El fiscal Marcelo Pecci, de la Unidad de Crimen Organizado, adelantó que el exsenador y actual asesor del Frente Guasu, Alberto Grillón, será convocado eventualmente para una declaración testifical. La posible convocatoria de Grillón se da en torno al famoso cuaderno con contenido político encontrado en el aeródromo Arrayan, ubicado en la ciudad de Areguá, y que el político asumió como suyo.
“Escuché en los medios de comunicación que Grillón se presentaba como propietario del cuaderno, probablemente será llamado para una declaración testifical en Fiscalía y vamos a escucharlo a fin de corroborar ese extremo”, refirió el agente fiscal en entrevista a la 780 AM. Sin embargo, no precisó en qué momento se daría esta convocatoria.
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En este contexto, mencionó además que el cuaderno fue encontrado dentro de fuselajes de una de las aeronaves allanadas en una investigación por narcotráfico. “Todos los elementos que están en cada uno de los aviones deben ser incautados, en este caso particular alguna persona debe hacerse responsable de ese cuaderno, sea el dueño del avión, sea el chofer o algún pasajero”, explicó Pecci.
Asimismo, el agente fiscal refirió que el punto principal es que debe ser confirmado a quien pertenece el cuaderno y en qué momento apareció en la aeronave en la que fue encontrada en el allanamiento. “Para nosotros, la arista que debe ser confirmada y cotejada es si es de una persona en particular, en qué vuelo fue, si fue o no declarado, y en realidad todo el movimiento que tuvo esa aeronave”, sentenció el agente público.
El exsenador Alberto Grillón, y asesor de asuntos internacionales del Frente Guasu, confirmó ayer que el cuaderno hallado por la Fiscalía le pertenecía; sin embargo, descartó las versiones sobre un plan de destitución de autoridades mediante la vía del juicio político, ya sea al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, o al vicepresidente Hugo Velázquez. De acuerdo a sus propias expresiones, había olvidado el cuaderno en una de las aeronaves cuando utilizó el servicio aéreo.
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Itapúa: allanan vivienda de guardiacárcel e incautan droga lista para su distribución
En la noche de ayer lunes en el barrio Tacuary del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, fue allanada la vivienda de un hombre que trabaja en el penal de Encarnación como guardiacárcel. En el lugar fue encontrada una importante cantidad de droga, además de otras evidencias relacionadas con la venta de estupefacientes.
La comitiva fiscal y policial habría llegado hasta la vivienda luego de contar con información de que en el lugar funcionaba un punto de distribución de droga. Durante el procedimiento quedó detenido Carlos Antonio Molinas, de 36 años, quien trabajaba como guardia penitenciario en el penal de la ciudad.
En el allanamiento los agentes antinarcóticos se encontraron con 10 dosis de cocaína tipo crack, 411 gramos de marihuana prensada, un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 marca Bersa, varios cargadores y cartuchos, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo en diversas denominaciones, cinco esposas y un machetillo.
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Cuando se produjo la intervención en el lugar solo se encontraba Carlos Antonio Molinas, quien por disposición del fiscal de la causa Enrique Fornerón fue remitido a la comisaría de Encarnación, a la espera de que el sujeto pueda comparecer ante el Ministerio Público y proveer más datos respecto a lo incautado en su hogar.
Por su parte, el fiscal Fornerón destacó que la investigación buscará determinar a quién vendía la droga el ahora detenido, abriendo una línea de presunción de que el hombre también sería parte de un esquema de corrupción que permite que las personas privadas de su libertad tengan acceso a drogas y otros elementos prohibidos dentro del centro de reclusión.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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Paraná Country: desmantelan supuesta piratería de señales audiovisuales
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una comitiva encabezada por agentes fiscales de Asunción y por policías de Cibercimen, realizó hoy el allanamiento de un local en el barrio cerrado Paraná Country Club, de Hernandarias. Incautaron documentos y equipos, siendo desmantelado el lugar que opera bajo el nombre de Croconet S.R.L.
