Agentes de la Fiscalía realizaron un recorrido en el que constataron que existen instalaciones clandestinas y que nadie cuenta con medidores, indicios que dan cuenta de que la propiedad no pertenece a los ocupantes. FOTO: GUSTAVO GALEANO.
Tribunal constató invasión de inmueble en Minga Guazú
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CIUDAD DEL ESTE. AGENCIA REGIONAL.
Finalmente, tras días de suspensión a consecuencia de la inclemencia del tiempo, la comitiva fiscal-judicial se constituyó en la tarde del martes en la propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el km 29,5 Monday, en el marco del juicio oral y público a unos 28 invasores. El inmueble está individualizado como finca Nº 10.239, Puerto Presidente Stroessner, actualmente distrito de Minga Guazú. La sentencia se conocerá en los próximos días.
La comitiva fue encabezada por el juez penal Fabio Aguilar y el agente fiscal Luis Trinidad. Este último en reemplazo de su colega Zunilda Ocampos (titular de la causa), quien se encuentra de vacaciones. Así también estuvieron presentes los abogados por parte de la querella y la defensa de los ocupantes, quienes acompañaron todo el recorrido con las autoridades.
La propiedad fue ocupada irregularmente en mayo del 2015, según la denuncia.FOTO:GUSTAVO GALEANO
En declaraciones a La Nación, el fiscal Trinidad mencionó que la constitución era una de las diligencias en el marco del juicio oral, que está llegando a su fin. El propósito es que el tribunal verifique in situ la situación del inmueble invadido.
El tribunal estuvo compuesto por Fabio Aguilar Benítez, presidente, y los miembros Serafín González y Vitalia Duarte, además de la actuaria Claudia Vargas.
Según el representante del Ministerio Público, durante el recorrido pudieron constatar que existen instalaciones clandestinas y que nadie cuenta con medidores, indicios que dan cuenta de que la propiedad no pertenece a los ocupantes.
Por otro lado, el abogado querellante Héctor Duarte afirmó que “a partir de la constitución se pudo corroborar perfectamente los límites del inmueble, que se condicen con el título de propiedad y que está claramente establecida la parte que fue objeto de loteamiento y también la fracción de las otras 10 hectáreas que no se lotearon, pero que forman parte de la misma propiedad que está con edificaciones de casas precarias, notoriamente recientes, y erguidas por los invasores”.
LOS ANTECEDENTES
La invasión del inmueble, propiedad de Víctor José Agüero González, se produjo en mayo del 2015. Unas 100 personas atropellaron el predio ajeno, pero fueron desalojadas en noviembre de ese mismo año.
Desoyendo la orden judicial, el mismo grupo derribó el cercado y volvió a ingresar al lugar. Con el transcurrir de los años, muchos decidieron abandonar el sitio y 28 personas fueron procesadas y ahora afrontan el juicio oral y público.
Experto en economía agrícola, Carlos Ludeña, resaltó el esfuerzo que encara el Indert para la titulación masiva de tierras que trae importantes beneficios económicos y sociales. Foto: Gentileza
Titulación masiva del Indert: experto en economía agrícola destaca beneficios de la formalización
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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.
El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.
Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.
Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.
“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.
Notorios cambios en la gestión
Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.
“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.
Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.
La titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como la productividad agrícola, el acceso a créditos, así como la reducción de conflictos, entre otros. Foto: Gentileza
Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.
Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.
“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.
Otros beneficios
Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.
“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.
Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja,dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.
Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.
Un tribunal de sentencia condenó a 29 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por el hecho punible de homicidio doloso. Foto: Archivo
Condenan a 29 años de cárcel a un hombre por asesinar a otro
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El tribunal de sentencias de San Pedro, integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristhian Duarte, condenó a 29 años de cárcel a Édgar Ramón Florentín, encontrado culpable del hecho punible de homicidio doloso del que resultó víctima Manuel García Mereles.
La agente fiscal Irma Concepción Arias Barreto, de la Unidad Penal de la ciudad de Itacurubí del Rosario, pudo arrimar todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.
