La diputada Rocío Abed aseguró que un objetivo claro es lograr mejor equipamiento para los hospitales regionales de Alto Paraná, Villa Hayes y Encarnación. Foto: Archivo.
Rocío Abed: “Vamos a trabajar por la descentralización de los servicios oncológicos”
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La diputada por la Asociación Nacional Republicana (ANR) Rocío Abed señaló que uno de los temas centrales de la agenda legislativa en el presente año debe ser la efectiva descentralización de los servicios oncológicos en nuestro país. “Nosotros seguiremos luchando por la descentralización de los diferentes tratamientos”, expresó la parlamentaria.
Es importante señalar que en los últimos días hubo varias movilizaciones de pacientes y familiares de personas con cáncer debido al recorte presupuestario que sufrió el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que finalmente fue reasignado por el Ministerio de Salud.
Al respecto, la legisladora aseguró que un objetivo claro es lograr mejor equipamiento para los hospitales regionales de Alto Paraná, Villa Hayes y Encarnación, además de mencionar que mantuvo una reunión con más de 10 organizaciones y asociaciones de pacientes oncológicos, y otras personas con patologías crónicas y graves.
Abed comentó que en el encuentro se abordó puntualmente la necesidad de asegurar la reasignación presupuestaria al Incan por parte del Ejecutivo para la correspondiente provisión de medicamentos e insumos, sin olvidar que existen otros centros asistenciales en los que también se requieren de importantes inversiones, sostuvo la diputada.
Sobre el proyecto presentado recientemente con miras a la restitución de fondos presupuestarios para el Instituto Nacional del Cáncer, dijo que el mismo seguirá latente. “Nuestro proyecto seguirá su curso si no se cumple con el compromiso asumido. Es urgente la gestión y deben ser puestos a disposición del enfermo tomógrafos, mamógrafos, reactivos, porque de esto depende la vida de ellos”, expresó.
Asimismo, la parlamentaria ratificó su compromiso de acompañar la realidad de los pacientes a fin de evitar que se repitan estas situaciones de crisis en la salud pública.
Realizan auditorías en el Incan para mejorar servicios a pacientes
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Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) informaron que siguen las auditorías en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), tras detectar una serie de aspectos a ser mejorados en la atención a los pacientes oncológicos.
Directivos de la asociación confirmaron que se trata de un proceso integral y sostenido que busca fortalecer la atención oncológica pública en el país. La primera auditoría se realizó en la farmacia.
“Estas acciones buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la gestión de los medicamentos y servicios. Uno de los desafíos fundamentales detectados es la ausencia de un Registro Nacional de pacientes que ha dificultado durante años una planificación adecuada”, detallaron en un comunicado.
Actualmente, el registro se encuentra en etapa final de implementación, lo que permitirá una mejor toma de decisiones basada en datos reales y actualizados. “La cantidad de pacientes oncológicos aumenta día a día, y cada tratamiento varía según el estadio de diagnóstico y evolución individual del paciente”, indicaron.
PROCESOS CLAROS
Manifestaron que cada usuario requiere diferentes fármacos y muchos van utilizando combinaciones distintas. “No es competencia del Incan la compra de los medicamentos mediante amparos judiciales, ya que estas adquisiciones son gestionadas a través del nivel central (MSPBS). Son necesarios procesos claramente definidos, para evitar superposiciones o malentendidos administrativos”, detallaron.
Agradecieron el esfuerzo de la doctora Jabbi Noguera y su equipo, quienes desde el inicio de este proceso están impulsando las correcciones necesarias para que muchas de las situaciones detectadas puedan resolverse.
“Instamos a las autoridades competentes a realizar un análisis riguroso y técnico sobre los casos de compras de medicamentos con fecha de vencimiento próxima”, concluyeron.
Diputados consideran inconstitucional propuesta de cadena perpetua solapada
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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.
Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, consideran que la propuesta presentada por su colega Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua solapada al plantear elevar las condenas a 90 años.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.
Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.
“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.
La diputada Rocío Abed se opuso al planteamiento que busca establecer penas de 90 años. Foto: Gentileza
Derecho a la reinserción social
Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.
“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.
Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.
Reducir la prisión preventiva
A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.
“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.
El diputado Derlis Rodríguez considera que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen la Constitución. Foto: Archivo.
Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.
Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.
Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.
Realizan auditoría en el Incan para mejorar servicios destinados a pacientes oncológicos
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Esta semana, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) informaron que siguen las auditorías en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), tras detectar una serie de aspectos a ser mejorados en la atención a los pacientes oncológicos.
Desde la asociación confirmaron que se trata de un proceso integral y sostenido que busca fortalecer la atención oncológica pública en el país. La primera auditoría se realizó en la farmacia.
“Estas acciones buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la gestión de los medicamentos y servicios. Uno de los desafíos fundamentales detectados es la ausencia de un Registro Nacional de pacientes que ha dificultado durante años una planificación adecuada”, detallaron en un comunicado.
Actualmente, el registro se encuentra en etapa final de implementación, lo que permitirá una mejor toma de decisiones basada en datos reales y actualizados. “La cantidad de pacientes oncológicos aumenta día a día, y cada tratamiento varía según el estadio de diagnóstico y evolución individual del paciente”, indicaron.
Manifestaron que cada usuario requieren diferentes fármacos y muchos van utilizando combinaciones distintas. “No es competencia del Incan la compra de los medicamentos mediante amparos judiciales, ya que estas adquisiciones son gestionadas a través del nivel central (MSPBS). Son necesario procesos claramente definidos, para evitar superposiciones o malentendidos administrativos”, detallaron.
Agradecieron el esfuerzo de la doctora Jabbi Noguera y su equipo, quienes desde el inicio de este proceso están impulsando las correcciones necesarias para que muchas de las situaciones detectadas puedan resolverse.
“Instamos a las autoridades competentes a realizar un análisis riguroso y técnico sobre los casos de compras de medicamentos con fecha de vencimiento próxima”, concluyeron.
Viceministro de Salud aclara observaciones de la Contraloría sobre compras irregulares
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El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.
Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.
“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.
Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.
El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.
Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.