La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.

En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.

El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan está recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.

Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial".

La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.

Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”.

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Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”. En el documento se sostiene que la medida fue realizada conforme con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes del Código Procesal Civil, el cual exige que se dé curso al trámite legal correspondiente y se resuelva según lo solicitado previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

“Esto es hasta una cuestión ética, teniendo en cuenta que él fue embajador durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió Basilio Núñez.

El camarista aceptó atender el caso tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. A finales de mayo, la Corte comunicó al Senado la integración de la sala constitucional ampliada, cuyos integrantes también son los ministros Gustavo Santander, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas.

Kattya González quedó fuera del Senado el 14 de febrero del 2024. Mientras que la acción de inconstitucionalidad fue promovida el 27 de febrero del mismo año.

Un total de 23 sena­dores acompaña­ron la expulsión de la ahora excongresista de la Cámara Alta, regis­trándose siete abstencio­nes y 15 ausencias. El procedimiento se basó en un libelo acusatorio de 73 páginas, en que, entre otras argu­mentaciones, sindicaban a la ahora exparlamentaria de uso inde­bido de influencias.

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La Corte Suprema de Justicia notificó a la Cámara de Senadores sobre la integración de la Sala Constitucional ampliada para tratar el pedido de inconstitucionalidad presentado por la exsenadora Kattya González sobre la pérdida de investidura. “La pérdida de investidura es categórica”, fue la reacción del presidente del Senado, Basilio Núñez, a favor de la institucionalidad.

“Respeto la institucionalidad, siempre digo, la Corte tiene esa prerrogativa, así como también el Poder Legislativo, ya había dicho en aquel entonces. Yo voy a hablar por mi persona, como un voto más, yo no estoy de acuerdo que sean avasallados los derechos del Congreso, del Poder Legislativo, en este caso. Es una postura personal, deberíamos hablarlo después con los colegas”, afirmó el titular legislativo en conversación con los medios de comunicación.

Afirmó que se debe respetar y cumplir con la autonomía y la independencia de cada institución. “La Constitución habla para las pérdidas de investidura de mayorías simples, un reglamento no puede estar por encima de una ley, una ley no puede estar sobre la Constitución Nacional”, apuntó Núñez.

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Con respecto a la consulta si está de acuerdo o no con el regreso de la exparlamentaria a un curul en el Senado, si existe un fallo de la Corte en ese sentido, respondió que “no existe la recuperación de la investidura en la legislación paraguaya, la pérdida de investidura es categórica”.

Recordó otras situaciones en periodos anteriores, donde senadores fueron despojados de su investidura y tampoco volvieron a su banca. “Yo ya analicé y tengo una postura contundente. Yo no creo (en la reincorporación), viendo la historia política democrática del Paraguay, si algunos de los senadores fueron reincorporados; sí hubo disculpas de la senadora Esperanza (Martínez) por haberle echado al senador Dionisio Amarilla, porque actuaron mal”, puntualizó.

Ratificó nuevamente que la Constitución Nacional es clara con relación a la perdida de investidura. “Yo estoy convencido de que nosotros actuamos bien, porque la Constitución Nacional está de nuestro lado, avalado por el libro de la excolega, y yo estoy convencido que del que policía que está conmigo no puede hacer pegatinas. La pérdida de investidura es un juicio político. Voy a hablar con los colegas para que la independencia del Poder Legislativo sea respetada”, señaló el senador.

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“Lo que realizamos hasta el momento, es todo lo que se puede hacer dentro de la competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, manifestó el ministro Eugenio Jiménez Rolón sobre las acciones encaradas por la máxima instancia judicial para combatir el esquema delictivo denominado la mafia de los pagarés.

La Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional dos proyectos, uno establece un nuevo marco legal en favor de las víctimas y el otro propone la creación de juzgados de paz sin afectación presupuestaria.

“Los senadores nos dijeron expresamente que darán celeridad a los proyectos, que serán objeto de un tratamiento preferencial. Las iniciativas serán tratadas indefectiblemente en la siguiente sesión de la cámara”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La primera propuesta apunta a aliviar la congestión en los tribunales de la capital, mejorar la administración de justicia y redistribuir la carga sin generar un nuevo impacto presupuestario, según la exposición de motivos.

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Mientras que el segundo proyecto establece un régimen obligatorio de depósito judicial de pagarés y otros títulos de crédito en procesos civiles. Su finalidad se centra en garantizar la trazabilidad, evitar su circulación indebida y asegurar la cadena de custodia. También propone que, una vez cancelada la deuda, el documento original sea devuelto al deudor.

Por otra parte, Jiménez Rolón dijo que también informaron a la comisión especial que investiga la mafia de los pagarés, la cantidad de funcionarios judiciales salpicados en el esquema y que son parte de un proceso de investigación.

Desde la Corte Suprema detallaron que unos 5 jueces, 10 actuarios, 7 ujieres y 25 oficiales de justicia ya fueron sumariados hasta la fecha. Todos ellos actualmente se encuentran suspendidos en sus funciones ante sospechas de tener participación en esta rosca delictiva.

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El Ministerio del Urbanismo, Vivienda y el Hábitat (MUVH), firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el cual la cartera podrá acceder a los registros de la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial y agilizar los trámites registrales a fin de garantizar que cada familia acceda a su vivienda de forma segura y transparente.

De esta manera se obtendrá información clave sobre la titularidad y las condiciones de dominio de inmuebles destinados al Programa Che Róga Porã, según informaron. Ambas instituciones se comprometieron a coordinar esfuerzos para optimizar los tiempos de respuesta, intercambiar información de manera segura y conformar equipos técnicos que garanticen una ejecución eficiente.

Estimaron además que gracias a este documento, miles de familias podrán acceder con mayor rapidez y seguridad jurídica a sus viviendas, reduciendo significativamente los tiempos de espera en los procesos registrales y fortaleciendo la política habitacional del Gobierno.

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La firma del convenio estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns, y del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja Fernández. El mismo tiene una vigencia inicial de tres años, reforzando así la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

El MUVH estará encargado de canalizar los trámites institucionales y brindará soporte técnico e informático a la Dirección General de los Registros Públicos. Por su parte, la CSJ expedirá los certificados de dominio, anotaciones personales y los documentos necesarios en plazos reducidos, permitiendo avanzar con mayor agilidad en los procesos de adjudicación y escrituración de viviendas.

“Esta iniciativa refleja la firme voluntad del Gobierno de construir un país más justo, con instituciones sólidas y oportunidades reales de acceso a una vivienda adecuada para todos”, puntualizaron.

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