El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó vía libre para que esquemas del crimen organizado se movieran con tranquilidad en territorio paraguayo, de acuerdo con varias investigaciones del Ministerio Público. Eliminación de puestos de control, amigos de los capos en puestos de confianza, aporte a campaña electoral son algunos de los elementos que permitieron esa tranquilidad y la instalación de redes narco en las que aparece salpicado el exmandatario y su entorno inmediato. Los casos suman y siguen.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

De Dalia López a Sebastián Marset, pasando por los dipu­tados Juan Carlos Ozorio, Lalo Gomes y Éver Noguera. El gobierno de Mario Abdo Bení­tez no solo estuvo plagado de narcovínculos, sino que tam­bién permitió que esquemas del crimen organizado se movie­ran a sus anchas y con exce­siva tranquilidad, sin mayores burocracias, privilegio no muy habitual para los comunes (ver infografía).

El 15 de agosto de 2018, en su primer día como presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez derogó un decreto emitido por el gobierno de Horacio Car­tes y volvió a restablecer pode­res al entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con lo que le permitió mover a sus anchas a agentes y directores de la institución.

En mayo de 2020, Giuzzio desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), que reali­zaba fiscalizaciones en puertos privados. Tras esa maniobra la “narcoexportación” se dis­paró y el Paraguay se convir­tió en noticia por toneladas de cocaína decomisadas en serie en todo el mundo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a señalar al supuesto narcotraficante uru­guayo Sebastián Marset como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en tierras colom­bianas. El señalado como líder de una organización crimi­nal trasnacional se instaló, se documentó en tiempo récord y montó su red de empresas con facilidad en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo.

Durante una reunión con su gabinete, Petro cuestionó las acciones de la Fiscalía colom­biana en la investigación del ase­sinato y apuntó directamente a Marset como el principal res­ponsable. “¿Por qué la muerte del fiscal paraguayo Pecci quedó en manos del fiscal Mario Bur­gos? ¿Por qué sacó al asesino del proceso, que es el narco­traficante Marset?”, expresó el mandatario. Petro también mencionó que Marset cuenta con el respaldo de otras figuras del crimen organizado, como el narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, quien actualmente reside en Dubái.

Recientemente, el medio El Colombiano reveló una agenda que supuestamente pertene­cía al exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, señalado como autor material del asesinato de Pecci. Correa Galeano fue ase­sinado en su celda el pasado 3 de enero, y en su agenda se encon­traba una referencia a Marset, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.

Marset, actualmente prófugo de la Justicia, ha construido una extensa red de operacio­nes criminales que incluye el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a través de negocios lega­les. Su primera llegada a Para­guay se registró el 8 de abril de 2018, justo antes de las eleccio­nes generales en las que Mario Abdo Benítez resultó electo pre­sidente. Permaneció en el país hasta el 27 de abril, periodo en el cual comenzó a estructurar su operativa para el tráfico de drogas hacia Europa.

Fue precisamente durante el período de mandato de Abdo que Marset estructuró su red criminal con tranquilidad, gozando de impunidad y con­siguiendo utilizar las institu­ciones públicas con una calma llamativa.

En agosto de 2020, la Dirección de Identificaciones de Para­guay expidió cédulas de iden­tidad paraguayas para Marset y varios miembros de su fami­lia, incluyendo a su pareja Gia­nina García Troche y su her­mano de padre, Diego Nicolás Marset. El propio Sebastián Marset obtuvo su documento paraguayo en febrero de 2021. Ese mismo mes contrajo nup­cias con una ciudadana para­guaya que nunca lo vio siquiera en persona, gracias a la utili­zación del sistema público de forma impune.

En abril de 2021 se detecta en Amberes, Bélgica, un millo­nario cargamento de cocaína escondido entre paquetes de cuero azul enviados desde Para­guay por la empresa Neumáti­cos Guairá. Esta se convertiría en una de las mayores incauta­ciones de droga de la historia. Audios revelados con posterio­ridad, demuestran que la carga era de la organización ligada al uruguayo.

Desde entonces, el narcotrafi­cante uruguayo expandió sus operaciones en Paraguay, esta­bleciendo alianzas con organi­zaciones criminales locales y fundando diversas empresas para el blanqueo de capitales. En mayo de 2021, su pareja constituyó el grupo San Jorge SA - Total Cars, con un capi­tal inicial de G. 1.000 millones, según registros de la Subsecre­taría de Estado de Tributación. Marset también incursionó en el mundo del espectáculo y el deporte, financiando eventos musicales y equipos de fútbol, mientras afianzaba su red de narcotráfico.

