El Gobierno apunta a dar mayor impulso al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y para esto se prevé una fuerte inversión en su presupuesto de modo a impactar a través de los diversos programas de la institución. Según indicó el ministro Walter Gutiérrez, se hará una inyección a esta cartera que superan los USD 50 millones.

“El ministerio tiene actualmente un presupuesto alrededor de G. 140.000 millones (unos USD 18 millones), pero ahora a través de los programas de primera infancia va a duplicarlo y va a recibir una inversión por fuera de más de USD 50 millones con la construcción de los centros que vamos a realizar”, expuso Gutiérrez.

La cartera tiene un proyecto en marcha que consiste en la construcción de 100 centros de primera infancia, cuyo mantenimiento anual representará USD 17 millones que será incorporado en los próximos presupuestos. Esto sin tener en cuenta el costo propio de la infraestructura para lo cual se invertirá alrededor de G. 300.000 millones.

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“En estos centros se van a abordar las diferentes dimensiones y van a estar construidas en Asunción y en los 17 departamentos. La construcción de cada centro tiene un valor de G. 3.000 millones y G. 1.000 millones al año para que tenga sostenibilidad, son más de USD 50 millones que van a estar destinados para la construcción de estos 100 centros de primera infancia”, detalló a la 1020 AM.

Estos centros tendrán una dimensión de 1.000 metros cuadrados, respeta el sistema de estándares internacionales denominado Montessori, integrado con la naturaleza. Cada uno de estos centros contará con cuatro salas de cuidados y estimulación. “Para respetar la metodología se debe tener dispuesta la infraestructura de una forma determinada, va a ser increíble que tengamos este sistema en el país”, resaltó.

Gutiérrez señaló que el eje central de este programa destinado a la primera infancia es dar atención a los niños entre los 0 y 3 años. Es una iniciativa impulsada por el actual gobierno que tiene por objetivo brindar servicios de cuidado, estimulación, detección de situaciones de complejidad y referenciar a otros servicios del Estado.

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El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 apro­bado por la Cámara de Dipu­tados asciende a G. 132,9 billo­nes, lo que representa unos USD 17.560 millones. Según explicó la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, el objetivo fue dar una inyección a las áreas sensibles.

“Tiene cuatro ejes principa­les que son educación, salud, seguridad y toda la parte social. Lo que hay que des­tacar es toda la inyección al Ministerio de Salud para el tema de asegurar todas las partidas presupuestarias para mantener el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y también las cargas horarias que bene­ficiarán a 1.000 médicos a par­tir de julio del año que viene”, detalló.

En contacto con Universo 970 AM-GEN/Nación Media, la legisladora detalló que tam­bién se destinarán recursos para el pago de bonificacio­nes por insalubridad para los hospitales de Acosta Ñu, de Trauma y el Incan, institu­ciones en las que desde hace tiempo se hace el reclamo por parte de los profesionales.

“Lo que se refiere a seguridad contemplamos la incorpo­ración de nuevos policías, la compra de las tobilleras elec­trónicas. También el tema de educación, todo lo que es la merienda escolar, los salarios docentes para ir ajustando el escalafón docente”, señaló la parlamentaria de la bancada de Honor Colorado.

Asimismo, indicó que la deuda del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS) que data de la pandemia no fue una cuestión abordada para el próximo plan de gastos. No obstante, indicó que se han iniciado conversaciones con el presidente de la previsio­nal, el doctor Jorge Brítez, lo que podría ser el princi­pio para saldar este compro­miso pendiente. “Creo que es el comienzo de diálogos entre todas las bancadas para que de esta manera se puedan ir generando las posibilidades de que conozcamos mucho más la realidad del IPS”, sos­tuvo Villalba.

El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

La Cámara de Diputados sancionó ayer martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régi­men nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.

Este proyecto hace parte del pacto entre los tres pode­res del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ade­más del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los pode­res del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.

