El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) urge a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a que se expida sobre la nueva protesta presentada contra la licitación para la adquisición de 23.000 máquinas de votación que se utilizarán en las internas partidarias y municipales de 2026.

La intención del organismo electoral, encabezado por Jaime Bestard, es contar para este año con 5.000 máquinas de votación que serán empleadas para la capacitación de los ciudadanos y a las organizaciones políticas.

“Estamos dentro de un plazo límite, estamos preocupados, nosotros queremos tener las máquinas no para el día de las elecciones, sino antes para que la ciudadanía pueda capacitarse. Nosotros necesitamos que en la próxima semana se resuelva esta protesta presentada que ya fue contestada ayer por el TSJE”, refirió Christian Ruíz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

La compra de las máquinas de votación demandará una inversión de USD 93 millones. La suspensión por parte de la DNCP se concretó este último viernes, tras la protesta impulsada por la empresa Myru Systems.

“Debemos ir avanzando, pasar a la siguiente etapa que es la recepción y apertura de sobres y luego proceder a hacer la evaluación de las máquinas, la prueba de funcionalidad para emitir las recomendaciones correspondientes para la compra de tal o cual equipo”, indicó a la 1020 AM.

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La presentación de ofertas y apertura de sobres estaba prevista para este lunes 12 de mayo a las 09:00 de la mañana. “Estamos en el medio de una guerra comercial, donde las empresas que van a pugnar tienen sus medios o trolls, y se acusan uno con otros. Nosotros queremos estar al margen y trabajar con Contrataciones Públicas y decirles que nuestros pliegos tienen condiciones elevadas, que responden únicamente al interés de la institución, la democracia y del país“, dijo.

No es la primera vez que se suspende el llamado, las anteriores también fue debido a protestas de oferentes. “Lo ideal es tener 5.000 máquinas de votación ya para este año y comenzar a trabajar, queremos que las mismas estén en las calles a disposición de la ciudadanía y las organizaciones políticas para que se vayan familiarizando, prácticando“, puntualizó Ruiz Díaz.

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El director financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, indicó que la institución se encuentra organizado una gran mesa de trabajo que incluya a los tres poderes del Estado con la finalidad de impulsar una reforma integral de la Ley de financiamiento político, con el objetivo de evitar el uso del dinero sucio en las campañas electorales.

“La única forma es llevando adelante una reforma integral de la ley, estableciendo una normativa única donde se prevea todas las etapas y procesos, fijando claramente quienes son los responsables, cuales son sus derechos, obligaciones y las formalidades que se deben cumplir. Así como está hoy en día, con cuatro leyes que se modifican parcialmente y otras soluciones parches que se quieren dar, no vamos a poder dar una respuesta a lo que la ciudadanía pretende para tener una democracia mucho más saludable”, sostuvo Ruiz Díaz en la 1140 AM.

Detalló que la mesa de trabajo también debe contar con la participación de las autoridades del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Actualmente, la ley de financiamiento político está muy dispersa porque son cuatro leyes que se modifican de manera parcial. También están los reglamentos de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), que regula específicamente al sector político y el reglamento emitido por la Justicia Electoral, para tratar de ordenar lo que son los diferentes procesos y etapas que deben ser cumplidos. Nosotros pretendemos la unificación de todas las leyes de financiamiento político”, comentó.

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Asimismo, Ruiz Díaz indicó que “esta dispersión nos lleva a un caos jurídico, es muy difícil que el ciudadano, el candidato, pueda entender con una simple lectura cuáles son sus derechos y obligaciones que imponen las leyes. Todo es bastante complicado, se necesita ir ajustando la normativa y adecuando a los nuevos procedimientos".

La normativa que regula el financiamiento político fue promulgada en febrero del 2020. Establece que los candidatos a elecciones municipales y generales deben presentar sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas. También se incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) para el control del dinero utilizado en las campañas políticas.

“Para que realmente podamos sanear, debemos trabajar para mitigar o eliminar el hecho generador del dinero sucio, controlar el narcotráfico, la evasión de impuestos, el tráfico de armas. Mientras exista el dinero sucio permeará en todas las esferas de la sociedad, este es el gran desafío”, dijo el funcionario del TSJE.

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Desde la Secretaría de Emergencia Nacio­nal (SEN) preparan el envío de 34 mil kilos de alimentos no perecederos para 686 familias de dife­rentes comunidades indíge­nas apostadas en los depar­tamentos de Presidente Hayes e Itapúa, cumpliendo así con la sentencia de la Corte Interamericana de Dere­chos Humanos.

Estas asistencias humani­tarias se vienen llevando a cabo desde hace varios meses con envíos de alimen­tos de cantidad similar para las comunidades indígenas más desprotegidas y aisla­das, brindándoles así un respaldo alimenticio.

“Enviamos ayuda a siete comunidades indígenas, seis de las cuales se encuen­tran en la región Occidental y una en la Oriental. Son comu­nidades indígenas que han obtenido una sentencia favo­rable de la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos, donde el Estado paraguayo debe asistirles en diferentes ámbitos”, explicó el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, en conversación con la 1020 AM.

El mismo explicó que regu­larmente realizan el envío de los alimentos durante la primera semana de cada mes, momento en que los equipos se trasladan hasta las diferentes comunidades para que, tras previa apro­bación de los líderes de cada comunidad sobre la calidad y cantidad de alimentos, se proceda a la entrega de los kits. “Tratamos de hacer las entregas de la manera más transparente posible, demostrando que la calidad de los productos es buena, así también garantizamos que se encuentran satisfechos con los envíos realizados”, remarcó el ministro Zárate. En el marco de la mencio­nada sentencia de asisten­cia a las comunidades indí­genas, está establecida la construcción de caminos, la provisión de agua potable y el acceso a los servicios bási­cos, áreas donde el Estado paraguayo está trabajando de manera continua.

En el marco del programa Sumar, la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) llevó a cabo una jorna­da-taller en el Colegio Pri­vado Redentorista San Cle­mente María, en la ciudad de Asunción.

El principal objetivo es promover la implemen­tación de programas de prevención en el ámbito educativo, brindando herramientas prácticas y conceptuales a los equipos docentes.

La capacitación estuvo diri­gida a docentes del nivel inicial y primer ciclo, per­tenecientes a diversas ins­tituciones educativas, con el acompañamiento de las supervisiones 00-30 y 00-32 de capital.

Durante el encuentro se tra­bajó en lineamientos, enfo­ques y estrategias preventi­vas, orientadas a fortalecer el abordaje del consumo de sustancias en el contexto escolar.

Participaron 75 educado­res, quienes manifestaron su compromiso con la cons­trucción de entornos esco­lares protectores y libres de riesgos, en línea con la misión del Plan Sumar, de impulsar comunidades más seguras y resilientes.