial sería la vía para trasladar el feriado por el Día del Trabajador del 1 al 8 de mayo, explicó el diputado Pedro Alliana. Foto: Gentileza.
Analizan plantear al Ejecutivo trasladar feriado del 1 de mayo
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El diputado Pedro Alliana señaló que dentro de la Cámara Baja se analiza la posibilidad de trasladar el feriado del 1 de mayo, que conmemora a los trabajadores, al 8 de mayo, esto teniendo en cuenta que los comicios generales están previstos para el domingo 30 de abril y se espera una alta participación ciudadana.
“Yo creo que va a haber una participación de más del 60%, estamos discutiendo la posibilidad de trasladar el feriado del 1 de mayo más adelante, como había planteado el diputado Sebastián García, estamos viendo esa posibilidad”, expresó el parlamentario.
“Lo que podemos hacer es instar al Poder Ejecutivo, esto depende de un decreto presidencial”, detalló Pedro Alliana, en contacto con varios medios de prensa en relación con este planteamiento, puesto que trasladar el feriado vía proyecto de ley sería complicado teniendo en cuenta la proximidad de los comicios.
Alliana señaló que los feriados largos son incentivos para que la gente realice turismo interno, el cual puede verse perjudicado por las elecciones generales, según lo expresado por la propia ministra de la Secretaría Nacional de Turismo, Sofía Montiel, explicó el diputado.
“Hablamos con la ministra de Turismo y nos dijo que esto va a afectar el turismo interno, porque la gente sabe que si no vota va a tener cierta multa y también es cierto que va a haber muchos también que van a querer quedarse a votar”, señaló el congresista.
“No queremos afectar el turismo”, ratificó Alliana, quien señaló que trasladar el feriado por el día del trabajador del 1 al 8 de mayo, puede ser una excelente medida que no afectará ni a la participación en las elecciones y que motivará al turismo interno.
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.º 4145/2025, por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la Ley n.º 1328/1998 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, derogando así la normativa anterior del año 2015. La medida actualiza el marco jurídico sobre la remuneración compensatoria por copia privada y establece mecanismos más claros para su implementación.
El decreto reconoce el derecho de autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas o videogramas a ser compensados económicamente por la reproducción no autorizada de sus obras para uso privado. Esta remuneración será financiada mediante un porcentaje aplicado a fabricantes e importadores de dispositivos y soportes de grabación o reproducción como celulares, discos duros, memorias y otros aparatos electrónicos.
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) será la encargada de administrar el registro de importadores y fabricantes, así como de supervisar el cumplimiento del pago y la veracidad de las declaraciones juradas.La recaudación será canalizada a través de la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE-Paraguay), que distribuirá los fondos entre las sociedades de gestión colectiva: Autores Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y la propia AIE.
El presidente Santiago Peña firmó el decreto que fortalece la protección del derecho de autor y establece un sistema de remuneración justa. Foto: Gentileza
Ejecutivo firma decreto que fortalece la protección del derecho de autor
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El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.º 4145/2025, por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la ley n.º 1328/1998 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, derogando así la normativa anterior del año 2015. La medida actualiza el marco jurídico sobre la remuneración compensatoria por copia privada y establece mecanismos más claros para su implementación.
El decreto reconoce el derecho de autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas o videogramas a ser compensados económicamente por la reproducción no autorizada de sus obras para uso privado. Esta remuneración será financiada mediante un porcentaje aplicado a fabricantes e importadores de dispositivos y soportes de grabación o reproducción como celulares, discos duros, memorias y otros aparatos electrónicos.
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) será la encargada de administrar el registro de importadores y fabricantes, así como de supervisar el cumplimiento del pago y la veracidad de las declaraciones juradas.
La recaudación será canalizada a través de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE-Paraguay), que distribuirá los fondos entre las sociedades de gestión colectiva: Autores Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y la propia AIE.
Los montos recaudados serán distribuidos como regalías para los socios y herederos de los derechos, pagos a artistas extranjeros, así como para fondos de ayuda cultural y programas de asistencia social. El decreto también establece que el 10 % del total recaudado será destinado a la promoción de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería, a través de programas liderados por la Dinapi.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca saldar una deuda histórica con el sector cultural y adaptarse al contexto tecnológico actual, garantizando una compensación justa a los creadores y fortaleciendo la industria creativa nacional.
El objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. Foto: Archivo
Registro Nacional de Pagarés avanza con consenso del Ejecutivo, la Corte y el Congreso
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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.
“Mafia de los pagarés”
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.
El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.
El diputado José Rodríguez detalló los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito. Foto: Archivo
Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.
Poder Ejecutivo
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.
Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.
Pacto institucional
“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.
El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.
Peña remueve a Pastor Soria como titular del Senave
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El Poder Ejecutivo oficializó la finalización de funciones del presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Pastor Emilio Soria Melo, mediante un decreto firmado por el jefe de Estado difundido en la noche de este viernes 4 de julio.
En el documento, se explica que la decisión se sustenta en las atribuciones que confiere al presidente de la República el artículo n.° 238 de la Constitución Nacional, que le faculta a nombrar y remover a los funcionarios de la administración pública.
Pastor Soria Melo había sido designado como titular del Senave por medio del decreto N.° 97, fechado el 21 de agosto de 2023. Con la nueva disposición, el cargo queda vacante a la espera de la designación de una nueva autoridad al frente del ente responsable de la sanidad vegetal y la calidad de las semillas en el país.
Cabe mencionar que Soria y otras 10 personas, fueron imputadas este viernes por el Ministerio Público. Según la Fiscalía, habrían formado parte de un “esquema” de cobro ilegal de aranceles para autorizar la expedición del certificado que habilita la importación de productos frutihortícolas.