El experiodista de Abc Color, Vladimir Jara, fue contundente al expresar su opinión sobre el significado del fallo del juez Wilfrido Peralta respecto a la querella impulsada por la exviceministra de Tributación, Marta González Ayala, y afirmó que la sentencia es una victoria de la libertad de prensa responsable. “Es un paso gigante a la independencia del Poder Judicial respecto al poder fáctico hasta hoy insuperable e infranqueable que era la prensa, sobre todo los medios más influyentes y sobre todo Abc Color”, afirmó.
El magistrado, indicó que la serie de publicaciones realizadas por el citado medio periodístico, hubo malicia, por lo que la directora Natalia Zuccolillo fue condenada y debe abonar una compensación de G. 487 millones, lo que también incluye la multa por haber difamado a la exfuncionaria de Tributación.
“Es una derrota al grupo empresarial periodístico más poderoso del Paraguay en todos los tiempos, es una especie de quiebre dentro de lo que estamos acostumbrados respecto a la prensa y acerca de la influencia que ejerce sobre jueces, fiscales, magistrados”, expresó Jara durante su programa Punto Rojo, emitido por la emisora 1330 AM, Chaco Boreal.
Ataque impulsado
Jara, quien fue periodista de Abc por varios años, indicó que las publicaciones del citado medio en contra de González, responden a un “ataque” impulsado por las hermanas Zuccolillo. “Se ordena que la investiguen, quieren guerra, quieren que la destruyan, es un clásico en Abc pero desde hace 30 años”, afirmó y agregó que por esto el fallo del juez Peralta es tan importante, dado que a pesar de las presiones mediáticas del medio, se impuso y dictó una condena que también alcanza al periodista Juan Carlos Lezcano.
“Aquí se consolida la libertad de prensa responsable, ya no les sale gratis el andar difamando por ahí, ya hubo condenas a muchos periodistas quienes en solitario cometieron errores, pero el paso gigante es porque es una condena a una directora de un medio poderosísimo”, expresó y negó categóricamente que este fallo implique un atropello a la libertad de prensa.
“El hecho de que Abc publique algo no significa una verdad suprema y todo se puede debatir en juicio en igualdad de condiciones”, afirmó el periodista e indicó que desde este momento el medio iniciará un “tiroteo” en contra del juez Peralta. “Van a tratarlo de elemento de dictadura, pero los magistrados tienen que estar por encima de todo eso. Hoy es un buen día para la libertad responsable de la prensa”, reiteró y agregó que esto acerca al Poder Judicial de liberarse completamente de los “chantajes” promovidos por la prensa.
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Abc antes alababa a la CBI, ahora la trata de “garrote”
El diario Abc Color se ha dedicado de forma insistente en las últimas semanas a atacar a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y a los parlamentarios que la conforman, alegando que la misma será utilizada como “garrote” contra el periodismo. Sin embargo, el mismo multimedio alababa a las comisiones de esta índole hasta hace no mucho tiempo. Casualmente, los organismos parlamentarios anteriores “olvidaron” los casos que duermen en Fiscalía y que afectan a empresas del grupo Zuccolillo, propietario de Abc.
- Unidad de Investigación Nación Media
“Cambia, todo cambia”. Ese podría ser el resumen ideal para el cambio de posturas con los que habitualmente se maneja el multimedio Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, grupo empresarial que es dueño también de varias otras firmas como banco Atlas, salpicado por casos de lavado de dinero en reiteradas oportunidades.
Abc Color defendió a capa y espada entre 2022 y 2023 los trabajos realizados por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), presidida por el entonces senador y excandidato opositor a la Vicepresidencia de la República, el luguista Jorge Querey.
No hace falta más que una revisión rápida de la web del multimedio para toparse con numerosos artículos, videos y entrevistas de audios en los que resaltaban las “revelaciones” de la CBI y los constantes pedidos de que la Fiscalía actúe en base a esos informes. Claramente, los documentos apuntaban a varios de los enemigos políticos del grupo Zuccolillo, entre ellos el expresidente Horacio Cartes.
Sin embargo, desde que el actual Congreso instaló una nueva CBI para volver a investigar los casos de lavado de dinero, un flagelo que afecta directamente a la calidad de vida de los paraguayos, el grupo Zuccolillo decidió que la otrora herramienta constitucional ahora era una “comisión garrote”.
Este cambio se evidenció en los materiales publicados en las últimas semanas y en las extensas notas atacando no solo a la CBI de lavado de dinero, sino a sus componentes y armando el discurso de la supuesta “persecución” a la “prensa libre” que dice representar de forma casi exclusiva el diario de la calle Yegros.
¿A QUÉ LE TIENE MIEDO ABC?
La realidad es que el temor de Abc no se basa en la persecución al periodismo o las voces disidentes, sino en los negocios de los propietarios de su grupo empresarial. En particular, del banco del grupo, Atlas, que tiene varios casos que duermen en la Fiscalía.
Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, considerado como el mayor narcotraficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus operaciones, aparece un millonario préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.
