Rusia reivindicó este jueves la toma de un pueblo cerca de Kurajove, en el este de Ucrania, uno de los sectores del frente donde sus tropas están avanzando desde hace meses frente a las fuerzas ucranianas.

Las fuerzas rusas “han continuado con su avance en profundidad entre las defensas del enemigo, y liberado la localidad de Voznesenka”, en la región oriental de Donetsk, indicó el ministerio ruso de Defensa en su parte diario.

Voznesenka está a menos de 10 km al norte de Kurajove, una ciudad que contaba con unos 18.000 habitantes antes del conflicto, y que se encuentra cerca de un importante yacimiento de litio. El ejército ruso se encuentra actualmente a las puertas de la periferia de esta ciudad.

Fuente: AFP

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Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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En medio de la campaña de represión sin precedentes contra la disidencia rusa, un profesor de arte crítico con la ofensiva contra Ucrania se enfrenta a dos décadas de cárcel por garabatear unos cuernos en fotos de autoridades publicadas en una revista. Hasta el invierno de 2023, Daniil Kliuka vivía apaciblemente en Dankov, un municipio 300 kilómetros al sur de Moscú. Pero en febrero de ese año fue arrestado por el servicio de seguridad FSB.

Inicialmente lo acusaron de enviar una donación de 20.000 rublos (190 dólares al cambio actual) a la brigada ultranacionalista ucraniana Azov, catalogada de “terrorista” en Rusia, un cargo que él niega. El profesor de 28 años y su entorno sospechan que lo arrestaron después de que alguien en su escuela lo delatara. Una ola de denuncias ha recorrido el país desde marzo de 2022, cuando el presidente Vladimir Putin anunció una caza de “traidores” y pidió a la sociedad rusa que “se autolimpiara” después de iniciar la invasión de Ucrania.

Grupos de activistas afines al Kremlin recogieron el encargo y han denunciado a cientos de personas a la fiscalía. Algunos han delatado a conocidos y vecinos, según medios independientes rusos, ya sea por ideología, codicia, envidia, ambición o para eliminar a un adversario. Kliuka asegura que fue denunciado por garabatear “cuernos” y “barbas” en las fotografías de autoridades rusas que aparecían en un diario pro-Kremlin que debía leer en su trabajo. “A veces escribía ‘demonio’ en sus frentes”, explicó en una carta.

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Kliuka cree que la directora de la escuela lo denunció al FSB, que lo arrestó, lo torturó “en una celda”, registró su casa y le confiscó el teléfono. Contactada por redes sociales, la directora del centro, Irina Kuzicheva, no contestó a las solicitudes de AFP. Los agentes de seguridad encontraron transferencias de dinero en el teléfono de Kliuka que consideraron sospechosas.

El profesor asegura que reconoció bajo tortura haber donado dinero al ejército ucraniano, pero que en realidad había enviado dinero a un primo ucraniano que huyó de la invasión y que nunca luchó en la brigada Azov. AFP no pudo verificar estas afirmaciones del prisionero porque el caso está clasificado como secreto por el FSB y sus abogados se arriesgan a ir a la cárcel si filtran detalles.

En agosto de 2023, Antonina Polishchuk, una activista rusa contraria a la guerra que vive en Italia, respondió a una petición en línea para que la gente escribiera a los prisioneros políticos de su país y decidió mantener correspondencia con Kliuka. A través de sus cartas descubrió que Kliuka estaba procesado por “traición” y “financiación de una organización terrorista”, cargos empleados a menudo en Rusia contra la disidencia, ya sean reales o inventados.

Después de seis meses de intercambios, Polishchuk se dio cuenta que Kliuka no tenía un verdadero representante legal, solo un abogado designado por el Estado que “en realidad trabajaba para el gobierno”. Su familia debería haber contratado a un abogado o haber pedido ayuda a una organización de defensa de derechos, asegura la activista. Pero “estaban muy intimidados, el FSB asusta a todo el mundo”.

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Finalmente, la organización Memorial, coganadora del Premio Nobel de la Paz, financió los costes de un abogado. Serguéi Davidis, jefe del programa de apoyo a presos políticos de Memorial, dijo que es habitual que estos juicios se desarrollen en secreto porque así es más fácil silenciar al acusado y esconder la magnitud de la represión.

Sin acceso a los documentos del caso, Memorial no puede incorporar a Daniil Kliuka en su lista oficial de presos políticos. Esta ya incluye 700 nombres que, según reconoce la misma oenegé, son solo la punta del iceberg. De hecho, Memorial estima que los casos de al menos 10.000 detenidos en Rusia tienen al menos algún tipo de motivación “política”.

Un buen número son civiles ucranianos encarcelados en Rusia, alrededor de 7.000, según la organización de Kiev también premiada con el Nobel de la Paz, Centro por las Libertades Civiles. Uno de ellos era la periodista ucraniana Victoria Roshchina, que falleció entre rejas en septiembre.

La organización rusa OVD-Info, que supervisa el sistema judicial y las detenciones en el país, afirma que actualmente hay 1.300 personas encarceladas por acusaciones políticas. Pero además hay cientos o incluso miles de casos vinculados a traición, sabotaje o negativa a luchar en Ucrania. En una carta enviada a Kliuka, Polishchuk incluyó algunas preguntas de la AFP que evitaban detalles de su caso para sortear la censura. Una semana después recibió una respuesta desde la cárcel Matroskaya Tishchina de Moscú.

El día después de que llegara la carta de Kliuka, el profesor perdió su recurso y quedó sentenciado a 20 años de prisión en “régimen estricto” que le impide recibir más de una visita y un paquete por año. Al final de sus respuestas a AFP, Kliuka asegura que los rusos como él que se atreven a hablar son “perseguidos y odiados”, mientras que “la mayoría de la gente un día cierra los ojos y no los vuelve a abrir jamás”. “Si el mundo escucha este mensaje, le pido que no cierre sus ojos”.

Fuente: AFP.

La jueza Delsy Cardozo Ramos, interina del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Presidente Franco, dio a conocer un comunicado, vía Facebook de la Asociación de Magistrados del Alto Paraná y negó haber resuelto un régimen de relacionamiento para el hombre que se arrojó al río Paraná con sus hijas, días atrás.

La referida magistrada aclaró la real situación procesal del caso caratulado: Nancy Mabel Zorrilla Torres y Rafael Ortiz sobre Homologación de Acuerdo (Régimen de Relacionamiento y Asistencia Alimentaria), Exp. N° 703 Año 2024. La jueza informó que aún no dictó sentencia, en atención a que existían diligencias pendientes por realizar.

Asimismo, menciona el comunicado que “el acuerdo fue presentado por la Defensoría de la Niñez de Pdte. Franco ante el Juzgado de la Niñez, con relación a las tres hijas de la pareja Nancy Mabel Zorrilla Torres y el padre de las niñas, Rafael Ortiz. Lamentablemente, poco después de la presentación, se conoció el trágico fallecimiento del señor Rafael Ortiz y de sus pequeñas hijas”.

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En este contexto, la magistrada desea expresar su profunda consternación por la pérdida de vidas tan jóvenes y la difícil situación que enfrenta la familia. Es importante destacar que, hasta el momento, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la citada jueza, no ha dispuesto un régimen de relacionamiento, ni ha homologado el acuerdo de Rafael Ortiz y Nancy Mabel Zorrilla, desmintiendo toda información que diga lo contrario.

Cardozo Ramos reafirma “su compromiso con el bienestar de los niños y la absoluta seriedad con la que se aborda este y todos los casos que se encuentran bajo su jurisdicción y competencia”, termina diciendo la nota de la jueza.

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