Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputa­dos y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tra­tamiento legislativo.

Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2.° y 7.° de la Ley n.° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (de los requisitos, de las designacio­nes y de los plazos”.

En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designa­ción de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.

Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universi­tario de abogado.

El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.

“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.

En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.

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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.

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Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.

Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.

La Cámara de Senadores, encabezada por Basilio Núñez, tomó juramento este miércoles al doctor César Ruffinelli Buongermini como representante de las universidades privadas ante el Consejo de la Magistratura (CM), para el periodo 2024-2027. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica fue reelecto el viernes pasado

Ruffinelli Buongermini fue elegido mediante una lista única. Para las elecciones fueron habilitadas un total de 17 sedes a nivel nacional y fueron habilitados para el proceso de sufragio más de 900 docentes empadronados de las facultades de derecho de las universidades privadas. Su primer mandato culminará el próximo mes de setiembre, tras reemplazar en el cargo al abogado y docente Cristian Kriskovich.

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Asistieron al acto de juramento, el presidente del consejo, Gerardo Bobadilla, el vicepresidente Gustavo Miranda Villamayor y los demás integrantes del órgano extrapoder, Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo; Enrique Berni Brítez, representante del gremio de abogados, y el senador Edgar López, representante de la Cámara Alta.

El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional y autónomo, que tiene la función exclusiva y excluyente de seleccionar y proponer ternas para los cargos para el sistema de justicia e impartir formación jurídica especializada en la Escuela Judicial.

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Tras la media sanción de la Cámara de Senadores algunos diputados de diferentes bancadas ya sentaron su posicionamiento en torno al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Argumentan que no se descarta la posibilidad de “pulir” la iniciativa original.

“Para mí el punto de debate es que sí el Gobierno tiene que meter la nariz o no en el capital privado. Yo creo que no, pero me parece un punto muy válido poner sobre la mesa a todas las oenegés que reciben la plata del Estado, porque finalmente es la del contribuyente y hay que controlar”, dijo a la 1020 AM el legislador de la oposición Rubén Rubin.

En una entrevista con los medios de comunicación acotó: “Es una ley necesaria, pero el proyecto así como está, no me gusta. Si el documento es modificado acompañaría, creo que se debe realizar unos cuantos cambios”.

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Por su parte, el diputado Édgar Olmedo, dijo que “cuando se trata de transferencia que realiza el Estado paraguayo a las oenegés, particularmente creo que las mismas tienen que rendir, pero se debe analizar con relación a los recursos o aportes que ingresan mediante organismos multilaterales, del exterior, que no forman parte del Presupuesto General de la Nación”.

Acotó además que “la transparencia siempre es importante en toda gestión. Hay que ver la forma de pulir este proyecto de ley que hoy tiene media sanción para hacer algunas correcciones, mejoras en la Cámara de Diputados”, mencionó el legislador colorado.

El documento aprobado por los senadores también plantea la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Igualmente, se establecen normas de transparencia, rendición de cuentas y supervisión de estas organizaciones y también a terceros. Dispone un capítulo que fija sanciones por la transgresión a la ley, tanto por personas físicas, como jurídicas y otros entes u organismos, así como se prevé el procedimiento a seguir.

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