El titular del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, sostuvo que el gran desafío para el año 2023 dentro del sistema de justicia será que los ministros de la Corte y los jueces construyan su independencia centrando sus decisiones exclusivamente a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes. Agregó que los principales conflictos siguen siendo la corrupción y la injerencia política.
“Siguen existiendo los problemas de corrupción, los líos internos. Se tuvo varias situaciones en el año 2022, algunas de cal otras de arena, un año bastante motivo, por ejemplo el caso del ministro Antonio Fretes que se sigue excavando, pero por primera vez tenemos una posición en el interior de la Corte Suprema de Justicia, donde los propios pares le solicitaron su renuncia. Esto lo que hace es suponer que se está dando un recambio dentro de ese poder, se van formando nuevos liderazgos y la vieja guardia se va retirando”, indicó.
Mediante una entrevista con la radio 780 AM, Riera comentó que será difícil impulsar la erradicación de la clase política en las acciones y decisiones del Poder Judicial. Agregó que la única garantía que posee la ciudadanía sobre el desempeño de los ministros y jueces se centra en la ética profesional y moral de cada magistrado.
“El último bastión de las garantías está en las personas, nosotros tenemos que dar por descontada la injerencia política en el sentido que habrá siempre, los liderazgos políticos se encargan de hacer eso, influir en todos los sectores, en todos los niveles e instituciones del Estado. La garantía pasará cuando el Poder Judicial se defina así mismo como contramayoritario, no tiene que ser popular, pero todo acá depende en definitiva del carácter, el coraje y la templanza de esas personas”, comentó.
No obstante, el abogado expresó que tanto los ministros de la Corte Suprema de Justicia como los jueces deben cimentar su autonomía cumpliendo también con lo establecido en la Constitución Nacional y las normativas.
“Los ministros y jueces no ocupan sus cargos porque vengan de una elección como sucede con el presidente y los parlamentarios, ellos no se deben al pueblo, se deben a la ley. Sí pueden construir su independencia funcionando única y exclusivamente según lo establecido en la Constitución y las leyes, con el control público y transparente de sus funciones vamos a tener un muro de contención, incluso democrático a sus actuaciones”, mencionó.
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Jueces desnudan falencias de la Fiscalía y absuelven a Boidanich
Los magistrados evidenciaron la inconsistente acusación fiscal con argumentos sólidos que dieron la razón a la defensa del extitular de la Seprelad.
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Durante la lectura de la sentencia, el presidente del Tribunal, Darío Báez, explicó que la Fiscalía no logró demostrar los elementos necesarios para sostener la acusación. “No se probó el resultado típico ni el nexo causal”, afirmó el magistrado.
SIN SUSTENTO
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces pusieron en evidencia que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación contrarios al gobierno de Horacio Cartes para perjudicar al Boidanich, al frente de la Seprelad durante esa gestión.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
El Ministerio Público, a cargo del agente Francisco Cabrera, había solicitado la semana pasada una condena de dos años y seis meses de prisión para Boidanich.
“Siempre se respetó la institucionalidad”
Tras conocerse el fallo, el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich aseguró que se pone fin a ocho años de un proceso que no tuvo que ser llevado ante la justicia porque siempre hubo transparencia. “Siempre se respetó la institucionalidad de Serprelad, institución que tuve el honor de dirigir durante varios años”, indicó.
Por otra parte, recalcó que aquí hubo un intento de instalar un relato falso. “Lógicamente, en un momento dado empezó lo que yo llamo un tiroteo mediático. Se empezó a mediatizar el caso a través de un sector de la prensa hacia mi persona, tratando de involucrar también al expresidente de la República (Cartes) e, incluso, al actual presidente. En varias fotografías aparecí en medio, se intentó instalar una vinculación y llevando el caso del ámbito judicial al campo político”, destacó. “Actué siempre de manera técnica y transparente. Entonces, hubo una mala intención de un sector de la prensa de tratar de involucrar al expresidente”, dijo.
La acusación “era muy abstracta”
Claudio Lovera, abogado de Óscar Boidanich, se mostró conforme con la absolución de su cliente y aseguró que la acusación del Ministerio Público era abstracta. “El tribunal, además, señaló que la hipótesis acusatoria era muy abstracta” dijo, para agregar luego que esa abstracción “quedó en evidencia porque no resistió la prueba producida durante el juicio”, añadió.
Luego explicó que también hay que rescatar que, entre todas las actuaciones y documentos analizados, quedó demostrado que Óscar Boidanich “no dio ninguna instrucción para realizar un manejo irregular de la labor de inteligencia financiera. Ese también es un aspecto que debe destacarse en el marco de esta absolución”, recalcó el abogado. “Se reconoció que a partir del informe remitido por la Seprelad (a cargo de Boidanich) fue posible concretar el comiso de los bienes, algo que también quedó acreditado durante el juicio”, dijo.
