El Congreso de Ecuador, de mayoría opositora, resolvió ayer miércoles “desconocer” por “inconstitucional” la suspensión por cinco meses de la vicepresidenta Verónica Abad, crítica del mandatario Daniel Noboa, ordenada por el Ministerio de Trabajo y que derivó en una crisis política.

Con el voto de 86 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional aprobó “desconocer la sanción establecida en contra de la señora María Verónica Abad Rojas, en su condición de vicepresidenta”, según la resolución.

El Parlamento anunció que también presentará ante la Corte Constitucional una acción de interpretación de varios artículos de la Carta Magna, relativos a quién debe reemplazar al presidente y vicepresidente en caso de ausencia. El lunes, el gobierno designó a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina en medio de la crisis política que se desató por la suspensión temporal de Abad.

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Esa sanción impediría a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña en enero por la reelección en los comicios generales de un mes después, como determina la ley. La cartera de Trabajo ordenó el sábado la suspensión del cargo sin derecho a sueldo de Abad por el “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.

Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados de 2023 al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña electoral. Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de ese año, el mandatario nombró a su vice embajadora en Israel.

En setiembre, ante una escalada del conflicto en Oriente Medio, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. Para la suspensión de la vicepresidenta, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de setiembre, pero que llegó cinco días después.

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El Congreso decidió también “condenar” las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien “de manera inconstitucional e ilegal estableció un procedimiento especial para sancionar mediante sumario administrativo a servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público”.

Abad sostuvo el domingo que para sancionarla se consideró “una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”, para lo que por ahora lidera la intención de voto.

Fuente: AFP

• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.

A ocho meses de haberse iniciado el proceso penal contra el expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez y varios de sus principa­les colaboradores, la Justicia ya rechazó tres chicanas pre­sentadas por la defensa de los imputados por la filtración y producción de información falsa en la Seprelad.

Asimismo, aún sigue pen­diente de estudio en la sala penal de la Corte dos ape­laciones más que presen­taron los abogados Emilio Fuster en representación de Arnaldo Giuzzio y Alfredo Enrique Kroanawetter en representación de Daniel Farías. Ambos apelaron la resolución del tribunal de alzada que otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que presente su acusación contra Abdo y el resto de los imputados.

Los ministros de la máxima instancia judicial que deben destrabar el proceso penal de Mario Abdo Benítez y sus exministros son Manuel Ramírez Candia, César Die­sel y Gustavo Santander.

Las chicanas que ya fueron rechazadas por la Justicia son la recusación contra los integrantes del Tribu­nal de Apelación que en su momento debían estudiar la recusación que pesaba sobre la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.

Igualmente, al ser confir­mada la cámara de apela­ción, la misma rechazó la recusación que presentó el abogado Emilio Fuster, defensor de Giuzzio contra la magistrada Cynthia Lovera. No contento con la resolución contundente del tribunal de alzada, Fuster presentó una nueva apelación ante la sala penal de la Corte tratando de separar a la jueza Lovera. En efecto, la sala penal de la máxima instancia judicial declaró inadmisible la ape­lación y por ende confirmó la competencia de la magis­trada Cynthia Lovera.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás Mauricio Espí­nola, por varios hechos puni­bles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de ata­car políticamente al exman­datario Horacio Cartes y el entonces candidato presiden­cial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denun­cia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

El Tribunal de Apelación otorgó 6 meses más de tiempo a la Fiscalía para que investigue al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y los demás impu­tados, acusados por varios delitos en el caso conocido como filtración de infor­mación de Seprelad. Con la presente resolución, el 11 de marzo de 2025 el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo, que podría ser la acusación y el pedido de juicio oral para Abdo Benítez y leales, o bien una salida procesal.

El 31 de julio de 2023, el presi­dente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exman­datario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denun­cia formal ante el Ministerio Público por persecución polí­tica desde el 2018 a la fecha. El 30 de agosto y 30 de octu­bre del mismo año amplió la denuncia agregando filtra­ciones de información con­fidencial.

“Mario Abdo Benítez persiguió a todo el movimiento Honor Colorado y se alió a la opo­sición para que caiga la Aso­ciación Nacional Republicana en el 2023″, afirmó el secre­tario general de la Junta de Gobierno de la agrupación tradicional, Eduardo Gonzá­lez, tras tumbar la imagen de perseguido político que busca instalar el exmandatario en su vuelta a la política.

“Claro que hablará de perse­cución política porque se le está viniendo la noche”, mani­festó al diario La Nación/Nación Media tras hacer refe­rencia a las irregularidades detectadas por la Contralo­ría en los estados financieros de las empresas de asfalto de Abdo Benítez que podrían ocultar varios ilícitos, desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero.

Recordó además de las denuncias por casos de corrupción que salpicaron al gobierno de Abdo durante la pandemia del covid-19. “Abdo Benítez es un cara­dura, sinvergüenza y ladrón, que no venga a dar cátedras de moral y de buena gestión cuando tuvo casi 20.000 paraguayos muertos sobre su espalda y espero que alguna vez se haga respon­sable”, indicó.

González indicó que uno de los puntos del informe de la Contraloría que salta a la vista es que las firmas Almacenamiento y Distri­bución de Asfalto S.A. (Aldia S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.) experi­mentaron un millonario cre­cimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accionista mayori­tario se desempeñaba como presidente de la República.

Agregó que Abdo sí fue capaz de usar el aparato estatal para perseguir a sus enemi­gos, “creando informes falsos que fueron enviados al norte para buscar las san­ciones contra el expresi­dente Horacio Cartes. Esos informes fueron elaborados con sus ministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y Emilio Fuster, todos de la oposición, quie­nes militaban en el Partido Democrático Progresista. A toda persona que tenía olor a Honor Colorado sacó de la función pública, sin importar la antigüedad, sus familias”, sostuvo González.