En un hecho inédito en Paraguay en el que la Justicia declara culpable al sospechoso de feminicidio sin que se haya encontrado el cuerpo de la víctima, el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora, integrado por Gloria Garay (presidente y voto en disidencia), Javier Sapena y Carolina Silveira (miembros), en mayoría, declaró culpable a Joel Guzmán Amarilla, del feminicidio de Dahiana Espinoza y otorgó 30 años de prisión. El cuerpo sigue sin aparecer. No corre la medida de seguridad y el condenado seguirá en prisión.

Los magistrados Sapena y Silveira votaron por la sentencia condenatoria, mientras que la jueza Gloria Garay votó por la absolución por el delito de violencia familiar y feminicidio.

El colegiado sostuvo que se ha probado que el acusado es el autor del feminicidio de Espinoza Colman por lo que corresponde la pena de 30 años de cárcel. Asimismo, los jueces en mayoría han mencionado que el cuerpo que se alzó en el estado de whassap del acusado es el de la víctima.

También se ha probado que el hecho fue planificado por el autor del suceso. Está situación hace que sea sumamente grave lo sucedido.

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El voto en minoría de la jueza Garay fue muy crítico a la labor del Ministerio Público atendiendo a que el órgano investigador no realizó un buen trabajo en el presente caso. La magistrada sostuvo que la investigación fue deficiente y no pudo lograr demostrar la responsabilidad del acusado.

La agente fiscal Daysi Sánchez solicitó al Tribunal de Sentencia la pena máxima de 30 años de prisión más 10 años de medida de seguridad contra Joel Guzmán Amarilla Jara, expareja y único acusado del feminicidio de Luz Dahiana Espinoza Colmán, quien desapareció en setiembre de 2020 en la ciudad de Guarambaré y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, situación que por primera vez se da en un juicio en territorio nacional.

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“En la justicia local no encontramos respuestas, avances ni voluntad de seguir con el proceso investigativo, así como nos han cerrado todas las puertas”, dijo la periodista Claudia Aguilera en cartas remitidas a altas autoridades de Colombia solicitando una reunión virtual con la finalidad de seguir reclamando justicia por la muerte de su esposo, el fiscal antimafia Marcelo Pecci.

Las misivas fueron enviadas a la titular de la Fiscalía colombiana, Luz Adriana Camargo; a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y al director de la Policía Nacional, William Salamanca. El planteamiento surgió tras informarse el 3 de enero de la muerte de Francisco Luis Correa Galeano, considerado como el cerebro en el plan para matar al agente fiscal paraguayo.

En uno de los escritos difundidos por medios colombianos, Aguilera cuestiona que no se haya prestado atención a las alertas que había sobre el posible riesgo de que atentarán contra la vida de Correa Galeano, quien terminó perdiendo la vida tras una riña con otro recluso en la cárcel La Picota, localizada en la cuidad de Bogotá.

“La noticia de su deceso nos ha afectado considerablemente, ya que se había advertido que ello podía suceder, considerando todo el aporte que el mismo realizó durante el proceso, y que contribuyó a la condena de los demás partícipes, resultando evidente que las medidas tomadas no fueron suficientes para proteger su vida, y a la fecha logran obstaculizar la investigación en curso, en relación con determinar quién o quiénes dieron la orden de ejecutar a mi esposo y padre de mi hijo”, sostiene.

Asimismo la comunicadora acotó: “Somos conscientes de que este tipo de crímenes requieren financiación y una logística importante, para asesinar a un agente fiscal paraguayo, en tierras colombianas, con todo lo ya demostrado en el proceso, pero ello no debe implicar ningún tipo de concesión ni claudicación ante la búsqueda de impunidad procurada por quienes despliegan todo su poderío, para evitar ser identificados y pagar por sus deleznables acciones”.

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Por otra parte, Aguilera ratifica su confianza en las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas, pero cuestiona la falta de gestión por parte del Ministerio Público paraguayo para dar con el autor intelectual de la muerte de su esposo, registrada en la isla Barú, Colombia, en mayo del 2022.