El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realizaría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasileño (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
CASI CONSIGUIERON REMATE
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, destacando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro, procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
EL MAYOR LAVADOR
En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la entonces ministra de la Senabico Teresa Rojas, había confirmado que Cabeza Branca superaba el nivel de inversión del también brasileño Darío Messer.
CONVOCAN A PERIODISTA DE NM QUE INVESTIGÓ SOBRE ONG
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, a su próxima reunión marcada para este lunes 23 de setiembre, a las 15:30, que tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores. De acuerdo a la nota firmada por el titular de esta mesa de trabajo, el senador Dionisio Amarilla, señala que el motivo es compartir sus experiencias, opiniones y datos que guarden relación con la administración de los fondos por parte de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que pudieran incidir en la gobernanza del Paraguay.
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. La Unidad de Investigación a cargo de Rossana Escobar destapó varios casos que involucran a organizaciones no gubernamentales (ONG) y su manejo discrecional en cuanto al dinero administrado, el origen y el detalle de los destinos de recursos que provinieron tanto del Estado como de organismos internacionales. También fueron convocados a esta reunión el periodista Enrique Vargas Peña, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos.
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Fallo del TSJ chavista es inconstitucional, señalan excancilleres de Latinoamérica
Un grupo de excancilleres de Latinoamérica dio a conocer un comunicado hoy lunes sobre la situación en Venezuela con relación a las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al partido oficialista liderado por Nicolás Maduro.
A través de una declaración conjunta, los excancilleres de la región abogaron por una transición diplomática en el país caribeño y calificaron el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratificó el triunfo de Maduro como “inconstitucional”.
Entre los doce firmantes de México, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador y Paraguay, hay dos exministros de Relaciones Exteriores de Chile: José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz.
En el comunicado sostienen su acuerdo con la misión de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela “en cuanto a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país carece de imparcialidad e independencia, y junto al Consejo Nacional Electoral”.
Por eso hecho -agregan- el pronunciamiento del TSJ que avala los resultados electorales del partido gobernante no tiene validez.
En esa línea, los exdiplomáticos apoyaron “los esfuerzos diplomáticos de facilitación para una transición democrática” y argumentaron que para ello, “el régimen venezolano debe respetar la soberanía popular expresada en las urnas, y publicar las actas de votación”.
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El excanciller de Paraguay Eladio Loizaga expresó a la 1020 AM que un tema que genera preocupación a la comunidad internacional es lo que sucede actualmente en Venezuela, en cuanto a la represión desatada contra la población civil.
Es de recordar que a la fecha, ya ascendió a 27 la cifra muertos por las protestas contra el fraude electoral, lo que genera una inquietud en la región y en otras partes del mundo.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que “tarde o temprano”, el presidente Maduro tendrá que responder por sus crímenes contra el pueblo venezolano, manifestó el excanciller paraguayo. Agregó que hasta ahora el CNE no ha dado muestras de voluntad de transparentar las actas, “nadie conoce el resultado que constan en las actas”, dijo Loizaga.
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Ahora es “garrote” lo que antes consideraban como investigación
Las manipulaciones periodísticas de la cadena mediática liderada por Abc Color, léase su directora Natalia Zuccolillo, son tan burdas y grotescas, que no solamente subestiman la memoria y la inteligencia (capacidad de discernimiento) de nuestro pueblo, sino que su grado de perversidad y de cinismo ya supera el límite del asombro, para despeñarse en el fango de la mentira más ruin y la inmoralidad más obscena. La ausencia de pudor y la abundancia de la malicia han convertido a sus medios integrantes, a sus propietarios y a algunos de sus trabajadores de prensa en una cloaca pestilente que ambiciona contaminar con su agua servida a toda la sociedad. Distorsionan los hechos, de acuerdo con sus intereses, con saña y alevosía, pretendiendo rematar a sus adversarios con un disparo certero y premeditado que afanosamente quiere ser mortal. Pero hace años que están tiroteando con pólvora mojada. Mojada porque la sociedad empezó a detectar y desnudar sus verdaderos objetivos y, sobre todo, la sistemática consumación de esa triple deslealtad en el ejercicio de la profesión: para con el público, la verdad y la ética. Nunca tuvieron “fe en la patria”, sino en los oscuros negocios con el poder de turno, cuando las autoridades cedían a sus chantajes o acordaban la equitativa distribución de las ganancias, como ocurrió durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. A cambio, naturalmente, de ocultar los manejos corruptos del Estado y agrandar los más insignificantes emprendimientos. En medio, el bocado apetecido: destruir a sus enemigos en común montando un espectáculo mamotrético, con personajes deformes y enfermos de infamias, patrañas (noticias inventadas) y las más despreciables falacias.
