El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán dijo que lo manifestado por la senadora Desirée Masi parece ser una información errada o una desinformación del tema. Esto surge luego de que la parlamentaria hablara sobre el supuesto pedido de un juez de Estados Unidos de entregar información de la causa de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés que fue extraditado de nuestro país a los EEUU.
“Lo que dijo la senadora no sé si es una información errada o una desinformación por parte de ella, pero esa orden judicial de la que habló fue una orden librada por el distrito de los Estados Unidos para Nueva York en donde a las autoridades locales americanas dan un plazo, que está basado en la ley de protección del debido proceso de los Estados Unidos, en donde tienen que revelar la prueba para la defensa, eso es algo lógico, natural, existe en todos lados”, manifestó Doldán en la radio 780 AM.
“Eso que supuestamente a Paraguay un juez norteamericano le tuvo que intimar o pedir información complementaria con respecto a pruebas puedo decir que es una información totalmente desacertada, no tiene nada que ver, ningún juez americano libró ninguna orden a ningún miembro de la Justicia paraguaya. Esto es algo interno de los Estados Unidos”, sentenció el agente fiscal.
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Doldán explicó que en este caso se trata de una ley del debido proceso de los Estados Unidos. La misma se aplica en todos los casos que tienen un periodo de sigilo con respecto a la evidencia o prueba en contra de una persona y eso tiene una orden de revelación en un determinado momento.
“Lo que la Corte del distrito de Nueva York le dice al fiscal es que se dispone de ‘tanto tiempo’ para revelar la evidencia que el Estado norteamericano tenga en contra de Hijazi para que él pueda ejercer su defensa material, eso es algo lógico, es poner a conocimiento del procesado las pruebas que se tienen en su contra; en Estados Unidos, no en Paraguay”, explicó.
El pasado mes de julio, Kassem Mohamad Hijazi fue extraditado a los Estados Unidos luego de un requerimiento de la Corte de Nueva York con base en supuestos hechos vinculados al lavado de dinero. El responsable de ese procedimiento fue el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.
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