“Ante la falta de avances en la investigación, así como este último grave episodio del asesinato de quien era considerado testigo clave, solicitamos una reunión virtual con la señora fiscal general del Estado, ya que se ha comprometido a seguir avanzando en el proceso, y que hemos tomado su palabra, en cuanto a la voluntad de seguir buscando a los autores intelectuales”, mencionó.

La comunicadora señala además que “la solicitud de reunión virtual radica en la imposibilidad de trasladarnos hasta Colombia, dado el riesgo al cual nos vemos expuestos todos, tanto los abogados como miembros de la familia, teniendo en cuenta la información que habíamos recibido desde la penitenciaría local”.

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Francisco Luis Correa Galeano, conocido como el cerebro del plan para matar al agente fis­cal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, fue asesinado tras una supuesta riña mante­nida con otro recluso en la cárcel La Picota, en la cui­dad de Bogotá. De acuerdo a las informaciones prelimina­res, el crimen aconteció en la celda 25 y fue concretado con un arma blanca.

Según los directivos del cen­tro penitenciario, el homi­cidio se registró sobre la medianoche del jueves. Correa Galeano guardaba reclusión en la penitencia­ría de máxima seguridad tras recibir en mayo del año pasado una pena de 78 meses, es decir, 6 años y 6 meses por los delitos de portación ilegal de armas en concurso con amenaza a funcionarios, que debía ofi­cializarse en una audiencia judicial el próximo 19 de enero.

El criminal fue encontrado sin signos vitales por los encargados de la seguri­dad, médicos y enfermeros de turno. Su cuerpo estaba tendido en el piso de la celda con lago hemático (un charco de sangre) alrededor de su cuerpo y varias heri­das. El presunto agresor fue identificado como Samuel Zuleta Márquez, miembro de la estructura paramilitar conocida como Los Paisas, a la que alguna vez habría pertenecido también Correa Galeano, por lo cual se sos­pecha como hipótesis una venganza de este grupo cri­minal.

Para el abogado Pedro Ove­lar, representante del expre­sidente Horacio Cartes, el asesinato de Correa Galeano es una “quema de archivo”, ya que el mismo fue obligado a involucrar a su cliente, sin ninguna prueba en la causa.

“Esto es una quema de archivos y el mayor dañado es Horacio Cartes, ya que existió una manipulación de Correa Galeano para que mienta involucrando al expresidente en el hecho. La muerte de Correa viene a cerrar el camino para descu­brir quiénes fueron los que le hicieron mentir”, añadió Ovelar sobre lo ocurrido ayer en la cárcel de La Picota en Bogotá. Agregó que el expre­sidente Horacio Cartes no tenía que estar ni siquiera mencionado en el caso Pecci.

Ovelar señaló que durante el proceso que busca escla­recer la muerte del fiscal paraguayo, Correa Galeano aportó datos importantes sobre los autores materia­les, pero nunca tuvo con­tacto con los autores inte­lectuales.

“Es una situación que vic­timiza más a Marcelo y su familia. No debemos olvi­dar que el esfuerzo debe cen­trarse en llegar a los respon­sables del crimen de Marcelo y no en rencillas políticas y tergiversaciones”, expresó Ovelar a la emisora 970 AM.

Maricel Albertini, madre del fiscal Marcelo Pecci, ase­guró que tiene sentimientos encontrados, pero que su feli­cidad es mayor debido a que el criminal Francisco Correa murió de la manera en que su hijo también fue ultimado. “Es más fuerte mi felicidad que la pena que tengo. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado estoy feliz por­que murió de la misma forma que él le mató a mi hijo. Y, por otro lado, como cristiana, no puedo desear la suerte que corrió esta persona, pero mi felicidad es más fuerte que la pena que tengo”, sostuvo Maricel Albertini.

