Luego de las intensas lluvias registradas a nivel país, desde el Ministerio de Salud indicaron que las inclemencias del tiempo son propicias para la acumulación de agua lo que podría generar criaderos de mosquitos e instan a eliminarlas. Recordaron que siguen en aumento los casos de dengue en todos los departamentos cuyos síntomas son febriles.

“Se recuerda insistir en el control de entornos y la eliminación de potenciales criaderos de mosquitos aedes aegypti, transmisor del dengue y otras arbovirosis, sobre todo después de cada lluvia”, expresaron desde la cartera sanitaria.

Pidieron a la población mantener bajo techo los objetos en desuso que pueden acumular agua y del cual no pueden desecharse. En tanto que, los tambores o recipientes con agua que serán utilizados deben mantenerse herméticamente tapados, se debe cambiar a diario el agua de las mascotas y desechar el agua acumulada en platos de planteras.

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Desde la Dirección de Vigilancia de la Salud indicaron que en las últimas semanas, se tiene 114 nuevos afectados y que uno de los positivos es del serotipo DENV-3. Además, se reportaron tres casos de chikungunya, procedentes de Guairá e Itapúa.

“Se observa un comportamiento de ascenso en la curva de notificaciones de dengue. El reporte semanal muestra que el 100 % de las regiones sanitarias presentan aumento. En las últimas tres semanas (SE) 16, 17 y 18, el promedio de notificaciones de cuadros sospechosos es de 729 por semana”, apuntaron.

En estas semanas 11 personas fueron hospitalizadas por dengue, semanas se observó que los más afectados son la franja de niños y adolescentes de entre 5 y 14 años; que corresponde al 36 % de los internados. Hasta el momento, no se registran fallecidos en estas semanas.

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El Tribunal de Cuentas, primera sala de la Capital, integrado por los camaritas Gonzalo Sosa Nicoli, Edward Vittone, y Stella Mary Zárate, rechazó la demanda que presentó la firma Imedic S.A (Insumos Médicos) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que rescindió el contrato con la mencionada empresa por no cumplir con el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19.

Con el rechazo de la demanda administrativa, el Estado Paraguayo se salva de pagar la multimillonaria suma de G.47.000 millones, monto que reclamaba la empresa cuyo presidente es Justo Ferreira condenado a 3 años de prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando debido al ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.

Los camaristas mencionaron en su resolución que las normas aplicables y las argumentaciones vertidas en los actos administrativos llevados a cabo por el Ministerio de Salud constatan que se ha obrado correctamente y no se constata ninguna vulneración de derecho alguno, indica el fallo judicial administrativo.

El abogado Omar Gustavo Valdez Alcaraz, en representación del Ministerio de Salud, contestó la demanda presentada por la firma Imedic S.A y pidió que la acción administrativa sea rechazada.

De acuerdo al escrito de contestación de la demanda refiere que el procedimiento de rescisión de contrato N° 197/2020 se inició mediante resolución N° 317/2020 a raíz del incumplimiento contractual constatado y comunicado por Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

Igualmente refiere que, mediante actas de verificación se detectaron incongruencias entre los bienes ofertados y adjudicados, y los efectivamente entregados por la empresa, situación reconocida en presencia de la autoridad de la empresa Imedic.

Señala también que la empresa no acreditó válidamente el supuesto caso de fuerza mayor que le ha imposibilitado cumplir con el contrato ya que la situación de la pandemia era plenamente conocida al momento de ofertar los insumos por lo que no es valida la argumentación de la firma Imedic S.A.

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La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.

El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.

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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.

Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.

Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.

Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.

Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.

El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.

Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.

También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.

El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre recibió este miércoles al vicepresidente de la República, Pedro Alliana. El enfoque del encuentro estuvo centrado en los avances de los proyectos legislativos impulsados por el Poder Ejecutivo.

“Conversamos sobre la agenda legislativa, sobre los proyectos del Ejecutivo que están siendo tratados, algunos ya aprobados, otros por tratarse, proyectos de transformación de beneficio para todos los paraguayos, estamos ilusionados con todo lo que va a acontecer en este año en materia legislativa”, informó Latorre.

En contacto con La Nación/Nación Media, el titular de Diputados indicó que conversaron sobre las iniciativas prioritarias dentro de la agenda legislativa y en este sentido, resaltó la apertura del vicepresidente, quien es el nexo constitucional entre el Congreso y el Ejecutivo.

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“Ya tuvimos la oportunidad de compartir y trabajar juntos en la bancada de Honor Colorado en el periodo anterior como diputados y también acompañando su gestión como presidente de la Cámara, donde siempre se caracterizó por su espíritu democrático y por su transparencia”, manifestó.

Asimismo, a través de sus redes sociales, Alliana manifestó que esta reunión fue vital en un marco de coordinación institucional y política entre ambos poderes del Estado para lograr consolidar propuestas legislativas que apuntan a la reforma para el desarrollo del país.

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