Al parecer ya habría un consenso para definir la tan dilatada posición de los diputados de la bancada B del Partido Liberal sobre apoyar o no el juicio político contra Sandra Quiñónez. Según algunos parlamentarios, hay posturas divididas, lo que dificulta unificar los criterios. “Aún no podemos definir porque entre nosotros no hay un criterio único, estamos en busca de ello”, manifestó el diputado Enrique Mineur para el diario La Nación.
El diputado Édgar Ortiz adelantó la semana pasada también a La Nación que habría 14 diputados que votarían por el no, aunque admitió que es difícil que todos mantengan una misma postura. Sobre el punto, anunció que este martes, por tercera vez, vuelven a reunirse con la bancada en busca de unificar votos. “Este martes nos reunimos, vamos a tratar de tomar una posición oficial”, dijo en una entrevista a La Nación.
Por otra parte, los demás diputados representantes de diversas bancadas ya firmaron el libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. El texto tiene 89 páginas, 2.500 documentos respaldatorios y 9 causales. Según los parlamentarios, se prevé presentar el documento en estos días.
Para que el juicio político contra la fiscala general sea un hecho se requiere de la mayoría de dos tercios. Es decir, de 80 diputados presentes, 53 deberían votar a favor para la aprobación. Hasta el momento, los únicos sectores que manifestaron de manera pública la intención de voto son la bancada de Honor Colorado y la bancada Añetete.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
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Referentes de Honor Colorado rechazan pedido de juicio a Rolón, pero lo debatirán en bancada
A tempranas horas de este martes, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Latorre aclaró que esta es una postura personal y que el pedido será debatido en la bancada de Honor Colorado.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también expresó su rechazo al requerimiento. Agregó que el enjuiciamiento contará con el apoyo de los legisladores opositores y de la disidencia colorada, que valiéndose del caso Lalo Gomes buscan un titular del Ministerio Público que responda a sus interés.
“No estoy a favor de los juicios políticos. En el periodo anterior sufrimos eso cuando estaba como diputado, pasamos cuatro, cinco juicios políticos contra la exfiscal general, Sandra Quiñonez. Acá la idea es poner a un fiscal a medida. Yo no creo que esto se apruebe en Diputados”, dijo.
Hizo lo propio el diputado Rodrigo Gamarra, asegurando que la solicitud será profundamente debatida dentro de la bancada.
Gamarra precisó que altos referentes de Honor Colorado ya sentaron su postura en rechazo al planteamiento impulsado por la familia del fallecido dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Hay algunos que ya hicieron público su posicionamiento, pidiendo la destitución del fiscal y otros que piensan distinto. Cuando llegue el pedido de juicio al seno de la bancada se tomará con la seriedad debida que corresponde, será analizado profundamente dentro de la bancada y del movimiento Honor Colorado. Nosotros no somos una isla, tenemos una conducción y esto será analizado detenidamente con todos los actores”, sostuvo Gamarra a la 1020 AM.
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Presidente de Diputados rechaza juicio político contra fiscal general del Estado
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó este martes la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. El planteamiento es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Yo siempre tengo una postura histórica a favor de la institucionalidad, acá se presentaron numerosos pedidos de juicio político contra fiscales en periodos pasados, y bajo esta lógica voté en contra, en la búsqueda de estabilidad en la República. El juicio político es una medida de última ratio y tiene como consecuencia directa el quiebre de la paz institucional”, refirió en una entrevista a los medios de comunicación.
El pedido de enjuiciamiento fue presentado por el abogado Óscar Tuma, quien adelantó que no realizará lobby en Diputados para conseguir los votos requeridos para su aprobación.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra Rolón Fernández figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales. Tuma también alega que la Fiscalía realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario.
“La estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones redundan en un mayor y veloz estado de desarrollo. Un proceso de juicio político lleva a una inestabilidad, pero por supuesto, esto será debatido en la bancada de Honor Colorado. Mis expresiones tienen que ver con mi visión personal sobre esta situación”, indicó Latorre.
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Antecedentes
Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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Incidentes frente al Palacio de Justicia entre dirigentes liberales y policías
Un grupo de dirigentes liberales y referentes de otros sectores políticos que pretendió ingresar hasta la explanada y al museo del Poder Judicial ocasionó una escaramuza, empujones y agresiones debido a que los agentes se opusieron a que se ingrese al recinto judicial, atendiendo a disposiciones de seguridad del Palacio de Justicia. Fue en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Las personas se autoconvocaron desde las 10 de la mañana en la explanada del Poder Judicial de Sajonia, para realizar una representación teatral como también para hacer entrega del libro titulado 31M, a los responsables del Museo de la Justicia.
Sin embargo, este hecho no se pudo llevar a cabo porque las autoridades policiales informaron a las personas que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe el acceso a manifestantes hasta la explanada de la sede judicial pero la obra teatral pueden hacerlo frente a la sede judicial.
Entre los que enfrentaron a los agentes del orden están el senador Rafael Filizzola, su esposa Desirée Masi, Luis Alberto Wagner, el diputado Raúl Benítez y el exdiputado Édgar Acosta, entre otros dirigentes.
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Juicio oral
Actualmente, el agente policial Gustavo Florentín está siendo juzgado por un tribunal de sentencia, por el homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Según la acusación del Ministerio Público, en fecha 1 de abril del 2017, siendo aproximadamente las 00:30, el oficial Gustavo Florentín Silva, junto con otros agentes policiales, ingresaron al Directorio del PLRA, abrieron la puerta de acceso del local de la sede partidaria, ocasión en que varias personas, empezaron a correr por el pasillo del local y fue en ese momento que el acusado, el primero en ingresar a la sede, realizó un disparo con su escopeta calibre 12 cuyo proyectil impactó en la humanidad de Quintana quien falleció en dicho sitio.
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