Voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) explicaron que está en proceso una campaña que buscaría alejarlos de zonas donde operan miembros del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tras la aparición de supuestas denuncias por parte de algunos líderes de comunidades indígenas de la zona.

La denuncias por supuestas amenazas por parte de miembros de la FTC se producen llamativamente días después que ciudadanos argentinos, presuntamente vinculados tanto al EPP como a una agremiación de abogados de ese país, ingresaran a la comunidad indígena Yvytype, en el departamento de Amambay, con la excusa de que estaban realizando la búsqueda de la menor supuestamente desaparecida tras el último enfrentamiento entre el grupo criminal y la FTC, en noviembre pasado.

Los indígenas de la mencionada colonia denunciaron formalmente que dos personas, que fueron identificadas como Ernesto Villalba y Germán Lovari, los amenazaron para que entregaran a la menor de edad, a quienes los indígenas tendrían en su poder, algo que fue totalmente desmentido tanto por los líderes de esa comunidad como por Digna Morilla, representante del pueblo Pa’i Tavyterã, quien también asesora a otras comunidades.

La FTC, por su parte, expuso imágenes y videos en los que se puede observar que se encuentran brindando asistencia alimenticia y médica a las diferentes comunidades indígenas de la zona.

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Pero también expresaron su sorpresa al ver en redes sociales las repercusiones de las supuestas denuncias por amenaza realizadas por uno de los líderes de la comunidad Pa’i Tavyterã, cuyo nombre y firma figuran en una planilla en la que consta la asistencia recibida por su comunidad y otras para él, en especial, por tratarse del líder.

“Es muy llamativa la actitud de este líder, pues en enero de este año, tal como consta en la planilla, la FTC entregó más de 600 kilos a las familias que están en el lugar, todo documentando y filmado”, expresa parte del documento presentado.

Aclararon que los militares no pueden abandonar la zona, ubicada a menos de 1.500 metros del lugar, donde miembros del grupo criminal quemaron una estancia y asesinaron a unas personas.

También la asistencia se lleva a cabo en la zona del Cerro Guazú, lugar del último enfrentamiento, y en el transcurso del año ya fueron entregados más de 6 mil kilos de víveres y se ha asistido a al menos 300 familias. Entre la asistencia figura la entrega de 6 vacas lecheras y otro tipo de asistencia para la producción.

La presencia de los supuestos profesionales argentinos en la zona ha generado incluso un quiebre al interior del grupo criminal, situación expuesta en redes sociales por parte de personas vinculadas con algunos de sus integrantes, como Daisy Irala Toledo, exabogada de las hermanas Carmen, Laura y Myriam, alegando “ingratitud y deslealtad”.

Por su parte, Morilla, líder de la comunidad Ita Guasu y perito indígena del Poder Judicial, tras la denuncia presentada por la presencia de ciudadanos argentinos, acompañados de familiares directos de los integrantes del EPP, dijo que “todos saben que para nosotros, los indígenas, está prohibido tener a paraguayos o paraguayas en nuestro poder, por eso queremos que el Gobierno se apresure y solucione este problema porque nuestra gente tiene miedo, esta gente es peligrosa y ya están viniendo desde la Argentina”.

Las denuncias por la presencia de menores de edad en filas del grupo criminal ya han sido realizadas desde hace tiempo y se menciona además que efec­tivamente, jóvenes indígenas también fueron reclutados por el grupo cri­minal.

Varios materiales como fotografías, videos y elementos propagandísticos hallados por miembros de la FTC en los campamentos del EPP durante las incursiones confirmarían las versiones.

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