El abogado colombiano Fran­cisco Bernate, representante de la familia Pecci, afirmó que no tenían conocimiento de que el criminal Francisco Correa Galeano se encon­traba en la cárcel de La Picota, en Bogotá. “Esto no fue una riña o una pelea por cualquier cosa. Nosotros pensamos que él estaba protegido, nunca pensamos que estaba en la deriva en esa penitenciaría común y corriente”, aseveró. “Estamos muy preocupa­dos por esta situación muy lamentable que se ha presen­tado donde efectivamente el testigo estrella de este caso fue asesinado. Nosotros ni siquiera sabíamos que Correa Galeano estaba en una peni­tenciaría”, señaló.

Las circunstancias en que se dio la muerte de Francisco Correa Galeano, el cerebro del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, son más que llamativas. El hombre había sido llevado a La Picota luego de la condena recibida por portación ilegal de armas en mayo de 2023; antes guardaba reclusión en un búnker de la Fis­calía Colombiana en Bogotá, donde tenía todas las garantías de seguridad.

Un dato llamativo que rodea a la muerte tiene que ver con la celda donde fue hallado, que no pertenecería a Correa. La inves­tigación ya tiene a un presunto implicado que está siendo inves­tigado: Samuel Zuleta Márquez. La Fiscalía no descarta que se haya producido una riña entre internos en la celda 25 del sép­timo piso del patio 32, ubicado en la estructura 3 de la cárcel de máxima seguridad.

Una hipótesis que surge como móvil del hecho es que Correa Galeano y Zuleta Márquez mantenían una disputa a muerte que se venía dando desde hace varios meses y que finalmente se desembocó en la violenta reacción que acabó con el primero. Tampoco se descarta que el hecho tenga relación con la infor­mación que había venido revelando Correa Galeano por el cri­men del fiscal Marcelo Pecci. Zuleta Márquez pertenece a una facción vinculada a Los Paisas, una organización criminal con amplia red en el centro de Colombia.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mirian Núñez Fany Cáceres y Sirley Romero condenó a tres personas por intentar robar dos avionetas del aeropuerto privado de Filadelfia, Chaco. El fiscal del presente caso fue Lucrecio Cabrera quien logró demostrar la responsabilidad de los acusados en cada uno de los hechos investigados.

El colegiado sostuvo que se pudo probar los hechos punibles de robo agravado en grado de tentativa acabada y en grado de complicidad de Sergio David Bernal Medina ciudadano boliviano, Arturo Franco Benítez paraguayo y Thiago Randón Barcello brasilero. El primero fue condenado a 3 años de cárcel, el segundo a 5 años y 6 meses, y el último a 5 años.

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Las personas condenadas habían intentado apoderarse de dos aeronaves en el aeropuerto privado de la ciudad de Filadelfia, sitio que irrumpieron de forma violenta simulando un operativo policial. El hecho sucedió en fecha 2 de marzo de 2022, a las 03:30 horas, cuando cinco personas vestidas con ropas camufladas y pasamontañas, portando armas de fuego, irrumpieron violentamente en el aeropuerto de la ciudad de Filadelfia; simulando un allanamiento y haciéndose pasar por miembros de la Policía.

Ingresaron en el dormitorio donde se encontraba durmiendo Thomas Klassen Vogt, encargado del lugar y víctima del hecho. Los delincuentes restringieron la libertad del mismo, atándolo de manos y pies, lo interrogaron de forma agresiva sobre la ubicación de una presunta carga de cocaína. Posteriormente, forzaron y abrieron los hangares del aeropuerto, donde se encontraban estacionadas dos aeronaves. Una de ellas fue objeto de un intento de robo.

Los autores intentaron llevársela y cargar combustible, pero no lograron encenderla debido a un sistema cortacorriente. Durante la ejecución del hecho, una alarma de un vehículo cercano se activó, lo que provocó la huida de los autores. Durante el suceso sustrajeron una motocicleta la cual fue abandonada en una zona boscosa camino a Mariscal Estigarribia y dos armas de fuego (escopeta).

Los autores emplearon herramientas como pinzas, palancas tipo “pata de cabra” y cortaplumas para acceder a las aeronaves y demás bienes. Tras el hecho, en inspecciones criminalísticas se levantaron evidencias como pasamontañas, guantes y cartuchos.

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