El senador Hugo Querey cuestionó el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que autoriza al consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) a un endeudamiento para pagar su cuenta a las proveedoras de medicamentos e insumos. El legislador del Frente Guasu alertó que el esquema planteado es un “modelo bola de nieve”, por lo que consideró peligroso apelar a esta estrategia como una salida a la crisis.

“Yo creo que hay que solucionar y pagar la deuda, pero creo que ese esquema que está planteado es un problema. Se puede hacer una revisión de la deuda, pero la deuda está y hay que pagarla. Y ahora, ese esquema en el cual está planteado en realidad es un modelo de bola de nieve. Esto va a seguir incrementándose y no hay ninguna posibilidad de aumentar los ingresos”, señaló el senador Querey a La Nación.

El congresista y candidato a vicepresidente de la República comentó que fue él quien solicitó a la mesa directiva de la Cámara Alta que el tema sea debatido primero en Comisión de Hacienda. Esto teniendo en cuenta que el proyecto ya figuraba en el orden del día para ser tratado en la sesión ordinaria de mañana jueves.

“A pedido mío, el lunes en mesa directiva se sacó del orden del día. Estaba en el orden del día, se puso a consideración y yo solicité que se retire y que tenga la discusión y el dictamen correspondiente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y que se busquen alternativas. Nosotros en principio nos oponemos a esta ley así como está”, afirmó.

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Querey criticó que apenas fue remitido por Diputados al Senado, la intención de algunos legisladores era dar un tratamiento acelerado al controvertido proyecto de ley. Aseguró que “muchísimas bancadas ni siquiera vieron todavía el proyecto”.

El parlamentario realizó una serie de propuestas que podrían contribuir para buscar una solución al grave problema que afecta a los asegurados del ente previsional. “Yo creo que en primer lugar hay que ver alguna disponibilidad, tiene que haber, porque no se pudo haber comprado o comprometido eso sin que se haya autorizado ese presupuesto. Lo segundo que hay que ver es de qué manera se pueden optimizar algunos gastos que el IPS pueda estar teniendo”, puntualizó.

En tercer lugar, el senador Querey habló de la deuda del Ejecutivo con el IPS y cuyos fondos podrían ser utilizados para ayudar a las finanzas del instituto. “El Gobierno central recurrió al IPS, le disminuyó sus ingresos, le agregó sobrecostos al IPS, le obligó a asumir en el marco de la pandemia una serie de cosas. Entonces el Gobierno central tiene que asumir su cuota de responsabilidad en esa deuda”, sostuvo.

“Y por último, es el tema de que hay una deuda histórica que también hay que terminar de honrarla. Y entonces, esos son los márgenes que creo que sobre los cuales hay que trabajar para ver cómo se puede honrar esa deuda con los proveedores”, añadió.

Pese a la crisis que afronta el ente previsional por las deudas con las farmacéuticas, el consejo de administración llamativamente se encuentra tramitando nuevas licitaciones por valor de 220 millones de dólares. Sobre el punto, el doctor Querey indicó que se debe realizar una revisión presupuestaria para verificar el estado real de las finanzas del instituto y las inversiones en obras.

“Hay que hacer la revisión presupuestaria del instituto. Hay que revisar y ver cuáles son las obras que son imprescindibles para el buen funcionamiento del instituto y cuáles son las cuestiones que de repente pudieran eventualmente esperar. Y usar los recursos, de ahí tiene que salir de hecho una parte del financiamiento del pago de esta deuda”, finalizó.

El proyecto aprobado por Diputados faculta al IPS a “solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF), o a otras entidades del sistema financiero nacional y/o entidades financieras internacionales, la apertura de líneas de crédito de mediano y largo plazo, que serán destinadas al cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago”.

La normativa establece que el límite máximo del total anual de las cuotas emergentes de las operaciones autorizadas no podrá exceder el 5% del presupuesto anual asignado para el ejercicio en el cual se realice la operación financiera, conforme al texto legislativo que ahora debe ser analizado por los senadores.

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