La representante legal de la estancia Pindó, abogada Margarita Colmán, manifestó su preocupación ante las declaraciones del vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Sixto Pereira, del Frente Guasu, quien dijo que hubo una “transacción irrisoria” entre el ex Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el propietario actual de la estancia Pindó.
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En comunicación con La Nación, la profesional lamentó “la memoria corta” del legislador de izquierda, quien en sus declaraciones dijo que no se recordaba ni siquiera los nombres de los propietarios, cuando el tema de la invasión de la propiedad de la agroganadera Pindó SA es una causa nacional que lleva casi una década, que todo el tiempo está presente en los medios de prensa y la opinión pública.
En tanto, legisladores del Frente Guasu solicitaron incluir el proyecto de ley que busca la expropiación de las tierras de la estancia Pindó en favor de sus ocupantes ilegales. El proyecto fue incluido para la sesión ordinaria de este jueves y se espera que la Comisión de Reforma Agraria dicte por el rechazo antes del tratamiento en plenaria.
En tanto, Margarita Colmán indicó que en varias ocasiones se realizaron audiencias públicas con los miembros de la Comisión de Reforma Agraria y en todas ellas el legislador estuvo presente. Incluso hace 15 días volvieron a presentar toda la documentación que hace a la situación de Pindó, en lo que respecta a títulos de propiedad y documentos que acreditan la legalidad de las tierras, así como todo lo que detalla los 9 años de calvario que implica la invasión de la estancia.
“El senador habló de una transacción de carácter irrisorio, que se entregó como pago una ‘avioneta vaikue’. A mí me extraña cómo un senador puede opinar así, con tanta liviandad, cuando que él no participó de ninguna de las negociaciones en el año 1965. Tampoco vio jamás la avioneta y obviamente no tiene ni el más mínimo conocimiento de las condiciones mecánicas ni el funcionamiento de la aeronave que tenía en esa época”, comentó la abogada.
La profesional del Derecho también comentó que sí se realizó la transacción mediante una permuta de una avioneta que fue requerida en su momento por el Estado paraguayo, cuando el IBR aún no poseía los medios y tampoco el país contaba con la infraestructura vial como para que la institución agraria recorra todas las tierras del Estado, en la década de los años 60, y la única forma de llegar a los lugares más recónditos era mediante el sobrevuelo con una avioneta.
“Evidentemente el costo de la avioneta en aquellos años claramente no es igual a lo que pudiera costar 40 o 50 años después. La cotización del dólar en 1965 es totalmente diferente a la cotización del dólar en 2021. Lo que antes significaba tres millones de guaraníes, era un monto bastante elevado conforme a la cotización de la época. Son todas esas tergiversaciones y manipulaciones perversas que hace de la información, tratando de justificar lo injustificable”, lamentó la abogada.
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Asimismo, aclaró que desde la Agroganadera Pindó SA nunca afirmaron ser sujetos de la reforma agraria porque la transacción con el Estado jamás se realizó en el marco de la Ley de la Reforma Agraria, sino que se hizo de conformidad al estatuto o Carta Orgánica del IBR en aquella época, en la que se establecen las facultades y atribuciones que tiene el presidente y el consejo del IBR para realizar ciertos actos de administración.
“En este caso se hizo la adquisición de un bien para la institución y el único capital que poseía la institución en esa época eran las tierras que estaban asignadas bajo su administración. Con eso pagaban los bienes que iban a integrar al patrimonio de la institución. Nosotros no nos adjudicamos tierras en carácter de sujetos de la Reforma Agraria; nosotros simplemente hicimos una transacción comercial de persona jurídica a persona jurídica. El Estado paraguayo solicitó a Perfecta SA, en su momento, la adquisición de un bien de propiedad de la empresa y a cambio se recibió el pago en tierras”, relató.
Por otra parte, indicó que le sorprende muchísimo que el senador Sixto Pereira trate de justificar los actos de vandalismo y todos los hechos punibles contra la Ley de Deforestación Cero cometidos por estas personas que invadieron la propiedad, diciendo que “eso se hace no más luego para poder cultivar”.
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La abogada Colmán aseveró que si bien es normal que se realicen los desmontes cuando se pretende trabajar la tierra, pero eso se lleva a cabo dentro del marco de unas normas ambientales establecidas y vigentes, y mediante ello se consiguen las autorizaciones para llevar adelante los proyectos agroganaderos respetando el medio ambiente.
“No se puede justificar que, porque ellos necesitan, pueden ir echando el bosque de manera descontrolada, indiscriminada y desorganizada a su antojo, violentando todo tipo de normas, porque ellos tienen que producir productos de autoconsumo. O porque tienen que general una renta, y claro que están generando y mucha renta porque el rollotráfico es imparable en la estancia Pindó y eso está generando millones de dólares”, precisó.
Asimismo, denunció que todas las áreas agrícolas que eran propiedad de la estancia Pindó están totalmente mecanizadas con plantaciones de soja, que están negociando los líderes campesinos a través de dirigentes políticos de la zona y con sojeros que ingresan de manera ilegal a la estancia. Además, agregó que están lucrando con toda la pastura para la cría y engorde del ganado que era posesión de la agroganadera.
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