La propuesta crea el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción y dispone que los bie­nes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Con­greso Nacional; el Gabi­nete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

“La lucha contra la corrup­ción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores. Eso es algo que se entendió con claridad y con base en eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortale­cer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al argumentar la iniciativa ante el pleno.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 aprobado por la Cámara de Diputados asciende a G. 132,9 billones, lo que representa unos USD 17.560 millones. Según explicó la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, el objetivo fue dar una inyección a las áreas sensibles.

“Tiene cuatro ejes principales que son educación, salud, seguridad y toda la parte social. Lo que hay que destacar es toda la inyección al Ministerio de Salud para el tema de asegurar todas las partidas presupuestarias para mantener el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y también las cargas horarias que beneficiarán a 1.000 médicos a partir de julio del año que viene”, detalló.

En contacto con Universo 970 AM-GEN/Nación Media, la legisladora detalló que también se destinarán recursos para el pago de bonificaciones por insalubridad para los hospitales de Acosta Ñu, de Trauma y el Incan, instituciones en las que desde hace tiempo se hace el reclamo por parte de los profesionales.

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“Lo que se refiere a seguridad contemplamos la incorporación de nuevos policías, la compra de las tobilleras electrónicas. También el tema de educación, todo lo que es la merienda escolar, los salarios docentes para ir ajustando el escalafón docente”, señaló la parlamentaria de la bancada de Honor Colorado.

Asimismo, indicó que la deuda del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS) que data de la pandemia, no fue una cuestión abordada para el próximo plan de gastos. No obstante, indicó que se han iniciado conversaciones con el presidente de la previsional, el doctor Jorge Brítez, lo que podría ser el principio para saldar este compromiso pendiente.

“Creo que es el comienzo de diálogos entre todas las bancadas para que de esta manera, se puedan ir generando las posibilidades de conozcamos mucho más la realidad del IPS. Creo y confío en que estas conversaciones van a ser frecuentes porque es una situación que se debe abordar”, sostuvo Villalba.

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El diputado Billy Vaesken explicó en el programa 12/8, por GEN/Nación Media, el proyecto de ley que pretende crear un fondo especial para el tratamiento contra el cáncer, mediante un aporte obligatorio de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y de seguros médicos privados.

“La idea es hacer posible que enfermedades catastróficas, como el cáncer, tengan una solución inmediata. Las estadísticas nos dicen que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Paraguay; de cada 10 personas que fallecen por cáncer, cuatro pudieron haberse salvado”, señaló el parlamentario.

Vaesken explicó así que el proyecto de ley busca que los aportes a ser recogidos de los asegurados y de seguros médicos vayan al programa de atención integral para pacientes con cáncer y se pueda financiar la compra de medicamentos oncológicos.

“Esto no va a aumentar el aporte al IPS o al seguro médico privado, estamos hablando de G. 40 mil o G. 70 mil por asegurado. La idea es también terminar con los amparos judiciales; tanto el sector privado, como el Ministerio de Salud y el IPS tienen amparos multimillonarios, que les cuestan más caro”, expresó.

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El diputado remarcó que el sistema de aportes a ser instalado con el proyecto de ley, introducirá una situación amistosa entre el sector público y el privado, brindando además mayor solución a la falta de medicamentos que sufre diariamente la ciudadanía.

“Esto irá al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el que lo administrará será el Ministerio de Salud, y los beneficiarios serán todos”, señaló, en referencia a aquellos que no cuentan con un seguro médico y aquellos que poseen incluso un seguro privado muy alto, atendiendo que no existe una cobertura total para enfermos de cáncer.

“Esto hará también que se termine con la actitud mendigante dentro de salud pública. Aproximadamente se recaudaría un promedio de USD 80 millones por año, para compra de medicamentos”, remarcó el parlamentario, quien agregó que la iniciativa ha sido debatida con médicos especialistas y asociaciones de pacientes con cáncer.

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