Los ayoreos constituyen uno de los grupos indígenas que habitan la región Occidental o Chaco del país, describe el informe del Observatorio del Ministerio Público en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto). Dicha etnia se divide en grupos denominados totobiegosode, guidaygosode, garaygosode, etcétera; siendo del pueblo zamucos, habitantes originarios de las Américas.

De estos grupos ayoreos, algunos aún permanecen en estado silvícolas en la selva chaqueña sin contacto alguno con las poblaciones. Sus apariciones que datan del 1998 al 2004 (último avistamiento), indican que se encuentran en una extensa zona entre los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.

Las características de estos pueblos los definen como altamente integrados con el medio ambiente en el que desarrollan sus vidas y su cultura, viviendo de manera auto suficiente generación tras generación. No conocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria. Son pueblos altamente vulnerables que en la mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción, agravándose ante las amenazas y agresiones que sufren sus territorios poniendo en peligro su cultura y formas de vida.

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- Ninguna medida debe adoptarse, en caso de avistamiento lejano o a distancia.

- Guardar distancia o retirarse en silencio, en caso de un acercamiento intencional por parte de los silvícolas, con intenciones de satisfacer sus necesidades coyunturales con el lugar (beber agua de tajamares, o colección de raíces, objetos, etcétera).

- Un acercamiento de este tipo no debe ser entendido como un intento de salir del monte.

- Guardar la calma, evitar movimientos bruscos, retirarse lentamente del lugar favorece el desenlace adecuado y pacífico.

- En caso de portar armas, omitir su utilización.

- Si los silvícolas, demuestran intenciones que se les entregue o pidan algún objeto, es conveniente que le sea proporcionado, excepto armas de cualquier tipo, o prendas de vestir, alimentos, considerando la alta vulnerabilidad de los mismos ante virus, gérmenes, bacterias o agentes que nuestro organismo ya tolera con naturalidad.

- Evitar en todos los casos, el contacto físico (no tocarlos).

- Apagar aparatos electrónicos de sonido (autoradios, parlantes, etcétera) que puedan producir confusión en ellos sobre la presencia de más personas.

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El Ministerio Público identifica como medidas a tener presente, a fin de no incurrir en hechos punibles y considerando los derechos de los pueblos indígenas, las siguientes medidas preventivas:

- No incursionar en las tierras habitadas o frecuentadas por los grupos.

- No incursionar en la zona indicada con fines de cacería.

- No proceder a la búsqueda de contactos con fines de carácter religioso o científico.

- Evitar inducir al contacto por medio de regalos u otros medios que llamen la atención de estos grupos

Para fortalecer el tercer eje del Plan Estratégico Institucional, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la creación de un equipo técnico, que busca asistir desde su rol constitucional los asuntos relacionados a las diferentes comunidades distribuidas en varios puntos del país.

Esta medida permitirá consolidar el tercer eje del Plan Operativo Institucional, que consiste en el fortalecimiento institucional para la defensa de los intereses difusos y pueblos originarios. Para el efecto, el equipo está conformado por las direcciones de Derechos Humanos, Derechos Étnicos, Planificación, Dirección de ejecución de proyecto y el Observatorio del Ministerio Público.

El Observatorio del Ministerio Público describió el procedimiento para hechos punibles que involucran a comunidades indígenas, dentro de un informe emitido en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), que identificó los abusos sexuales, la violencia familiar y el crimen organizado como sus principales dramas.

1) Comunicación inmediata: La oficina de denuncias penales debe comunicar inmediatamente el ingreso de la causa que involucre a miembros de comunidades indígenas tanto al Agente fiscal que corresponda como a la Dirección de Derechos Étnicos.

2) El agente fiscal debe solicitar a la Dirección de Derechos Étnicos su intervención y la designación de un consultor técnico al recibir la causa, y remitir todos los antecedentes a la Dirección.

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3) Un equipo de funcionarios de la Dirección de Derechos Étnicos deberá constituirse a la comunidad a los efectos de recabar más datos sobre el hecho denunciado y se deberá comunicar al líder los alcances de la investigación penal en curso, todo se deja asentado en acta. En la comunidad el líder recomienda si se aplica la Legislación Nacional o su Derecho Consuetudinario, de acuerdo a cada caso.

Cuando hay víctimas que evaluar, acompaña la psicóloga asignada a la DDEE, en los casos de hechos punibles de abuso sexual en niños, abuso sexual, coacción sexual, violencia familiar, la atención de la víctima se realiza en su comunidad, sería una atención diferenciada porque algunas víctimas no cuentan con recursos para salir de su comunidad para recibir la evaluación.

4) Terminada la constitución se elabora un dictamen jurídico antropológico con recomendación al agente fiscal del derecho a ser aplicado, de las diligencias pendientes, medidas de sistema de protección indígena y de las salidas aplicables al caso. Se envía con el dictamen la evaluación de la víctima (informe de la psicóloga).