Entre sus principales aliados en Paraguay se encuentran Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube y Mauricio Schwartz­man, este último asesinado el 12 de setiembre de 2021. Su car­tel operó en el país desde 2018 hasta la ejecución de la opera­ción A Ultranza Py en 2022, un operativo llevado a cabo con la colaboración de la DEA, Euro­pol y el Ministerio del Interior de Uruguay.

En junio de 2021, Marset aban­donó Paraguay con el objetivo de expandir su red de contactos internacionales. En octubre de ese mismo año fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

Más de G. 175.526 millones (unos USD 23,4 millones) fue­ron movilizados solo por tres de los actores de una gigantesca red de lavado de dinero ligada a grandes capos del narcotrá­fico (2015- 2021). Los mayo­res movimientos de dinero se dieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, expre­sidente cuyo movimiento impulsó la campaña al Con­greso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Según el informe de inteligen­cia del operativo antinarco Pavo Real II, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 31 de mayo de 2021, Eulalio Gomes transfirió de una sola vez unos G. 2.898 millones a Antonio Joaquín da Motta, empresario de frontera señalado por el Bra­sil por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En 2020, en menos de un mes, los Gomes realizaron trans­ferencias por más de G. 1.800 millones a Diego Benítez, seña­lado como responsable de un esquema gigantesco de narco­tráfico y quien fuera detenido en Emiratos Árabes Unidos, donde espera ser extraditado a nuestro país.

Hablando del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado un millón de dólares de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amam­bay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el exti­tular de la Dinac, Édgar Melga­rejo, Gomes expresó su preo­cupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afecta­ría al Gobierno. Además, men­cionó que Arregui había solici­tado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su pro­pia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movi­miento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

En la investigación Belia sobre tráfico internacional de drogas, la Senad interceptó llamadas entre el diputado Éver Aparicio Noguera y Hugo Antonio Meza Huespe, miembro de la banda del narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo enviaba drogas a Europa en bolsas de carbón vegetal. También estuvo implicado Cristian Turrini, vin­culado a Servín Palacios. Ade­más, Noguera habría influido en la designación de una jueza que favoreció al grupo y obtuvo ilegalmente vacunas contra el covid-19 para su familia.

A Noguera y Gomes, se le suma el exdiputado Juan Carlos Ozo­rio, quien también llegó al Con­greso de la mano del abdismo.

Ozorio –de acuerdo con la Fis­calía– forma parte del esquema de tráfico de drogas encabezado por el uruguayo Marset.

Esta extensa lista se cierra –al menos por ahora– con el caso de Dalia López, la “empre­saria” que “paraguayizó” al famoso exfutbolista brasi­leño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto de Assis Moreira, gracias a la complici­dad o a la ineptitud de funcio­narios de su Departamento de Identificaciones y de la Direc­ción General de Migracio­nes (DGM), dependiente del Ministerio del Interior.

El caso puso a Paraguay en el foco del mundo en 2020. López comenzó a mostrar su rostro de “filántropa” en un evento oficial del gobierno de Abdo que contó con la presencia del mismísimo presidente de la República.

Fue el 20 de setiembre de 2019, durante una visita oficial del mandatario al distrito de San Juan del Ñeembucú. Un video publicado en redes sociales por la Fundación Miss Para­guay mostró que la empresaria acompañó a Abdo para entregar asistencia médica.

“En algún momento dado nuestros referentes políticos deberían entender que primero está el país y después los intereses personales”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Jorge Arturo Daniel abogando por la modificación de la composición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) mediante una reforma constitucional. “El sistema de selección es muy frágil”, puntualizó.

“Debemos abordar todas las debilidades que se dieron durante el transcurso del tiempo. Hay que tomar decisiones políticas que seguro tendrán altísimos costos, porque al abrir el capítulo de tocar la Constitución se entrará en una circunstancia política de afectación para muchos sectores políticos e instituciones del Estado”, sostuvo Daniel, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El urgimiento surge tras la filtración de supuestos chats que habrían sido extraídos del teléfono del diputado Eulalio Gomes, fallecido en agosto pasado durante un procedimiento policial; con el diputado Orlando Arévalo, quien se desempeñaba como vicepresidente primero del órgano extrapoder. Las presuntas conversaciones también se habrían dado con las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi López.

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“Antes el crimen organizado era un problema de fronteras, fue avanzando hasta la Capital, pero cuando esto ya sucedió había sido ya tomó a todo el país. Este flagelo permeó todos los ámbitos de nuestra sociedad. No se puede empezar una nueva Constitución Nacional diciendo en el preámbulo nosotros los paraguayos y el narcotráfico”, manifestó el referente del gremio de abogados.

