El gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), expresó que es necesario que el gobierno de Mario Abdo Benítez solicite ayuda internacional para combatir al crimen organizado, teniendo en cuenta las falencias de la Policía Nacional.
“Hay que sincerarnos, nosotros necesitamos ayuda si es que queremos combatir al narcotráfico, o de otra forma vamos a tener que salir de acá porque será imposible vivir así. En la forma en que está la Policía no tiene las mínimas condiciones para enfrentar a esta gente, hay que pedir ayuda a Brasil, Colombia y EEUU, porque solos no vamos a poder”, indicó.
“Le avisé cómo el crimen organizado estaba ganando fuerza aquí”
Al respecto, recordó que había advertido al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, que en la ciudad fronteriza el flagelo cobró fuerza. “Giuzzio me envió un mensaje por WhatsApp dándome los pésames (tras la muerte de su hija en un atentado el pasado sábado), entonces le llamé y reclamé, le dije que le había avisado cómo el crimen organizado estaba ganando fuerza aquí”, refirió.
Por otra parte, se refirió al proceso de investigación ante el asesinato de su hija y comentó que “pega fuerte la pista de Faustino Aguayo y su pareja Mirna Romero como principales sospechosos”.
“Es una semana difícil, los investigadores están haciendo su trabajo evaluando las piezas, planteando hipótesis; sin embargo, no hay nada en concreto, cada vez van apareciendo más sorpresas, esto llevará su tiempo. Pega fuerte la pista de Faustino Aguayo y su pareja como sospechosos, hay gente dentro de esa línea que falta, no existen todavía los elementos como para afirmar, hay muchos involucrados”, indicó en una entrevista con la radio Universo 970 AM.
Finalmente, el dirigente liberal manifestó que “los policías tienen identificados a los responsables, pero ellos tienen su proceso. No podemos afirmar que Romero esté involucrada, son hipótesis que se van uniendo y se analizan, mañana pueden surgir otros datos”.
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Presidentes de Perú y Ecuador acuerdan reforzar lucha contra el crimen organizado y narcotráfico
Perú y Ecuador acordaron este jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente tras una reunión entre los mandatarios de ambos países en Lima. “Seguiremos luchando en esta guerra contra la delincuencia y el narcoterrorismo”, dijo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en una declaración a la prensa al término del encuentro realizado en el Palacio de Gobierno.
“Es una guerra contra la desocupación juvenil, una guerra contra la destrucción del medio ambiente, es una guerra contra todo lo que constituye el impedimento del desarrollo”, agregó. La presidenta anfitriona, Dina Boluarte, enfatizó que “la cooperación en materia de seguridad y defensa para la lucha frontal contra la delincuencia organizada trasnacional” fue uno de los temas centrales abordados en el gabinete binacional.
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Los dos gobernantes, que estuvieron acompañados de sus respectivos ministros, suscribieron la Declaración de Lima con 49 compromisos adoptados como lucha contra la delincuencia organizada transnacional y minería ilegal, entre otros temas. La próxima reunión del gabinete binacional, que se realiza desde el año 2007, tendrá lugar en Ecuador.
En el marco de la lucha contra el narco y demás formas de crimen organizado, en enero pasado la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) anunció la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas trasnacionales, ante la expansión de la violencia del narcotráfico en Ecuador.
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En los últimos cinco años, en Ecuador la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 en 2018 a 46 en 2023. Desde las prisiones, las redes del narco han sembrado el terror en calles y puertos. Sumido en su peor crisis de seguridad, con cientos de muertos, motines carcelarios y atentados con explosivos, Ecuador enfrenta desde hace un tiempo el desafío de una veintena de grupos narcotraficantes.
El gobierno del joven presidente ecuatoriano le declaró la guerra abierta a esas organizaciones y desplegó a las fuerzas militares para contener la arremetida de las bandas que prácticamente tomaron el control de las cárceles, convirtiéndolas en su centro de operaciones.
Fuente: AFP
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Problema vecinal terminó en balacera: hallaron 30 vainillas servidas
Ayer martes en horas de la noche se registró una balacera sobre las calles 12 de Junio esquina Iturbe, del barrio Guaraní, en Amambay. El autor del hecho sería un hombre que llegó hasta el lugar a bordo de una motocicleta y sin descender de la misma empezó a disparar contra una vivienda particular.
En las imágenes de circuito cerrado se puede observar la manera en la que el solitario pistolero llegó a metros de la vivienda atacada, sacó un arma de fuego y empezó a disparar por varios minutos para luego continuar su camino. Debido al horario en que se registró el hecho ya no había ningún testigo en inmediaciones.
El propietario de la casa fue identificado como Víctor Hugo Arévalos Armoa, quien tras lo ocurrido notificó a través del sistema de emergencias 911 a la Policía Nacional, quienes con el acompañamiento del personal de criminalística lograron levantar del lugar un total de 30 vainillas servidas.
“Según la víctima esto sería parte de una represalia por un altercado entre vecinos, y sería la segunda vez que se da un hecho similar, hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que llegó hasta el lugar y ejecutó los disparos, que en total serían 30 según los casquillos que logramos recabar del lugar”, comentó el comisario Víctor Sánchez en conversación con el canal de noticias NPY.
Destacó que afortunadamente no hubo ningún herido, pero el vehículo del propietario que estaba estacionado en frente quedó con varios impactos. Respecto a la investigación, aseguró que no descartan otras hipótesis sobre el motivo del ataque y que continuarán con el apoyo al personal de investigación de delitos.
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Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
- LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
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“El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar en relación con la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro de que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
Cartes había sostenido en su acusación que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también, añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
CASO MONTSERRAT ALLIANA
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.