El presidente del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Gustavo Cazal, indicó que la exdiputada Cynthia Tarragó tiene como alternativa recurrir a las máximas autoridades de la agrupación para apelar la decisión de su expulsión tras ser condenada en Estados Unidos por su participación en una red de lavado de dinero.

“Los hechos son graves y nosotros tenemos la facultad de poder evaluar la conducta ética de la persona afectada. Existe un recurso previsto en el propio estatuto, las sanciones de exclusión o expulsión del Partido Colorado son recurribles ante la convención del partido como una instancia inmediata”, mencionó en comunicación con la radio 1020 AM.

La decisión fue informada mediante un comunicado emitido el pasado 25 de mayo, en que el tribunal de la ANR dictó la Resolución N° 03/2022 que establece la exclusión de Cynthia Tarragó del padrón partidario “por existir graves inconductas que atentan contra los estatutos y el código de ética de la asociación política”.

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“Finalmente esa decisión depende de la persona afectada, tendrá también otros recursos, el judicial, pero nosotros creemos es que si vamos por el estatuto partidario y la actitud que debería asumir es recurrir por la vía de la apelación para que los convencionales resuelvan esto”, señaló.

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El documento también describe otras causales; por ejemplo, menciona que las tradiciones del Partido Colorado establecen la calidad de los afiliados que sustentan los ideales republicanos y que, en atención al análisis de la solicitud de Tarragó, el tribunal expone que la exparlamentaria no presentó documentos que demuestren que las graves inconductas por las cuales fue excluida del padrón partidario hayan desaparecido.

El pasado 29 de abril la exdiputada retornó a Paraguay tras permanecer presa en Estados Unidos desde noviembre del 2019, al ser acusada de ser parte de un esquema internacional de blanqueo de capitales, cuya investigación estuvo a cargo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). En el proceso, Tarragó se declaró culpable y fue condenada a 33 meses de prisión, pena que cumplió en una cárcel de Nueva Jersey.

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