De acuerdo a su criterio, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública deben integrar la estructura del JEM, así como el Consejo de la Magistratura (CM), cuestionando a la vez la presencia de actores políticos dentro de su conformación. “Con esto ya se debe empezar la primera modificación de la Constitución, cómo estás instituciones no están, cómo, por ejemplo, la Fiscalía no participa en la selección o la reconfirmación de un agente fiscal si finalmente son los bueyes con que va a arar la institución”, manifestó Daniel a NM.

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En los últimos años, Para­guay ha sido testigo de una transformación en la relación entre el crimen organizado y la política, un fenómeno que ha pasado de ser conside­rado narcopolítica a adquirir características de una estruc­tura mafiosa. Investigaciones científicas recientes revelan cómo esta dinámica fue evo­lucionando.

El artículo científico fue publicado en la Revista Latinoamericana de Estu­dios de Seguridad, por el Dr. Juan Martens y el Mgs. Marcello Lachi, ambos categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) del Consejo Nacio­nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Estudios etnográficos y entrevistas realizadas en los últimos años documentaron cómo el crimen organizado logró establecer una presen­cia profunda en Paraguay, especialmente en regiones fronterizas con Brasil, como Amambay y Canindeyú.

Según el artículo, uno de los casos más emblemáticos fue el operativo A Ultranza Py en 2022, que destapó una gran estructura criminal, demos­trando el nivel de penetra­ción del crimen organizado. A pesar de las detenciones y decomisos realizados, las organizaciones crimina­les continúan operando con nuevas estrategias, adaptán­dose a los cambios y fortale­ciendo su influencia en dife­rentes sectores.

La llamada Declaración de Clorinda, firmada el pasado viernes entre Luis Petri y Óscar González, ministros de Defensa de Argentina y Paraguay respectivamente, y cuya esencia es la coordinación y conjunción de militares para luchar contra el crimen organizado y transnacional, en parte podría utilizar el exitoso modelo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), según lo expresado por Luis Petri, titular de la cartera de Defensa de Argentina.

Durante una conversación con los medios de prensa que acompañaron el evento desarrollado en la estancia La Clorinda, en las afueras de ciudad fronteriza con nuestro país, Petri dijo que estuvo mirando los resultados que las fuerzas armadas paraguayas lograron en la zona norte del Paraguay.

“Nosotros estuvimos mirando el exitoso trabajo en Concepción y San Pedro, donde las FF. AA. han permitido que a partir de la defensa, se genere producción y desarrollo. Creemos que este es el camino, el trabajo articulado, conjunto y cooperativo de las fuerzas armadas argentinas, la Gendarmería Nacional que está aquí con el plan “Güemes” y las fuerzas militares paraguayas. Ambas están para compartir inteligencia, que actúen en operaciones conjuntas y se adiestren”, señaló Petri.

Agregó además que la información generada por los radares y drones argentinos, pueden ser utilizadas por ambas fuerzas para poder realizar un trabajo coordinado.

El ministro argentino aseguró que en la zona norte del país ya tienen apostados cerca de 10.000 efectivos militares para cubrir parte de sus extensas fronteras. Al trabajo coordinado entre sus fuerzas militares, Gendarmería y Prefectura, ahora le suman el apoyo, el conocimiento y la experiencia de las fuerzas militares paraguayas.

“Con este acuerdo claramente se facilita el trabajo, porque es otra cosa estar en ambos lados de las fronteras y de esta manera poder compartir inteligencia para combatir a este flagelo (el crimen organizado transnacional).

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Con relación a qué tipos de grupos criminales pueden golpear a estos dos países, Petri señaló que se trata de grupos criminales organizados en todas sus formas. “Para luchar contra ellos no solo necesitamos cooperación en Estados, sino se requiere necesariamente de regiones organizadas y este es el paso trascendental que estamos dando y que nos va a permitir enfrentarlos. El terrorismo internacional, por ejemplo, es un gran desafío que no reconoce fronteras y que actúa en todos los países de la región”, explicó.

Para el ministro de Defensa argentino, la experiencia acumulada por las fuerzas paraguayas en las zonas fronterizas, es fundamental para ellos, y desean que se pueda compartir para complementar lo que ellos también conocen.

En otro momento explicó que una posibilidad es la creación de un centro de comando conjunto operacional y que pueda compartir información permanente en tiempo real para combatir amenazas en tiempo real.

El desafío fluvial no estuvo excento de ser discutido, sobre todo por la gran extensión de frontera compartida entre Argentina y Paraguay a través de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo.

“Al ser nuestras fronteras mayoritariamente fluvial, se requiere del concurso de otras fuerzas y eso está totalmente previsto. Los drones que van a operar en estas maniobras nos van a permitir monitorear y generar información en tiempo real que será compartida con el Paraguay para poder desplazar a nuestras fuerzas a los lugares donde se detecten posibles amenazas”, concluyó en ministro de Defensa del vecino país.

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