Mienten cuando se declaran “defensores de la libertad, de la democracia y de la justicia” porque durante la primera década de su publicación (específicamente Abc Color y su fundador Aldo Zuccolillo) hicieron lo que mejor saben: congraciarse con quienes administraban el poder. Y no fue impedimento que el usurpador del Palacio de López sea el sanguinario déspota Alfredo Stroessner. Todos los días el sátrapa aparecía en la tapa del diario, haciendo loas a su “gestión” y censurando los hechos de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo las torturas y asesinatos de los líderes de la oposición, algunos de la propia Asociación Nacional Republicana.
Aplaudieron sin objeción alguna la reforma constitucional (sin presencia de opositores) de 1977 habilitando la reelección indefinida del dictador. Condenaron la “injerencia” de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Argentina, por una fuerte crítica de la administración de Jimmy Carter al llamado proceso militar en el vecino país, que, finalmente, tuvo un lamentable saldo de 30.000 desaparecidos. Nunca se supo la razón real de la ruptura de aquella sociedad entre Stroessner y Zuccolillo; algunos argumentan que este último se había enterado (a través de su entonces cuñado Conrado Pappalardo) que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le bajó el pulgar al dictador y otros alegan que el director del diario aspiraba a ser presidente de la República. El repudiable cierre de este medio no le exime de su responsabilidad con los crímenes del pasado que no se animaron o no quisieron publicarlo.
Cuando el 14 de junio de 2022, en el Congreso de la Nación se instaló la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, presidida por Jorge Querey, el diario de marras aplaudió con fervor “patriótico” la iniciativa. El motivo era muy sencillo: sus miembros iban a “analizar” lo que según Abc Color se trataba de un “fulminante informe” en contra del expresidente Horacio Cartes, recortado, pegado y armado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Y para aclarar más aún, siempre es necesario ubicar los hechos en su debido contexto en vista de una mejor comprensión: las elecciones internas del Partido Colorado estaban pautadas para el 18 de diciembre de ese mismo año. Cartes disputaba con Abdo Benítez la titularidad de la Junta de Gobierno de la ANR y Santiago Peña apuntaba a la Presidencia de la República en contra de Hugo Velázquez, primero, y Arnoldo Wiens, después. La intención era apearlos de la carrera. Pero la montaña de intrigas no tuvo el efecto esperado: triunfan los candidatos del movimiento Honor Colorado. Y el 30 de abril de 2023 Peña gana el derecho a sentarse en el sillón de López.
Mañana lunes, 26 de agosto, se instalará un organismo bicameral similar al de 2022: Comisión Conjunta de Investigaciones de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos. Desde el inicio, el diario en cuestión viene insistiendo que se trata de una “comisión garrote contra grupos críticos al Gobierno, como ser las organizaciones no gubernamentales, ABC y el Grupo Zuccolillo” (sic). En una hipocresía que raya la demencia ahora cambian radicalmente de posición respecto a este organismo cuya creación está facultada por la propia Constitución Nacional. No sabemos cuáles son los argumentos para llegar a tal conclusión, al menos si sus empresas tienen los papeles en regla. ¿O alegarán persecución si, eventualmente, se detectan irregularidades? Este medio nunca estuvo al servicio de la verdad, sino de los intereses de sus dueños. Por suerte hoy ya nadie compra un burro pensando que es un caballo.
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Venezuela: la Corte convalida reelección de Maduro pese a denuncias de fraude
Sin sorpresas, la Corte Suprema de Venezuela convalidó este jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, que consideró “nula” la decisión de este tribunal cuya independencia cuestiona.
Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “certificar” el resultado de las elecciones del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52 % de los votos. La oposición asegura haber ganado estos comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031″.
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La magistrada citó un informe técnico que concluyó que “los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación” y “mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”. El fallo es inapelable.
Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67 % de los votos y publicó en una web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es “forjado”.
A los pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: “Nula, la soberanía reside instransferiblemente en el pueblo”, dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Ya la propia Machado y González Urrutia habían adelantado el miércoles, en una carta avalada por la coalición opositora Plataforma Unitaria, que considerarían “ineficaz y nula” una eventual sentencia que “pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”.
“Falta de independencia e imparcialidad”
Juristas coinciden en que este procedimiento era improcedente, al sostener que la Corte Suprema asume atribuciones que corresponden al CNE. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para lo que sería un tercer mandato.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela cuestionó la independencia de las instituciones venezolanas.
La misión alertó sobre “la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Machado agradeció “esta firme e inequívoca posición”. “No existe maniobra que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro”, agregó la dirigente. Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado en su contra, tras las protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
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El mandatario pidió cárcel para ambos y la fiscalía ya abrió una investigación penal. Maduro cuenta con la “lealtad absoluta” del alto mando de la Fuerza Armada, que ha descartado llamados de la oposición para apoyarlos.
El Parlamento, también controlado por el chavismo, impulsa una serie de leyes que incluye una legislación contra el fascismo -término que el gobernante chavismo suele usar para descalificar a sus adversarios- y una para regular las redes sociales. La plataforma X está bloqueada en Venezuela desde el pasado 8 de agosto. Ya fue votada una ley de fiscalización de oenegés, criticada por activistas de derechos humanos.
Fuente: AFP