Una investigación de “La caja negra” reveló que la empresa Bizcom SA, propiedad del músico colombiano Flavio Enrique “Kike” Santander y concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó un jugoso contrato de US$ 3 millones con el Gobierno Nacional a través de Copaco y Vox. El contrato fue homologado a días del inicio de la cuarentena sanitaria del COVID-19 y fue financiado con los fondos de emergencia. El exministro Arnaldo Giuzzio, quien encabezaba la Comisión de Control de Gastos de Pandemia, fue uno de uno de los que avalaron dicho acuerdo.
A través de Vox (Hola Paraguay SA), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) firmó un contrato con la empresa Bizcom SA para el suministro de soluciones tecnológicas de la marca Simplifi, tales como servicios en la nube, call center, plataforma, entre otros. La firma del acuerdo se realizó el 26 de marzo del 2020, a inicios de la cuarentena sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Este contrato se llevó adelante tras el acuerdo entre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y el Ministerio de Salud. El objetivo era la provisión del servicio de contact center con el fin de rastrear a personas o contactos que hayan estado expuestos al COVID-19.
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Para hacer efectiva esa prestación, Copaco subcontrató los servicios de Bizcom mediante su telefónica subsidiaria Vox y el contrato se llevó adelante sin licitación pública y con un acuerdo de confidencialidad. El presidente de Copaco, Sante Vallese, y el músico casado con Adriana López Moreira, hermana de la esposa de Abdo Benítez, firmaron el contrato, de esta forma, el “concuñado de oro” se benefició con un importante “pytyvõ” en pandemia, tal como lo calificó el diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez.
Hay que mencionar que el diputado Basilio “Bachi” Núñez señaló que pedirán nuevamente un informe a Copaco con relación a este contrato. Anteriormente, el legislador manifestó que ya pidió informes a la institución presidida por Sante Vallese, pero que este ignoró el pedido y no dio respuesta alguna. El parlamentario advirtió a Vallese que si se niega a transparentar lo ocurrido, se expondrá a acciones judiciales.
A través de documentos filtrados a los que accedió el equipo de “La caja negra”, se hizo público que Copaco acordó con Salud brindar soporte técnico de hardware y software de sus equipos para el servicio del call center, lo cual incluyó 100 posiciones con un costo de G. 7.315.200 cada uno, dando un total de G. 731.500.200 por mes, el contrato sigue operativo hasta la fecha. Al multiplicar el monto por los 28 meses, teniendo en cuenta que el contrato con Bizcom SA se firmó en marzo del 2020, da como resultado una cifra total de G. 20.482.005.600, que al cambio actual alcanza los US$ 3 millones.
Este dinero forma parte de la línea de crédito de US$ 1.600 millones al que accedió el Gobierno con el fin de hacer frente a la pandemia. Desde su ejecución, aparecieron denuncias de compras irregulares de insumos médicos y de bioseguridad. Tal fue el nulo control para el buen uso de esta plata que la propia Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 dio su aval al no presentar objeción alguna al acuerdo entre Salud y Copaco, y el de Vox y Bizcom.
Los documentos llevan la firma del ministro Anticorrupción René Fernández; de la Seprelad, Carlos Arregui, y del coordinador Arnaldo Giuzzio. Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo no pidieron mayores explicaciones sobre el acuerdo en cuestión, pese a que tenían como misión coadyuvar a la gestión eficiente de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la pandemia.
Este contrato se dio en un contexto social en que la gente no podía trabajar, se veía obligada a cerrar sus negocios, tenían familiares enfermos, se establecían puntillosos requisitos para recibir un subsidio del Gobierno, el que no llegó a todos ni tampoco fue suficiente, dado que se terminaron realizando ollas populares, polladas y otras actividades a beneficio para afrontar el hambre y los gastos de salud. Mientras tanto, parte de los fondos de emergencia se destinó a un contrato millonario para la familia del presidente de la República.