El representante de la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), inspector jefe Marcos Alvar Bestilleiro, se entrevistó con el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Marcelo Scappini. Foto: Gentileza.
Representante de Ameripol conversó con autoridades paraguayas sobre crimen organizado
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El representante de la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), inspector jefe Marcos Alvar Bestilleiro, realizó una visita a nuestro país y conversó con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre varios aspectos en materia de seguridad, entre ellos lo concerniente al crimen organizado.
El directivo de ese organismo con sede en Colombia fue recibido en audiencia por el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Marcelo Scappini, con quien dialogó sobre los trabajos realizados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), así como el apoyo de esta institución para la institucionalización de Ameripol, en el marco de un pacto entre América Latina y Europa contra el crimen transnacional organizado.
Dicho programa tiene como fin organizar y coordinar acciones de inteligencia e intercambio de datos entre los órganos policiales de las Américas con su contraparte europea, en aras de un combate más eficaz contra el crimen organizado transnacional, informó hoy miércoles la Cancillería.
Durante el encuentro realizado en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el viceministro Marcelo Scappini remarcó la relevancia que tiene para Paraguay las acciones tendientes al afianzamiento de las condiciones de seguridad del país y de la región. Resaltó, además, la importancia de la visita para impulsar la implementación de la iniciativa de Ameripol, que contribuirá al fortalecimiento de las instituciones de seguridad nacionales y regionales
A ultranza Py
La visita del directivo de Ameripol, con sede en Colombia, se da en momentos en el que el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se encuentran ejecutando el megaoperativo denominado A ultranza Py, contra un esquema criminal que se dedica al lavado de dinero y al tráfico a gran escala de cocaína, principalmente a Europa.
Esa operación cuenta con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía uruguaya. En el marco del megaoperativo, cuya investigación se inició a finales del 2019, se procedió al decomiso de multimillonarios y lujosos bienes, así como a la detención de al menos una decena de personas, entre ellas el exdiputado oficialista Juan Carlos Ozorio.
Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
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LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
Pedro Ovelar indicó que los exfuncionarios sabían que su cliente "era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo mediática y socialmente". Foto: Archivo
“El final de la historia está absolutamente demostrado”
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“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar en relación con la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro de que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
Cartes había sostenido en su acusación que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también, añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
CASO MONTSERRAT ALLIANA
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
El gerente de una empresa de logística que está en el mercado hace 28 años exteriorizó su preocupación e indignación por los constantes atracos sufridos por la firma por los denominados piratas del asfalto. Andrés Veirano contó que ya se produjeron siete sucesivos asaltos tipo comando en detrimento de la citada importadora.
“En 16 meses tuvimos siete incidentes muy violentos, seis fueron asaltos y uno fue un intento de asalto porque nuestro custodio también respondió a los disparos. Fue un hecho tremendo, pero ningún herido por suerte”, relató al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lamentó la “inseguridad tremenda” y abogó por el mejoramiento de los niveles de control para garantizar el transporte seguro de mercaderías en ruta.
“Todos los que trabajamos en la ruta PY02 y hacemos Ciudad del Este-Asunción transportamos básicamente lo mismo, principalmente tecnología lo que se mueve”, indicó.
El empresario manifestó que todas las empresas transportadoras están afectadas por la inseguridad y el problema prevalece en todas las rutas del país. “También hemos tenido dos asaltos en ruta PY 06. De hecho este último del viernes pasado fue en ruta seis (Ciudad del Este-Encarnación). En esa ruta hemos tenido dos asaltos: uno en diciembre y otro ahora, el viernes pasado. Todos los otros fueron en ruta PY 02 en el trayecto Ciudad del Este a Asunción”, puntualizó.
La presencia policial es prácticamente nula en las fiscalizaciones en ruta y los resultados están a la vista, cuestionó. “La presencia no funciona, controles hay. Pero la verdad que así como me detienen mis camiones cada tanto tiempo la Policía Nacional, Aduana, Delitos Económicos para verificar la carga, pedir la documentación de la carga. Así como nos tienen a nosotros que le tengan a los ladrones”, reclamó.
MINISTRO PROMETE MEJORAR SEGURIDAD
Ante la queja de una empresa transportadora, el ministro del Interior, Enrique Riera, manifestó que se reunirá con el comandante y el subcomandante de la Policía Nacional al igual que con el encargado de la firma denunciante para trabajar en mecanismos para evitar que estos asaltos vuelvan a ocurrir.
“Estamos buscando la forma de combatir la situación que no se puede claramente generalizar y es algo en lo que la policía está trabajando justamente para evitar otros casos. Lo que vamos a hacer con el denunciante es sentarnos y pedirle todos los detalles de los asaltos para poder trazar la ruta de los ladrones y corroborar las informaciones y así inclusive saber qué personal policial estaba de guardia”, explicó el secretario de Estado al programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Uno de los fundadores de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez, conocido con el alias de Larry Changa, fue detenido en Colombia, anunció el Gobierno. “Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por la Interpol (...) cayó Larry Changa, capturado por la Policía Nacional”, escribió el presidente Gustavo Petro en la red social X.
La detención de “uno de los tres fundadores del Tren de Aragua”, según el Gobierno, se realizó en el municipio de Circasia, en el departamento de Quindío (centro-oeste).
“Habría llegado a Colombia en el año 2022, obteniendo documentos falsos” y “se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del Tren de Aragua” en ese país, indicó el Ministerio de Defensa en la misma red social. “En Venezuela y Chile lo buscaban por terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, secuestro, entre otros”, detalló el ministerio