El abogado Óscar Tuma, quien fuera el principal fiscal acusador en el juicio político al expresidente Fernando Lugo, manifestó que al Estado paraguayo no le debería preocupar la admisión de la demanda presentada por el ahora senador Lugo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, aseguró que se respetó el debido proceso del juicio político para un jefe de Estado, y no se puede comparar con cualquier otro proceso judicial ordinario, penal, laboral, ni tampoco político de cualquier otro ministro de la Corte Suprema de Justicia o legislador.
En comunicación con La Nación aclaró que la admisión de la demanda no significa que la sentencia será condenatoria para el país. Manifestó que está seguro que al momento de ser analizada será rechazada en cuanto a la pretensión del senador del Frente Guasu, porque ellos están tratando de equiparar el proceso del juicio político con los procedimientos penales, laborales, ordinarios.
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“Son procedimientos totalmente diferentes, porque los tiempos son diferentes. Entonces, lo que debemos cuestionarnos es si se respetó el debido proceso. El debido proceso se respetó, porque al señor Fernando Lugo se le corrió traslado, de la acusación que pesaba sobre él para el juicio político. El pudo presentar su defensa, así como pudo presentar sus alegatos finales, tuvo un jurado, que en este caso fueron los senadores. O sea, no se violentó absolutamente nada en lo que respecta a los derechos procesales que una persona puede tener” explicó.
Plazos a criterio del Congreso
Respecto al cuestionamiento sobre los plazos procesales, el doctor Tuma señaló que la misma Constitución Nacional establece claramente, dejar a criterio de la Cámara de Senadores establecer esos plazos. Mencionó que los constituyentes al redactar la Carta Magna lo dejaron sabiamente, porque cada juicio político es diferente.
En ese sentido, indicó que es muy diferente un juicio político contra un presidente de la República, que tiene la lapicera del Estado, a un juicio político que se le podría imponer a un ministro de la Corte Suprema de Justicia, o contra otro funcionario público. Detalló que cuando se habla de plazos para elaborar la defensa, los alegatos y demás, en un juicio político para un presidente de la República son mucho más rápidos que en los otros casos.
“Porque si hablamos de plazos extendidos para un juicio político, contra un jefe de Estado, se va generar una inestabilidad política, inestabilidad económica, podríamos llegar incluso a pérdidas de vidas humanas. Poniendo un ejemplo absurdo, pero que podría darse, si se establece poner seis días para presentar su defensa, en ese plazo se genera una inestabilidad política, que las tropas bolivianas avancen e ingresen a territorio paraguayo, mientras que el presidente que está a cargo de las fuerzas públicas no haga absolutamente nada. Mientras que se lo destituye, las fuerzas bolivianas toman Asunción”, manifestó.
Con este ejemplo señaló que se debe entender que los plazos de un juicio político contra un presidente de la República no pueden durar más de 48 horas, porque de lo contrario, si durase mayor tiempo, y el mandatario teniendo la lapicera en mano, él puede hacer uso de las fuerzas públicas, puede generar inestabilidad, caos, anarquía para impedir el juicio político. Entonces, ahí pierde el país, el Estado, incluso se puede perder vidas humanas.
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“Mientras que con un proceso rápido contra el presidente, se evita todo esto. En el juicio contra Fernando Lugo no hubo una persona lesionada que ingresó al hospital, no hubo una persona fallecida, la economía al día siguiente continuó en forma normal y natural. Porque fue un proceso absolutamente normal y rápido. Entonces, los que plantean y hablan que no existió un plazo razonable, evidentemente no entienden nada de lo que es un proceso de juicio político contra un jefe de Estado”, aseveró.
Finalmente, Tuma remarcó que el expresidente Lugo tuvo todas las garantías procesales, porque tuvo conocimiento de qué se le acusaba, tuvo la oportunidad de presentar su defensa, así como presentar sus pruebas, tuvo la oportunidad de presentar sus alegatos y todo ante un tribunal que estuvo conformado por la Cámara de Senadores, y finalmente tuvo una sentencia.
“Ahora bien, desde el momento que se está hablando de un juicio político, evidentemente estamos ante una situación que depende de la estabilidad política del momento. Además, a Fernando Lugo se le acusó por pérdida de confianza y se argumentaron varios hechos en los cuales se sustentaba que por la falta de firmeza en su presidencia es que ocurrió lo que sucedió en Curuguaty y se perdieron vidas humanas así como varios hechos”, concluyó.