El Senado aprobó un pedido de informe a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) sobre las negociaciones con una firma extranjera para arrendar el espectro de Vox por US$ 10 millones por un periodo de 20 años. Esta nueva situación de entreguismo del Gobierno con empresas estatales se dio a conocer mediante publicaciones de La Nación/Nación Media.
“La pregunta del Congreso debe ser respondida con la verdad porque es una disposición constitucional, con base en esas informaciones se evaluará si es incompleto o no y se le puede citar e interpelar”, expresó el senador Hugo Richer sobre el mencionado proyecto de resolución aprobado en la sesión ordinaria del 20 de octubre.
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El legislador manifestó que el proyecto de pedido de informe será tratado en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Baja, prevista para el jueves 28 de octubre. “Necesitamos saber, ahí hay preguntas muy concretas porque, por disposición constitucional, Copaco tiene que responder formalmente y obligatoriamente lo que ahí se plantea, ellos tienen un plazo para hacer esa respuesta”, explicó Richer en conversación con la 650 AM.
Señaló que, pese a que el presidente de Copaco, Sante Vallese, haya salido a brindar declaraciones a la prensa, con la intención de justificar la negociación, no puede abstenerse a responder el pedido planteado por el Senado una vez que esto sea aprobado. “Él tiene que responder con la verdad, qué es lo que hay ahí, hay o no una cesión, qué figura es la que se pretende utilizar, hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos, realmente afecta el espectro electromagnético o no”, cuestionó el senador.
Agregó que surgieron varias interrogantes sobre el negociado entre Copaco y la firma norteamericana Rivada Networks Inc. “Hay versiones de que es una cesión por debajo de los precios del mercado, que hay amigos, que hay tráfico de influencias”, detalló el senador. Expertos señalaron que todo lo que pretende ser arrendado por la compañía telefónica tiene un valor de unos US$ 400 millones, por lo que este negocio resultaría en un perjuicio para el Estado.
“La posible participación de hijo de funcionarios, entre otros, ese es un problema ético y eso posiblemente no escapa a las responsabilidades ulteriores, ya huele mal si hay hijo de funcionarios o parientes cercanos cuando se realiza un proyecto de esta naturaleza, por eso presentamos ese pedido de informe y estaremos pendientes a la respuesta”, indicó Richer y puntualizó que se debe analizar con cuidado este negocio, dado que coincide con un periodo electoral.