La acusación del Ministerio Público naufragó en juicio
La hipótesis acusatoria no logró demostrar que existiera una maniobra para favorecer a Darío Messer, dejando sin respaldo la construcción fiscal.
La absolución unánime de Óscar Boidanich, extitular de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes en el caso Messer, dejó sin sustento la acusación del Ministerio Público, cuya tesis de una supuesta demora deliberada del informe CHASA de la citada institución no se acreditó durante el juicio oral. Tras la producción de las pruebas y la declaración de 11 testigos, el Tribunal concluyó que no existió conducta punible por parte del extitular de la Seprelad.
La sentencia determinó que Boidanich nunca intervino en las tareas de análisis de inteligencia financiera ni impartió instrucciones para retrasar el trabajo técnico. Incluso, el analista responsable declaró que jamás recibió órdenes para influir o demorar la elaboración del informe. La evidencia también confirmó que el documento siguió el procedimiento interno previsto, incluyendo la revisión jurídica, que recomendó diligencias adicionales antes de su remisión al Ministerio Público.
Otro aspecto que derrumbó la acusación sin sustento del Ministerio Público fue que, durante parte del proceso, Boidanich se encontraba con reposo médico por una grave afección de salud y la institución quedó a cargo de un encargado de despacho. Al reincorporarse, el primer día hábil firmó el envío del informe de inteligencia a la Fiscalía.
El juicio también estableció que el documento llegó oportunamente al Ministerio Público y fue utilizado para impulsar las primeras diligencias del caso Messer y posteriormente el comiso autónomo. Asimismo, se comprobó que las medidas cautelares fueron dictadas en tiempo y forma y que todos los bienes fueron alcanzados por la acción fiscal.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.
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“Fretes está haciendo una lucha frontal contra la corrupción en IPS”, dice Basilio Núñez
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, manifestó un fuerte respaldo al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes, al asegurar que se encuentra impulsando una lucha frontal contra la corrupción en la previsional. El senador no descarta que bajo el liderazgo del médico cirujano se concrete la anhelada modificación de la carta orgánica de la institución.
“El doctor Fretes goza de la confianza de mucha gente, no solo del Partido Colorado. Su permanencia en el IPS puede ir terminando en la modificación de la carta orgánica que mucho ya se ha hablado y debemos darle el tiempo necesario. Está haciendo una lucha frontal contra la corrupción y creo que lo logrará, tiene una mayoría en el Congreso Nacional, mucho apoyo para hacer los cambios", indicó el legislador, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Núñez surgen ante los ataques realizados por algunos referentes de la oposición contra la gestión de Fretes, quien el pasado mes de abril asumió el cargo en medio de una profunda crisis institucional marcada por una deficitaria situación financiera que limitó severamente la provisión de insumos y medicamentos.
“Él esta en el cargo hace 2 meses aproximadamente y hacer cambios de la noche a la mañana es imposible en una estructura anquilosada por décadas. Entonces dejemos que trabaje. ¿Qué es lo que queremos? ¿Presionarle y que renuncie? ¿Queremos hastiar a este señor, llenándole de pedidos de informes? Eso no es lo que nosotros queremos”, comentó.
La carta orgánica del IPS cuenta con 82 años de antigüedad y quienes promueven su reforma refieren que se vuelve urgente con la finalidad de contar con una institución moderna, eficiente, acorde a las necesidades y exigencias actuales de los asegurados.
“Esta propuesta podría plantearse desde el Poder Ejecutivo, ya hubo incluso análisis de periodos anteriores que nunca fueron cristalizados. Esto es algo que debe ser consensuado por los diferentes sectores, el gobierno, los asegurados y el parlamento. Todo lo que resta del año puede ser el momento ideal para trabajar sobre este tema", comentó Núñez.
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Núñez sepulta discurso de copamiento, reflotando el historial de la corrupción opositora en la CGR
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copamiento por parte del oficialismo colorado que pretende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y subcontralor general de la República. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.
“Ante las declaraciones del senador Eduardo Nakayama, que llama a la oposición a hacer el vacío si el cartismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republicana, vale recordar la historia reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.
Para sostener su postura, Núñez detalló cronológicamente los casos de los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una máquina de lavar dinero”, indicó.
El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Partido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cárcel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”..
A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontralor José Enrique García Ávalos, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ivesur. Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado”, refirió.
“Prioricemos el interés nacional”
Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciudadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.
“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transparente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.
Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Paraguay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retardatarios de la oposición”.