Para el diputado del movimiento Honor Colorado Raúl Latorre, no caben dudas de que a estas alturas es más que evidente que el Poder Ejecutivo privilegió al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Esto luego de que a raíz de una investigación de Nación Media se tuvo conocimiento sobre una serie de audios que permitieron constatar que altos funcionarios del sistema de Justicia del gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utilizaron dinero público para realizar el trámite de alquiler de la carroza fúnebre de Osvaldo Villalba, uno de los cabecillas del grupo armado EPP.
“Siempre me he posicionado a favor de los derechos humanos, pero cuando los derechos humanos de estos criminales, asesinos y secuestradores están por encima de los derechos humanos de los paraguayos de bien, quiere decir que algo está muy mal”, sostuvo el legislador en una entrevista concedida a La Nación.
Latorre destacó el trabajo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y recordó que esta fuerza de seguridad surgió en el gobierno del expresidente de la República Horacio Cartes. “Hay que destacar el golpe importante que dieron (los agentes) de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Ministerio Público, el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, y recordar que el movimiento Honor Colorado siempre respaldó las tareas de la Fuerza de Tarea Conjunta y este grupo fue creado durante el gobierno de Horacio Cartes”, resaltó.
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El diputado colorado dijo que al estar en debate algo que inmiscuye nada más y nada menos que a un criminal y jefe de la agrupación EPP, resulta imposible creer que las decisiones se hayan tomado dentro del organismo ministerial y adjudicó esa responsabilidad al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
“Hay que entender que un hecho de esta significancia resulta muy difícil creer que haya tenido como tomador final de decisión a un ministro que recién asumía el cargo. Este tipo de situaciones, normalmente, se consulta con la máxima autoridad y lamentablemente presenciamos un hecho que privilegia a criminales, asesinos, torturadores, secuestradores y se constituye en una grave afrenta contra las víctimas y familiares de estos secuestros”, puntualizó.
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