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En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), el Observatorio del Ministerio Público emitió un informe en que detalla los dramas y hechos punibles que más afectan a los pueblos indígenas: abusos sexuales, violencia familiar y crimen organizado, así como revela recomendaciones de protección ante posible contacto con indígenas ayoreo en aislamiento voluntario.

Los casos de abusos sexuales en niños, el embarazo precoz de adolescentes, la violencia familiar, además de la influencia del crimen organizado, son hechos que más afectan a las comunidades de los pueblos originarios. A esta situación dramática se suman las migraciones a la ciudad, situación que provoca discriminación, exclusión social, ya que estando fuera de sus comunidades, sin la guía y la contención de los líderes naturales y la familia extendida, pierden su identidad y autoestima étnica, señala la directora de Derechos étnicos de la Fiscalía, abogada Dora Penayo.

Las comunidades con mayor cantidad de casos reportados se encuentran en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Boquerón. Ante los casos considerados “hechos de gravedad o faltas leves” cometidos por miembros de las comunidades, sus respectivos líderes analizan y solicitan que las sanciones sean aplicadas teniendo en cuenta la Legislación Nacional o por derecho Consuetudinario.

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En los casos de violencia familiar, los factores desencadenantes son el alcohol y las drogas que son consumidas tanto por varones y mujeres. Los conflictos en rondas de tragos, desembocan a casos de muertes violentas. El consumo de alcohol es muy perjudicial, ya que al padecer desnutrición el efecto es más nocivo.

En cuanto a la influencia del crimen organizado, muchos miembros de las comunidades encuentran salida en el trabajo de la plantación de la marihuana, alquilan sus tierras para el cultivo y hasta son utilizados para llevar las sustancias como una especie de “mula”. Hay casos en los que asesinan a líderes por resistirse a entregar su hábitat a organizaciones criminales, que captan a sus víctimas, pero no son denunciados por temor, explica la fiscal Penayo.

Aunque no existan estos problemas en todas las comunidades, recrudeció el drama en forma considerable, desarrollando en ellos una rebeldía que hace que no respeten a sus líderes y padres. Los abusos sexuales tienen como consecuencia un embarazo precoz, y la reproducción de la pobreza.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, habló de los avances en la política de seguridad que está llevando adelante el gobierno de Santiago Peña, a dos años de gestión. El secretario de Estado destacó que, además de aumentar el número de las filas policiales, equipamientos y patrulleras, se registra una importante disminución en los números de la delincuencia.

“Todos nuestros números bajan, en el primer año, sin las patrulleras, sin los 5.000 policías, sin las radios, sin nada, solo cambiando liderazgos y dándole otro enfoque más proactivo, bajamos un 20 % en promedio de todos los delitos. No es suficiente, pero bajaron. En todo el país, teníamos 17.000 hechos delictivos, quiere decir más o menos cada 2 horas. Pero después fuimos afinando la mira”, dijo Riera, este jueves, en entrevista con Paraguay TV.

En cuanto a la capacidad y preparación de los uniformados, el ministro indicó que se está dando un importante cambio en la formación de los mismos. También apuntó a la creación de una universidad de policías, que servirá para una mejor preparación académica en diferentes áreas.

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“Vamos a tener una Policía más motivada, más capacitada. Vamos a tener una Policía más científica, más objetiva, está cambiando la fuente humana a la demostración práctica de los hechos cómo se producen y la forma de investigar, y también mucho mejor equipada y mejor distribuida a nivel nacional”, expresó.

Riera mencionó que la distribución de áreas especializadas en todo el país y, con ello, descentralizar los trabajos de investigaciones en cada departamento. “Mi sueño es que en todos los departamentos haya antinarcóticos, automotores, antitrata, antiabigeato. Tenemos que tener todas las capacidades de la Policía en cada departamento, para realizar un plan de seguridad”, puntualizó.

Por otra parte, se refirió a la implementación del Plan Sumar en Asunción y el departamento Central, señalando que existe un fuerte reclamo y control de la ejecución de este programa en las diferentes zonas, principalmente en lo que tenga relación con el sistema de contención de las personas con adicciones y la efectividad en las comisarias.

“Van saltando las cosas. Hay un trabajo de inteligencia en campo, como los vecinos son los que saben quien vende y quien consume, en un mes y medio tenes 400 lugares para allanar, lugares donde se venden drogas solo en capital y Central”, indicó.

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Con relación a las tobilleras electrónicas, sostuvo que se deben implementar a nivel país, y actualmente se cuenta con la disponibilidad de 500 dispositivos que debe ser utilizados.

“Esto está armado, montado, listo, implementado, lo peor de todo es que, si no usamos igual tenemos que pagar. Si tenemos un caso de violencia familiar grave en Pilar y la afectada y sus hijos van a la casa de la madre que vive, por ejemplo, en Coronel Oviedo, el hombre no puede salir de Pilar, dentro puede trabajar, pero si viola los perímetros, suenan las alarmas, pierde los beneficios, y también la mujer se entera y puede protegerse, simultáneamente, son dos acciones que se mueven”, sentenció.