Desde el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) advierten que la actuación del Consejo de la Magistratura (CM) podría afectar el calendario electoral previsto para llevar adelante los comicios generales del 2023. Esto teniendo en cuenta que se tiene que cubrir dos vacancias en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pero el proceso de integración de ternas de candidaturas no puede avanzar por posturas dispares entre los consejeros con respecto a la postulación de un exsenador de la nación.
“Se está planteando vacancias en el TSJE en un año electoral que está a punto de generarse cuando la salida de María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini llegue a su culminación. Entonces viene una cadena de problemas que enfrenta otros plazos”, señaló Manuel Riera, presidente del CAP.
Recordó que según el calendario electoral en agosto vencen los plazos para determinar las concertaciones, luego sobrevienen las internas de los partidos políticos previstas para el 18 de diciembre de este año y finalmente los comicios generales fijados para abril del 2023. “Y mientras tanto el Consejo de la Magistratura no prosigue su proceso porque está sin definir el asunto del senador Juan Bartolomé Ramírez”, dijo a la 800 AM.
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Sobre el punto ratificó la postura del gremio de los abogados laboralistas liderado por Eduardo Pérez Abid que la postulación del exparlamentario no puede prosperar puesto que incumple un requisito de haber ejercido la profesión durante un mínimo de diez años, tal como lo exige la propia Constitución Nacional.
Suspendió audiencias
El Consejo de la Magistratura suspendió las audiencias públicas que debieron iniciarse el lunes 25 de abril en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a causa del impasse entre sus ocho miembros. Los 33 candidatos admitidos para pelear por el cargo de la magistratura electoral hasta el momento no pueden presentar sus propuestas debido a que no se cerró esta primera etapa de la selección de postulantes. A parte de definir el caso de Juan Bartolomé Ramírez existen otras cuatro carpetas de documentaciones que el pleno debe evaluar.