El senador Enrique Bacchetta, quien lidera la Comisión Nacional de Revisión del Anexo C de Itaipú, afirmó que Brasil tiene que reconocer el perjuicio ocasionado a nuestro país en cuanto a la deuda ilegal revelada en el último informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Anunció que para analizar a profundidad el tema convocó a una reunión al contralor, a la fiscala general y al procurador general de la República, para el martes 27 a las 11:00 en la sala bicameral del Congreso Nacional.
“Realmente es muy interesante el informe, fue muy sorpresivo, después de muchos años se dio a conocer y el trabajo fue excelente. Evidentemente el perjuicio a Paraguay es demasiado grande, pero lo que sí tenemos que ir determinando es quiénes son los responsables de estos hechos punibles”, sostuvo.
El legislador colorado dijo que por el tiempo que transcurrió, muchas de las personas involucradas ya no van a poder ser investigadas debido a la prescripción del caso. “Pero lógicamente todo ese tipo de cuestiones se tendrán que analizar con profundidad. Por eso es muy importante la participación de la fiscala general del Estado, es muy importante el trabajo de la Contraloría y también del procurador”, indicó.
Bacchetta destacó que la actuación que le queda al procurador será importante a la hora de analizar si se puede reclamar algún resarcimiento por parte del Brasil. “El procurador es el custodio del patrimonio del pueblo paraguayo y también tendrá que analizar si se puede reclamar o no. Nosotros como país, también tenemos que llevar adelante una negociación muy importante como la revisión del anexo C, vamos a tener que hacerle ver a Brasil el perjuicio ocasionado a través de documentaciones”, acotó.
El informe de la CGR señala que desde 1985 a 1997, a excepción de 1991, “Itaipú aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad a pedido de representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos”, dejando de percibir US$ 1.700 millones y generando una deuda de US$ 4.193 millones “en contra de sus intereses y a favor de Eletrobras”.
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