El juez de turno Humberto Otazú admitió la imputación y convocó para este Jueves Santo a las 9:00 de la mañana para la audiencia de imposición de medidas cautelares a los cinco líderes camioneros imputados por extorsión por pedir la suma de US$ 1 millón, para no realizar cortes de ruta durante la Semana Santa.
En la referida diligencia judicial que se desarrollará en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial de Sajonia, específicamente al lado de la oficina de guardia de la sede judicial, se definirá si los imputados serán derivados a una penitenciaría de nuestro país así como solicitó el Ministerio Público.
Los imputados deberán estar con sus abogados para la realización de la audiencia de imposición o en caso de no contar con un profesional del derecho tendrá que ser asistido por un defensor público.
Te puede interesar: Gremios de transportistas se desmarcan de extorsión
Recordar que tras un procedimiento fiscal realizado por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta se logró la detención e imputación de cinco líderes camioneros por extorsión tras exigir una suma multimillonaria de dinero para evitar cortes de ruta en todo el país. El Ministerio Público, debido a la gravedad del caso, pidió la prisión preventiva de los imputados, quienes se abstuvieron de prestar declaración en sede fiscal. Durante el procedimiento se realizó una entrega de US$ 50 mil a los imputados.
Actualmente los mismos están recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional a la espera de la audiencia de imposición de medidas cautelares. La denuncia penal fue hecha por el ministro del Interior, Federico González.
Dejanos tu comentario
Desalojo en CDE: imputan a cuatro manifestantes por coacción grave y resistencia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alcides Giménez presentó imputación contra cuatro manifestantes, durante procedimiento de desalojo en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Los procesados emboscaron presuntamente a los policías para atacarlos con fuegos artificiales y otros elementos contundentes, negándose en todo momento a abandonar el predio.
Están identificados como Jorge Rodrigo Gamarra Insfrán (28), Víctor Efrén González Ramírez (31), Victoriano Benítez (45) y Cristhian Ariel Villalba Encina (36), quienes fueron detenidos e imputados por los hechos punibles de coacción grave, perturbación de la paz pública y resistencia.
Los hechos ocurrieron ayer lunes 1 de julio, a las 10:00 aproximadamente, durante el desalojo realizado en un inmueble individualizado con matrícula k04/3658, cuenta catastral 26-6347-023, ubicado en el barrio San Antonio de la mencionada ciudad.
El procedimiento se llevó a cabo mediante un mandamiento judicial firmado por la jueza Civil y Comercial, Maricel Meaurio. Durante la mañana, la dotación policial se replegó dejando sin efecto el desalojo, pero en horas de la tarde volvió con más dotación y ejecutó el desalojo con más episodios de violencia.
En el escrito fiscal se relató que, en el momento de ejecutarse el operativo, los citados desobedecieron la orden judicial y también emboscaron a los agentes policiales intervinientes con diversos objetos, fuegos artificiales, honditas con bolitas de cristal, cascotes, palos de madera e incluso hierros.
Puede interesarle: Incautaron 102 billetes de cien dólares falsos
Resultaron heridos el comisario principal Jorge Manuel Cardozo Cubas y los suboficiales Vicente González, Alexander Medina Fleitas, Manuel Torres y Pablino Ayala. Todos ellos sufrieron diversas lesiones que requirieron atención médica en el hospital de la Fundación Tesãi.
Igualmente, resultaron lesionados los trabajadores de prensa, Carlos Sánchez y Elvio Florentín, quienes sufrieron heridas y también daños a sus elementos de trabajo. Tras los ataques, los policías aprehendieron a los cuatro citados, siendo incautados del poder de ellos evidencias como honditas, bolitas de cristal y explosivos (cebollones), además de teléfonos celulares.
El fiscal Alcides Giménez, tras recopilar los diversos elementos incriminatorios, decidió imputar a los cuatro manifestantes y solicitó al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención preventiva que pesa contra los mismos. Un menor también fue aprehendido pero luego fue entregado a sus padres.
Puede interesarle: Detienen a asaltante de transporte público con ayuda de guardia y pasajeros
Dejanos tu comentario
Gobierno argentino arremete contra las organizaciones sociales
Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.
En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.
Lea más: España: Milei califica al socialismo de “satánico” y “cancerígeno”
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.
A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.
“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.
Potenciar Trabajo
El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.
Lea también: FMI prevé que la economía argentina empezará a crecer este año
Comedores populares
El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.
El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.
La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Argentina: realizaron 27 allanamientos en comedores populares
La justicia argentina realizó 27 allanamientos mayoritariamente en comedores populares por denuncias de extorsión contra sus responsables, en momentos en que crecen los reclamos al gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de puntos de asistencia.
La causa busca determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al gobierno, basadas en denuncias anónimas y escuchas telefónicas. “Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno. Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia.
Los allanamientos comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina, según explicó su titular, Eduardo Belliboni, quien propuso “echar” de la organización a quien se compruebe que haya cometido una extorsión.
