La fiscal adjunta Lourdes Samaniego, esposa del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, presentó un segundo pedido de permiso sin goce de sueldo. El primer permiso concedido corrió desde el 1 de junio y va hasta el 29 de agosto próximo, y lo había solicitado para acompañar la campaña política de su marido, quien en ese entonces era precandidato a la Presidencia por el movimiento Fuerza Republicana.
En esta ocasión, la fiscal adjunta, encargada del área II del Ministerio Público, solicita el permiso por motivos particulares, sin goce de sueldo, desde el 30 de agosto hasta el 20 de octubre próximo, según el documento.
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Recordemos que Velázquez estaba en plena campaña electoral cuando su esposa solicitó el primer permiso, pero semanas atrás terminó renunciando a la precandidatura tras ser declarado “significativamente corrupto” por la Embajada de los Estados Unidos. La declaración se dio por un supuesto caso de soborno de US$ 1 millón a un funcionario público. Esta misma designación involucró a los familiares cercanos, como ser la esposa y sus hijos, quienes no podrán acceder a una visa para ingresar a suelo norteamericano.
Inicialmente, el vicepresidente Velázquez había anunciado a través de sus redes sociales que su esposa renunció a la Fiscalía, pero esto fue desmentido posteriormente por la funcionaria, quien es una de las más antiguas del Ministerio Público.
La fiscal Samaniego indicó que solicitó tres meses de permiso y que el reglamento interno le habilita a pedir incluso hasta seis meses por cada año. También había anunciado que volvería a extender su permiso por otros tres meses. Samaniego forma parte del Ministerio Público desde 1990.
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Imputan al principal sospechoso del crimen de niña de 11 años
El fiscal Carlos Germán Ramírez imputó a Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento. Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal.
Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.
SE HARÁ LA AUTOPSIA
El fiscal Carlos Ramírez, en principio, no pidió que se realice la autopsia de la menor, pero la presión familiar y de la comunidad hizo que el agente revea su postura.
El procedimiento se realizará hoy en la morgue judicial de Sajonia, en Asunción. “Una ambulancia del Ministerio Público está en camino para trasladar el cuerpo”, confirmó el agente fiscal El fiscal Ramírez, quien también intervino en el caso anterior en el que la misma niña fue víctima y que derivó en la condena del hoy principal sospechoso, no había objetado en su momento que este recupere la libertad ambulatoria y vuelva a residir cerca de la víctima.
PIDEN REVISAR PROCESO JUDICIAL
El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, plantea la revisión del proceso judicial al cual fue sometido Marcelo Giménez. “La información que manejamos es que este sujeto (Giménez) estuvo privado de libertad por una tentativa de abuso hacia la misma niña.
Vamos a evaluar cómo se desenvolvió ese proceso por parte de las autoridades jurisdiccionales y cuáles fueron los criterios para determinar el juzgamiento de esa persona”, señaló a la 1020 AM.
“Es un caso que lastimosamente involucró ya a esta persona, a este criminal, a este asesino. Justamente por una tentativa, según lo que nos dijeron”, indicó.
Con respecto al proceso judicial se buscará verificar cuáles fueron los criterios considerados en el juzgamiento del acusado.
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“Lo de ser declarado o no significativamente corrupto lo verá EE. UU.”, sostiene Maidana sobre Abdo
El senador Derlis Maidana se refirió este martes sobre las denuncias mediáticas que salpican al expresidente, Mario Abdo Benítez, quien tendría una fortuna no declarada de USD 21 millones en Seychelles. El legislador emitió su opinión respecto a si el exmandatario debería ser incluido en la lista de significativamente corruptos de Estados Unidos.
“Lo de ser declarado o no significativamente corrupto lo verán los Estados Unidos”, expresó Maidana,en contacto con La Nación/Nación Media, sin embargo, subrayó que más allá de lo que determine Washington, lo urgente y prioritario es que las instituciones paraguayas actúen con prontitud, responsabilidad y transparencia para esclarecer los hechos.
“Nosotros tenemos que centrarnos en que las instituciones paraguayas funcionen bien y rápido”, insistió el senador del Partido Colorado, al mencionar a organismos como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio Público como actores clave en la investigación sobre el caso.
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Para Maidana, permitir que los órganos de control trabajen con independencia y eficiencia es esencial para preservar el Estado de Derecho y dar señales claras, tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional. “Confío en las instituciones paraguayas y confío en que van a investigar este caso con celeridad y transparencia. Eso va a respaldar a nuestro Estado de Derecho y va a demostrar al mundo que Paraguay es un país creíble”, afirmó.
Cabe mencionar que el Ministerio Público ya anunció la apertura de una investigación preliminar sobre el caso Abdo, dada la contundencia de las informaciones difundidas por el portal argentino PeriodismoyPunto, el cual dio a conocer sobre una fortuna no declarada por el expresidente, que supera ampliamente los USD 3 millones que consta en la declaración de bienes que realizó al dejar su cargo en el 2023.
