El senador del Partido Hagamos, Tony Apuril, lamentó que la Cámara Alta haya remitido al archivo el proyecto que pretendía elevar las penas a los funcionarios que usen bienes estatales en sus campañas electorales. El documento había sido presentado también por su colega colorado Enrique Riera.
“La Cámara de Diputados ya lo había hecho y ahora la Cámara de Senadores archivó nuestro proyecto que pretendía castigar con penas de cárcel el uso indebido de los bienes del Estado. Cortaron la posibilidad de contar con una herramienta para luchar contra la corrupción”, manifestó.
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Apuril comentó que sus colegas “se basaron en tecnicismos legislativos que bien podrían haber sido modificados si querían aprobar este proyecto”. De esta forma, el documento fue rechazado totalmente en ambas cámaras legislativas.
El documento proponía modificar una ley derogada
Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, los parlamentarios sostuvieron que el proyecto buscaba modificar la Ley 2880/2006, siendo que dicha norma está derogada. A la vez, mencionaron que todos los artículos de la iniciativa violaban las leyes y los códigos vigentes.
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Corte ratifica condena de 5 años de cárcel al exdiputado Cuevas
Miguel Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de septiembre de 2023.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena de 5 años por enriquecimiento ilícito para el exdiputado y dirigente del departamento de Paraguarí, Miguel Cuevas, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria en diciembre del año 2023.
Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de setiembre de 2023 por no poder justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública.
APORTE DECISIVO DE NACIÓN MEDIA
En el caso judicial, Nación Media tuvo un aporte decisivo a través de sus investigaciones periodísticas y publicaciones al exponer públicamente las irregularidades del vertiginoso e injustificado incremento patrimonial de Cuevas mientras ejercía cargos públicos, como gobernador de Paraguarí y posteriormente como presidente de la Cámara de Diputados. La cobertura documentó las pericias contables de la Fiscalía y denunció las constantes chicanas para frenar el juicio oral. Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que terminó por condenar a Miguel Cuevas el 15 de setiembre de 2023. La máxima instancia judicial sentó postura luego de casi tres años. A través de la decisión también quedó firme el comiso especial y comiso sustitutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
Cuevas además se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. El voto de la mayoría estuvo conformado por el ministro preopinante Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Gustavo Santander Dans, quienes concluyeron que el recurso planteado por el exlegislador no cumplió con las exigencias normativas del Código Procesal Penal para la instancia extraordinaria de casación.
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Fiscalía requisa documentos de Establecimientos Penitenciarios, tras fuga
Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.
Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.
Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.
Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.
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Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.
La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.
Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.
DESIGNACIÓN Y RENUNCIA
Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.
En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.
Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada
El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.
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Respaldan creación de juzgados especializados en violencia contra las mujeres
El proyecto de ley que crea los juzgados y tribunales especializados para atender los casos de violencia contra las mujeres cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos. Los senadores analizarán en sesión ordinaria este miércoles la citada propuesta legislativa.
Este martes los integrantes de la comisión analizaron el proyecto de ley “Que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres”, presentado por varios senadores. La iniciativa busca fortalecer la protección judicial de las mujeres víctimas de violencia mediante una atención especializada.
Sobre el punto, la Comisión de Equidad y Género, también emitió dictamen favorable con modificaciones al proyecto de ley, al mencionar que se busca facilitar el acceso a la Justicia y evitar la revictimización.
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Garantizar medidas de protección a víctimas
La propuesta fue presentada por senadores de diferentes bancadas y apunta a fortalecer la aplicación de la Ley N.º 5777/16, “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, mediante una jurisdicción especializada que brinde una respuesta judicial más efectiva y oportuna.
Según los fundamentos de la propuesta, los casos de violencia contra las mujeres pueden tramitarse ante juzgados de Paz y de Primera Instancia de distintos fueros, según su naturaleza. Esta distribución de competencias puede generar la intervención de varias instancias, resoluciones divergentes y dificultades para acceder oportunamente a medidas de protección.
Ante esta situación, el proyecto plantea crear juzgados de Primera Instancia y tribunales especializados para conocer y resolver causas relacionadas con la violencia contra la mujer.
Algunas de las atribuciones previstas en la ley son la aplicación de medidas de protección, así como el juzgamiento y la sanción de hechos punibles vinculados con las distintas formas de violencia contra las mujeres, tanto en ámbitos públicos como privados, conforme a las disposiciones legales correspondientes.
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Diputados rechaza proyecto que regulariza tenencia de tierras expropiadas en Antebi Cué
Durante la sesión ordinaria, los diputados rechazaron este martes el proyecto de ley que regulariza la tenencia y ocupación de las tierras expropiadas en Antebi Cué, departamento de Concepción.
El documento rechazado buscaba con la regularización brindar una solución definitiva a la situación de los productores que ocupan y explotan estas propiedades desde hace años.
Sobre el punto, el diputado Pastor Vera Bejarano señaló que el referido proyecto cuenta con varios dictámenes en contra, incluso del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Explicó ante el pleno que en conversación con sus colegas acordaron solicitar el rechazo de esta propuesta para trabajar en un nuevo proyecto “que cumpla con requisitos jurídicos, sociales y económicos”.
Según los antecedentes, en el año 1995, el Congreso Nacional dispuso, a través de una ley, la expropiación de un inmueble de 267.836 hectáreas, propiedad de la Empresa Comercial e Inmobiliaria, ubicado en el departamento de Concepción.
La medida tuvo como finalidad la formación de asentamientos coloniales agropecuarios en esa zona del país.
De acuerdo con los fundamentos, las tierras presentan características agrosilvopastoriles y ganaderas que requieren un tratamiento específico, de manera que su aprovechamiento permita mejorar la productividad y las condiciones de arraigo de las familias ocupantes.
Por estas razones, se planteaba establecer el precio de las parcelas para facilitar su regularización y posterior pago, generando ingresos para el Indert.
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