Por Decreto N° 4220, el Poder Ejecutivo dispone nuevas medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo en todo el territorio nacional por el COVID-19, que regirá a partir del 26 de octubre al 15 de noviembre.
De acuerdo al documento firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, las medidas sanitarias anteriores se mantienen iguales; a excepción de algunas modificaciones establecidas para esta etapa. Con relación a cada sector se mencionan las siguientes medidas:
Actividades académicas
Aún quedan suspendidas las clases presenciales en todos los niveles. No obstante, quedan bajo excepción los alumnos del 3er. año de la media, quienes podrán retornar a las aulas de forma presencial a partir del 2 de noviembre del 2020. Las demás medidas respecto al sector se mantienen.
Actos religiosos
Deberán realizarse con un agendamiento previo y un máximo de hasta 150 personas en espacios abiertos o al aire libre, y hasta 100 personas en espacios cerrados. Las demás medidas se mantienen iguales a excepción de las modificaciones.
Mascarillas
El decreto también recuerda que es de uso obligatorio las mascarillas o tapabocas en lugares públicos, en la vía pública, en el transporte público y en aquellos lugares donde no se pueda mantener distanciamiento físico. El cumplimiento del protocolo para el ingreso a los lugares y la realización de las actividades y servicios se mantienen.
Leé también: Mario Abdo está recuperado tras descompensación por cansancio
Te puede interesar: Mercosur: cierre del puente debe motivar salida de Argentina, según Yd
Dejanos tu comentario
Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
Te puede interesar: Loma Plata: detienen a una persona con dosis de cocaína y dinero en efectivo
El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
Dejanos tu comentario
Filtración de Seprelad: imputados entorpecen proceso con chicanas
El abogado Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; y Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, procesados penalmente por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros hechos, recurren a chicanas para evitar someterse a la justicia.
Los tres primeros imputados presentaron una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien fijó para este lunes 25 de marzo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares de los imputados.
También fueron imputados por el mismo involucramiento el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez; los exministros Carlos Arregui, extitular de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior; Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exministro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola, además de Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Te puede interesar: Senado: Comisión de Constitucionales tratará desafuero de Mario Abdo
El Ministerio Público imputó a los citados por los delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
El pasado jueves la jueza Cynthia Lovera admitió la imputación contra los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez por reunir todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal. Con relación al exjefe de Estado, se pidió el desafuero al igual que el del diputado Mauricio Espínola.
Podés leer: Desafuero de Abdo Benítez: senadora adelantó que decisión será en bancada
Dejanos tu comentario
Incorporan nuevas medidas para mejorar la seguridad
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso actualizaciones en el apartado sobre seguridad en cajeros automáticos del Manual de Seguridad para las Entidades Financieras. Las modificaciones están orientadas a la mejora continua en lo que respecta a la seguridad de las actividades de bancos y entidades financieras.
Desde la banca matriz informaron ayer lunes sobre algunas modificaciones que se implementarán en términos de seguridad para las instalaciones de cajeros automáticos en el país. Las mismas, según mencionaron, responden a la importancia de fortalecer las normas existentes en seguridad bancaria, a través del uso de tecnología y procedimientos que incorporen mayor seguridad.
Así también, indicaron que buscan protección y que provean a las entidades financieras y autoridades competentes mejores herramientas para la prevención y persecución de ilícitos. De igual manera, las actualizaciones están orientadas a la mejora continua en lo que respecta a la seguridad de las actividades que realizan los bancos y las financieras.
Se prevé establecer lineamientos precisos para aquellas que deseen habilitar las operaciones de un cajero automático (ATM, por sus siglas en inglés). Entre los requerimientos se menciona la obligatoriedad de efectuar un análisis de riesgo previo a cada instalación, que clasifique la ubicación del ATM, según si el riesgo es bajo o alto y estableciendo requisitos mínimos exigidos para todas e incorporando medidas específicas para las calificadas como de alto riesgo.
Para el análisis de riesgo y posterior clasificación, las entidades deberán tomar en consideración como mínimo factores tales como ubicación de los cajeros automáticos, infraestructura del lugar, flujo de personas, nivel de vigilancia de seguridad, cercanía de instalaciones policiales, antecedentes de intentos o ataques anteriores.
Por otro lado, afirmaron que la resolución igualmente contempla aspectos vinculados con las políticas de seguridad física y otras para las entidades supervisadas. La matriz bancaria expresa compromiso con la seguridad de las entidades financieras, por lo que sigue avanzando en la mejora continua de todo el sistema.
Dejanos tu comentario
Exministros de Abdo comparecerán para la imposición de medidas
Los exministros y exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez deberán comparecer ante la jueza Cynthia Lovera para la imposición de medidas en la causa de la imputación de la Fiscalía por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
El Juzgado Penal de Garantías estableció un calendario para que los imputados en esta causa puedan comparecer a la audiencia de imposición de medidas desde el 25 de marzo hasta el 5 de abril, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde el Poder Judicial.
CARLOS ARREGUI, EL PRIMERO
El primer convocado es el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui para el 25 de marzo a las 8:30. Arregui es sindicado en la investigación de disponer el organismo de control como laboratorio de informes de inteligencia tendencioso con la introducción de datos con características alteradas.
Para el 1 de abril a las 8:30 fue convocado René Milciades Fernández, exministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
Para el 26 de marzo a las 8:30 fue convocado el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en ese entonces Arnaldo Giuzzio. El mismo es considerado como elemento disparador para activar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña).
El 2 de abril deberá presentarse la exdirectora general de Análisis Financiero y Estratégico Carmen María Pereira, quien es apuntada como una de las redactoras del informe de inteligencia de persecución con base en el borrador de Daniel Farías y René Fernández.
Para el 3 de abril, fue convocado el funcionario Daniel Farías Kronawetter, exasesor de Inteligencia Financiera del Ministerio del Interior, quien pese a no ser funcionario de la Seprelad se introdujo a la institución y en una situación de fuertes indicios de usurpación de funciones tenía acceso a datos y expedientes confidenciales.
Mientras tanto, Guillermo Preda, exdirector de Análisis Financiero y exdirector interino de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, deberá comparecer el 4 de abril. El mismo sería otro de los redactores del informe de inteligencia con datos considerados tergiversados con colaboración de personas ajenas a la institución.
El último convocado para el 5 de abril es el exfuncionario Francisco Pereira Cohene, quien en carácter de director de Análisis habría enviado un archivo creado fuera de la Seprelad por personas ajenas a ella para que forme parte del informe de inteligencia.
En tanto, en los casos del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se aguardará la aprobación del Congreso Nacional, el Senado en el caso de Abdo y Diputados en el caso de Espínola, del pedido de desafuero remitido por la jueza encargada del caso.