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La declaración
La figura de “significativamente corrupto” es una designación oficial utilizada por el Gobierno de los Estados Unidos, principalmente a través del Departamento de Estado, en el marco de la ley de Asignaciones Consolidadas. Esta medida permite al Ejecutivo estadounidense prohibir el ingreso a su territorio de funcionarios extranjeros, y sus familiares cercanos, que hayan participado directa o indirectamente en actos de corrupción de gran escala o violaciones graves de derechos humanos.
Aunque no equivale a una sentencia judicial, esta declaración tiene un fuerte peso político y diplomático. Generalmente, se basa en información de inteligencia, investigaciones propias o reportes de terceros. Ser incluido en esa lista suele implicar un serio daño reputacional ya que sugiere la existencia de hechos de corrupción.
Los medios internacionales que se hicieron eco de la fortuna de Mario Abdo hicieron mención al estrecho vínculo que existía entre el entonces mandatario y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield. Apuntan como hechos llamativos la forma en que el diplomático defendía los negocios de Abdo y hablaron también sobre las suspicaces declaraciones como “significativamente corrupto” que se otorgaron a los adversarios políticos del expresidente.
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Abdo offshore: “Le va a hacer muy bien a la República que se investigue”, dice Santagada
El abogado y especialista en transparencia, Ezequiel Santagada, se pronunció respecto a los supuestos USD 21 millones ocultos del expresidente Mario Abdo en un paraíso fiscal. Celebró el comienzo de una investigación por parte del Ministerio Público y así también, defendió la credibilidad del periodista que hizo público este caso.
“Acá no importan banderías políticas, no importan colores, no luchas internas, es una denuncia muy seria y le va a hacer muy bien a la República que se investigue con toda la seriedad del caso”, afirmó Santagada en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
La información sobre los USD 21 millones de Abdo, y de su esposa Silvana López Moreira, fue difundido por el portal argentino PeriodismoyPunto, en un trabajo de investigación realizado por el periodista Luis Gasulla, quien dentro de su trayectoria tiene trabajos de gran envergadura como “La ruta del dinero K”, hacia los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, así como también, el escándalo de las criptomonedas del actual mandatario Javier Milei.
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Investigaciones serias
“No es que es un periodista militante, estamos hablando de un periodista que hace investigaciones serias y su trayectoria lo avala en ese sentido. Podría darse el caso que le vendieron pescado podrido, pero es muy difícil que él lo haya comprado. Estamos hablando de alguien que sabe contrastar la información, que no se va a quedar solamente con una campana, si lo publicó es porque tiene serios indicios de que lo que tiene es verosímil”, sostuvo.
El abogado celebró la decisión de la Fiscalía de iniciar de manera preliminar con la investigación, dado que a quien se señala es a un expresidente de la República y urge que se tomen medidas ante una denuncia de estas características. “Este es un buen momento para que el Ministerio Público arme un buen equipo con la gente más preparada e imparcial que tenga, porque en esto va a jugar un buen papel la imparcialidad y ecuanimidad”, enfatizó.
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Fiscalía confirma que iniciará una investigación contra Abdo
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la institución a su cargo iniciará una investigación al expresidente Mario Abdo Benítez por los supuestos USD 21 millones no declarados que tiene en un paraíso fiscal, específicamente en Seychelles, África. Ante la relevancia de la información dada a conocer por medios argentinos, afirmó que necesitan recolectar elementos para determinar si existe la presunción de un hecho punible
“Tiene que haber una investigación preliminar a cotejar esas informaciones y todo lo que sale en primera plana, se recurre a la fuente, normalmente si el hecho punible amerita se conforma un equipo de trabajo y el resultado de esa investigación ameritará la toma de una decisión”, indicó en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Rolón aclaró que recién están en la etapa inicial y que aún hay mucho trabajo por delante ya que cuando se cuenta con informaciones de esta característica y que afectan a personas de gran trascendencia como lo es un expresidente de la República, se debe actuar de forma equilibrada y evaluar toda los datos de modo a evitar que el caso se contamine. “Nos toca, es difícil y arduo“, sostuvo.
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La etapa preliminar de la pesquisa hacia el exmandatario podría desencadenar en la conformación de un equipo, esto si se determina que el caso es muy complejo, explicó el fiscal general. “La Fiscalía debe hacer lo que le corresponde, comenzar a realizar los trámites ordinarios de la investigación para que esos elementos iniciales de esa información se conviertan en evidencia“, detalló.
La información difundida por el medio de comunicación argentino PeriodismoyPunto habla de que el expresidente tendría USD 21 millones en Seychelles. El dinero no ingresó de un solo depósito, sino que se hizo de manera fraccionada y tendría como origen otras empresas. “Es el mecanismo que se hace en todo el mundo para lavar dinero“, advirtieron periodistas argentinos.
Desde la Fiscalía no se intentó sacar relevancia a la investigación periodística y aseguró que se trabajará de modo a determinar la veracidad. “Son realidades que el Ministerio Público debe cotejar, la formulación de garantías de nuestra Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento procesal exige ese tipo de información para que los requerimientos del fiscal tengan sustento y que el juez penal pueda otorgar la requisitoria que se plantea”, expuso.