El senador Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), destacó la importancia de que la ley ampliatoria de emergencia sanitaria haya incorporado el artículo referente a la transparencia.
Esto, teniendo en cuenta que todos los procedimientos administrativos y financieros previstos en la legislación deberán ser fiscalizados por el propio Congreso Nacional y la Contraloría General de la República (CGR). “Se tiene que reportar todo, tanto al Congreso como a la Contraloría, lo realizado dentro de esta Ley de Emergencia”, mencionó en comunicación a la 800 AM, al resaltar que “era importante que eso se dé”.
Así también, el parlamentario aludió a la única modificación con la que finalmente fue sancionada la legislación y que se refiere a la contratación del personal sanitario.
Este miércoles, en sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores sancionó la ley que amplía el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, extendiéndose el plazo de su vigencia hasta el 30 de junio del presente año. El texto será remitido al Ejecutivo para su promulgación.
Finalmente, los senadores aprobaron el documento con la modificación incorporada por la Cámara de Diputados el lunes último. Se refiere al artículo que posibilitará al Ministerio de Salud Pública la contratación de personal de salud, aclarándose que podrán tener hasta cuatro vínculos laborales o cargos, aunque de manera temporal y en tanto dure la declaración de emergencia.
Fondos para pagos
La ley también prevé los fondos requeridos para continuar con el pago a trabajadores con suspensión laboral debido a la pandemia, o en situación de aislamiento debido al coronavirus. Otro punto que generó un gran debate y que finalmente se mantuvo en el proyecto de ley es lo relacionado a los pagos para la cobertura de pacientes en unidades de terapia intensiva.
Se garantizan los recursos y se autoriza a las autoridades sanitarias a mantener el sistema de convenios con sanatorios privados para la prestación de los servicios a pacientes con COVID-19. A todo ello se agrega la adquisición de vacunas, que podrá encararse mediante tratos directos con las empresas proveedoras.
A diferencia de la versión anterior de la ley, esta incluye un artículo que alude a la aplicación de la normativa, referente a las auditorías que serán impulsadas por la Contraloría.