Lea más: Olas de calor matan a 150.000 personas por año
La causa se abrió en momentos en que crece la conflictividad y los reclamos de más asistencia social, así como la reanudación de la entrega de alimentos a comedores populares a cargo de oenegés. Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno del ultraliberal Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ayuda social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron auditarse porque no están registrados o no funcionan como tal. “Los planes contra la pobreza generan más pobreza”, escribió el martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni citando a Milei.
Lea también: Tras destitución de Prates, caen acciones de Petrobras
Argentina atraviesa una fuerte crisis económica con desplome de la actividad industrial, miles de despidos en el Estado y en la actividad privada, derrumbe del consumo y una inflación interanual que roza el 300 %. La mitad de su población de 47 millones de personas afronta la pobreza.
Las marchas y manifestaciones son diarias de parte de sindicatos, universitarios, empresarios de pequeñas y medianas empresas, jubilados y otros sectores afectados por las políticas de ajuste de Milei. Un domicilio allanado en Escobar, al norte de Buenos Aires, es el de Carlos Fernández, dirigente del movimiento izquierdista Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quien denunció violencia en el procedimiento.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Stormy Daniels negó extorsión a Donald Trump
El interrogatorio a Stormy Daniels, en el centro de la causa que ha sentado a Donald Trump en el banquillo de la justicia, concluyó ayer jueves tras el intento de la defensa de presentarla como una mentirosa avariciosa que se aprovechó de sus acusaciones. La exactriz de cine porno negó haber amenazado al magnate con revelar una supuesta relación extramatrimonial de 2006, que Trump siempre ha negado, si no le pagaba.
“Quería que se supiera la verdad (...) que quedara registrada en un documento para que mi familia no saliera perjudicada”, dijo Daniels a la implacable abogada de Trump, Susan Necheles. De 77 años, Trump está acusado de falsificar 34 documentos contables para disfrazar el pago de 130.000 dólares a Daniels haciéndolos pasar como gastos legales de su entonces abogado Michael Cohen en la recta final de las elecciones de 2016, que ganó frente a Hillary Clinton.
Los abogados de Trump han querido presentarla ante el jurado como “sórdida, avariciosa y poco fiable”, acusándola de “extorsionar” al magnate, candidato republicano en las elecciones de noviembre frente a Joe Biden. Durante casi ocho horas de interrogatorio el martes y el jueves, Daniels explicó al jurado de Nueva York la aventura de una noche que, según ella, tuvo con Trump en un torneo de golf de famosos. El jueves, los abogados de Trump sugirieron que Daniels buscaba dinero con esta supuesta relación que contó en un libro por el que habría recibido 800.000 dólares, según la defensa.
Lea más: Miss EE. UU. renuncia a su corona por “salud mental”
“Lo odiaba”
La acusaron de aparecer en un club de striptease, con una foto de Trump y el eslogan “Making America Horny Again (Haz América Cornuda de nuevo)”. “Nunca utilicé ese eslogan: lo odiaba”, dijo Daniels, de 45 años, que llevaba un vestido verde y una larga chaqueta negra con capucha.
El martes describió con todo lujo de detalles el supuesto encuentro con el magnate inmobiliario en un torneo de golf en 2006: su pijama, sus calzoncillos, la posición sexual y que no se puso preservativo, bajo su mirada impertérrita. Y aunque “no fue amenazada verbal ni físicamente”, dijo que se había “sentido avergonzada por no haberlo impedido, por no haber dicho que no”.
Tras recordarle que había dirigido y participado en más de 150 películas porno, la abogada de Trump le dijo que tenía “mucha experiencia en hacer que las historias falsas de sexo parecieran reales”. “Si esta historia no fuera cierta, la habría escrito mucho mejor”, respondió Daniels.
Los abogados de Trump llegaron a pedir la anulación del juicio el martes alegando que el testimonio de Daniels es “extremadamente perjudicial” para una causa que gira esencialmente sobre registros contables relacionados con las elecciones. El juez Juan Merchan lo rechazó. Este jueves volvieron a pedirlo. Tras Daniels subieron al estrado otras tres testigos, entre ellas Madeleine Westerhout, exdirectora de operaciones del Despacho Oval, que lo describió como un hombre práctico.
Lea también: Sanofi y Novavax se alían para producir vacunas anticovid
“Caso Frankenstein”
En declaraciones a los periodistas a la entrada al tribunal este jueves, Trump dijo que el juicio es un “caso Frankenstein”. “El fiscal se lo está inventando sobre la marcha”, dijo el magnate. Merchan ha prohibido a Trump, que durante años ha llamado a Daniels “cara de caballo” y proferido otros insultos contra ella, hablar públicamente de los testigos, el jurado y personal de la corte.
Trump dijo el jueves que ha presentado un recurso contra la orden de silencio ante un tribunal de apelación, pero no dio más detalles. Su abogado exigió que se permitiera a Trump responder públicamente a las afirmaciones de Daniels sobre su encuentro ahora que ella ya ha declarado. Merchan, que ya ha impuesto 10.000 dólares de multa al magnate por desacatar su orden, se negó a levantarla.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 y en Florida por presunta manipulación indebida de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, pero ese caso ha sido aplazado indefinidamente.
Fuente: AFP.