El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.

El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.

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Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.

Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.

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Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) se reunieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el fin de exponer los motivos por los cuales consideran que fue prematura la desestimación de la denuncia por desfalco a la previsional por G. 1,6 billones contra su extitular, Vicente Bataglia.

“Fue positiva la reunión, el fiscal también había pedido una reunión con nosotros para escuchar cuál era la posición del IPS y nosotros le comentamos que no estábamos conformes con el dictamen del Ministerio Público. Nosotros habíamos pedido una pericia, sin embargo, se hizo un informe nomás y dijimos que ese informe se basó en premisas falsas”, aseveró José González, asesor jurídico del instituto.

En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por GEN/Nación Media, señaló que durante este encuentro, pudieron manifestar que el IPS solicitó sin éxito la realización de más de 10 diligencias a la Fiscalía y que además, se adjuntaron tres auditorías externas de modo a añadir a la carpeta fiscal, no obstante, estas no fueron investigadas.

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“Nos llamó la atención que esa causa inició con el número 64/2023 donde se denunciaron varios hechos de corrupción, sin embargo, días antes de la desestimación se abrió una nueva causa que se terminó desestimando. Nosotros expusimos todas las diligencias que están pendientes, que se apresuró el Ministerio Público y él (Emiliano Rolón) tenía otra versión de los hechos”, aseveró.

González precisó que a lo largo de este año, se fueron presentando ampliaciones de la denuncia ante el Ministerio Público, en las que se fueron abriendo causas penales distintas, hecho que es llamativo para el IPS, por lo que solicitaron que las investigaciones se realicen en su conjunto de modo a desvirtuar la investigación.

“Él estaba convencido de que estaba bien, después nosotros le comenzamos a explicar punto por punto y ahí nos dijo que son cuestiones puntuales que debemos manifestar en el momento procesal oportuno, le expresamos que no consideramos correcta la desestimación. Ahora esperamos que el juez penal de Garantía le dé trámite de oposición y que se pueda rectificar ese dictamen porque faltan demasiados elementos de prueba que se deben reproducir e investigar en esta etapa”, sostuvo.

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Una vivienda que funcionaba como boca de fumo y estaba ubicada a solo metros de una institución educativa en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Villarrica, departamento del Guaira, fue intervenida por agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, luego de que vecinos y autoridades del centro educativo denunciaran la situación.

Tanto vecinos, como también la propia directora de la escuela Curuzú Francisco de Villarrica, denunciaron ante las cámaras del canal GEN / Nación Media la situación insostenible que estaban atravesando los pobladores del barrio Santa Lucía, ya que a raíz de la venta de drogas en una de las viviendas de la zona, los adictos se habían apoderado de las calles, llegando incluso a realizar pequeños campamentos en los patios baldíos y veredas.

“Más de 30 veces ya entraron a robar a la escuela, solo en el último mes se entró tres veces, a veces ya queremos bajar los brazos y darnos por vencidos porque la situación ya es insostenible, los adictos rondan la zona y están frente a esa vivienda donde se vende todo el tiempo. Los vecinos también tienen miedo de lo que pueda pasar y temen represalias por las denuncias”, comentaba Toribia Rosales, directora de la escuela Curuzú Francisco.

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Tras la denuncia pública y la intervención policial, el lugar fue allanado y quedaron detenidas dos personas, quienes serían las encargadas de comercializar la droga. Así también, encontraron 400 gramos de cocaína listos para la venta, dinero en efectivo y otros elementos relacionados.

Los intervinientes destacaron que según los datos obtenidos de este punto vendrían otros vendedores a surtirse de la droga para llevarla a barrios aledaños, funcionando a su vez como un punto de distribución.

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Esta semana una mujer denunció en redes sociales que consumió una bebida alcohólica que estaba en mal estado y que le derivó en una internación hospitalaria. Luego de ser dada de alta, reclamó al proveedor y le confirmaron que ellos no vendían sus productos al supermercado de donde adquirió la bebida.

Según Óscar Allende, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), tomaron conocimiento de este caso mediante el Ministerio Público y desde el primer momento iniciaron el acompañamiento de la investigación. Así también, se comunicó al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

“Nosotros abrimos un proceso de investigación en base a esto para ver si efectivamente ese vino fue adulterado o fue comprado sin registro sanitario, cuáles fueron las implicancias del caso”, expresó Allende, director de Vigilancia de Medicamentos, en entrevista con la 650 AM.

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Resaltó que se trata de un proceso bastante delicado y que requiere la intervención de más instituciones para la investigación, como la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), la Fiscalía, el INAN y la Dinavisa. “Evidentemente era un vino picado”, apuntó.

Aseguró que se considera un producto picado porque de alguna u otra manera se alteró ese proceso legal de comercialización. “También, podría tratarse de que se transportó de una manera que no tenía que ser o desde la fábrica se envasó en un lugar donde no debería haber sido”, puntualizó.

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