La representante del Ministerio Público logró demostrar de manera convincente en juicio oral, la participación del ciudadano hoy condenado en el homicidio ocurrido el 8 de agosto del año 2021, en horas de la noche, en el interior de una granja denominada “Las Mercedes”, del asentamiento con el nombre “Nuclear 15 de Mayo”, distrito de San José del Rosario, departamento de San Pedro.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que estudie y resuelva si corresponde confirmar la sentencia condenatoria para Duarte.
Igualmente si el tribunal de apelación llega a confirmar la sentencia condenatoria, la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte.
Condenado a 4 años de cárcel por intentar sustraer cable subterráneo en Ñu Guazú
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Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Carlos Hermosilla y Juan Vicente Fretes, condenó a 4 años de cárcel a Eufau Riveros Mascareño, encontrado culpable por tentativa de hurto por intentar sustraer cables subterráneos de la avenida Ñu Guazú.
El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado con varios elementos de prueba, por lo que la pena justa para el procesado es la de 4 años de cárcel.
La agente fiscal Karen Chaparro Martínez, representó al Ministerio Público en el juicio oral y público. La misma arrimó todo los elementos probatorios para demostrar la responsabilidad del procesado.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o decidir que se realice un nuevo juicio oral y público.
El 16 de agosto de 2022, en horas de la noche, Eufau acompañado de otra persona de sexo masculino se encontraba cortando cables subterráneos de la avenida Ñu Guazú, cuando fueron interceptados por personal policial de la Comisaria 12ª que acudió al lugar por llamado al Sistema 911 de un vecino del lugar. En poder del ahora condenado, en el interior de una mochila, se encontró una pinza de color amarillo.
El abogado Rubén Melgarejo Lanzoni pidió como medida cautelar la prohibición de innovar y contratar sobre un costoso inmueble para evitar su doble venta. Foto: Archivo
Urgen a jueza proteger inmueble ante posible doble venta
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El abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, representante legal de Roberto Alexander Damián Cabañas Melgarejo, en el marco de un juicio civil por obligación de hacer escritura pública contra la vendedora, solicitó a la jueza Magalí Zavala la medida cautelar de prohibición de innovar y de contratar sobre un inmueble individualizado como Lote N° 276 del Proyecto Habitacional N° 49 (GHA), Grupo Habitacional Aeropuerto (ExIPVU).
El inmueble en cuestión posee una superficie de 750 m2, inscripto con matricula N° 12.236 de la Recoleta, cuyo dominio figura a nombre de la demandada. El pedido realizado por el representante legal de Cabañas Melgarejo señala lo siguiente:
“El inmueble fue objeto de contrato privado de compraventa celebrado en fecha 30 de julio de 2024, sujeto posterior a una adenda del 18 de noviembre de 2024, mediante eso existe el compromiso de pagar el saldo de la suma de G. 240.494.258, de los cuales ya fue abonado la suma de G. 579.505.742, siendo la suma total de la compra venta de G. 820.000.000”.
Asimismo, "la formalización del contrato de compraventa fue realizada ante el notario y escribano público José María Livieres, de acuerdo al documento agregado al expediente judicial”, indica el escrito del accionante.
Igualmente, refiere que “la vendedora se ha negado reiteradamente a firmar la escritura pública de transferencia incumpliendo su obligación contractual, específicamente por no gestionar el certificado de Cumplimiento Tributario, documento esencial para formalizar la transferencia de dominio. A pesar de los reiterados llamados y colacionados que fueron diligenciados en tiempo y forma, siempre la vendedora fue renuente a cumplir con lo pactado”.
Del mismo modo, el accionante sostuvo que “el motivo principal de solicitar la medida cautelar de urgencia obedece a que el día 9 de mayo de 2025, el notario y escribano José María Livieres recibió un llamado de la vendedora, donde solicita el levantamiento de la condición de dominio del inmueble objeto de res-litis”.
Agrega además que “también se deja constancia que existe riesgo real e inminente de que la vendedora intente transferir, gravar, enajenar o alterar el inmueble en perjuicio de los derechos adquiridos por mi representado por lo que escrito mediante presentado a la jueza civil Magali Zavala se pide que se haga lugar a la medida cautelar para evitar que la vendedora del inmueble pretenda transferir a otra persona".