El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, convocó a una sesión extraordinaria para tratar el rechazo del proyecto de ley de resolución de insolvencia por parte de la Cámara de Diputados. En un tratamiento exprés, en un cuarto intermedio de la sesión ordinaria, los senadores resolvieron aceptar el rechazo de la Cámara Baja y con ello se remitió al archivo la polémica propuesta del Poder Ejecutivo para la actualización de la Ley de Quiebras de 1969.

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El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Senadores; sin embargo, recién esta semana tomó notoriedad pública y fue blanco de críticas y cuestionamientos por las estrictas disposiciones para los deudores a entes financieros e incluso prestamistas y usureros. Con el rechazo de los diputados, ahora los senadores reconocieron el “error” y decidieron llevar al archivo el cuestionado proyecto.

En la jornada de ayer miércoles, el pleno de la Cámara Baja, con una mayoría absoluta (80 votos), rechazó el proyecto de ley de resolución de insolvencia, que ya contaba con media sanción de la Cámara Alta. En su totalidad, los diputados coincidieron en que no era el momento para implementar una normativa de esta envergadura, teniendo en cuenta la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país.

En los articulados establecía que si hay 70 días de mora por alguna deuda, los acreedores pueden gestionar ellos mismos la quiebra. Se establece que con la segunda cuota impaga, el empresario entrará en cesación. El afectado deberá contratar abogados y pagar a los mismos síndicos.

Una vez que se determine el apoderamiento legal de todos los bienes del deudor, estos serán administrados por síndicos de quiebra que deberán liquidar todo y pagar al acreedor. Estos términos generaron en la ciudadanía una fuerte preocupación.

Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para aprobar la certificación a los países que luchan contra el lavado de dinero. La iniciativa apuntaba a modificar la ley de quiebras, de acuerdo a varios expertos en la materia.

Esta iniciativa hace parte del paquete de leyes que el país debe aprobar y poner en vigencia para obtener la certificación del grupo financiero, de los cuales Paraguay ya ha cumplido en su gran mayoría como la ley de financiamiento político.

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