Intervinieron los fiscales Myrian Rodríguez y Miguel Quintana, de la Unidad Especializada contra Delitos de la Propiedad Intelectual y Contrabando, de Asunción, y agentes de Departamento de Delitos Informáticos (Cibercrimen) de la Policía de Alto Paraná, a cargo del comisario principal Diosnel Alarcón.
Fue en el marco del Operativo 451 contra la piratería, en la causa número 503/2024 de investigación fiscal sobre supuestos hechos punibles de violación de derechos de autor y derechos conexos. El allanamiento fue ordenado por el juez Rodrigo Estigarribia.
Existe una denuncia de los representes legales que tienen el derecho de la distribución de canales de televisión y de otros contenidos audiovisuales. El operativo comenzó a las 07:45 en un local ubicado sobre las calles Cerro Corá, esquina Quebracho Norte.
Es lo que informaron los intervinientes esta tarde, en conferencia de prensa realizada en Delitos Económicos y Financieros de Ciudad del Este. La investigación estuvo a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen.
“El operativo pudo desmantelar un esquema de captación, distribución y comercialización ilegal de contenidos audio visuales, supuestamente pirateados de empresas multinacionales, a través de tecnología OTT/IPTV, que permite transmitir a través de aplicaciones en dispositivos terminales móviles o Smart TV Android”, explicó el comisario Alarcón.
Agregó que en noviembre de 2023 ya se realizó una intervención similar en el mismo local. “Esto es parte de la lucha contra la piratería de señales que se viene realizando”, sostuvo el jefe policial.
“El trabajo consistió en poder verificar si, desde ese mismo lugar había equipos o herramientas que permitían hacer la distribución de esos contenidos y, creemos que, dentro de la intervención realizada hemos encontrado indicios suficientes que los peritos tendrán que verificar”, refirió el comisario Alarcón.
“Fue encontrada una infraestructura bastante grande, muy bien montada, cuasi legal, costosa, que permite seguramente a esta empresa hacer la distribución de señales“, remarcó el agente de Cibercrimen.
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Incautación de varios equipos
La fiscal Myrian Rodríguez dijo que todavía no identificaron a las personas responsables, pero se trataría de una sociedad de responsabilidad limitada y con los documentos incautados determinarán a los propietarios de la firma. La comitiva fue recibida por Gastón Quevedo y la verificación se hizo con presencia de abogados.
En cuanto a si serían los mismos dueños determinados durante la intervención del año 2023 del mismo local, mencionó que, aún no pueden confirmar, pero podrían ser las mismas personas. Agregó que el nombre sigue igual.
Confirmó la incautación de varios equipos con los cuales quedó desactivado el servicio que puede brindar la empresa, según la agente fiscal Rodríguez. En el acto se procedió a “bajar” los servidores a fin de que las señales (sin la autorización de los permisionarios) dejen de retransmitirse.
Fueron incautados 38 descodificadores de señales, 6 servidores, 3 equipos de computación y un celular. También incautaron 192 dispositivos que convierten las señales audiovisuales en datos para transmitir a través de Internet llamados Encoder, un dispositivo de red privada VPN y documentos varios.
La estimación de la pérdida es la siguiente: en infraestructura 500 mil dólares, mientras que la pérdida de rentabilidad anual aproximada, según las empresas multinacionales sería de 4 millones de dólares.
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Secuestro de colono: brasileños habrían venido con intención de robar e improvisaron rapto
En el marco de la investigación del secuestro del colono brasileño Silvio Fiedler, ocurrido el 28 de octubre pasado en su propiedad ubicada en la colonia Gleba 2, distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, este martes una comitiva policial y fiscal allanó la casa donde habría permanecido en cautiverio.
La vivienda está ubicada en la zona de Zanja Morotĩ en Itakyry, a aproximadamente 12 kilómetros de donde se dio el secuestro. La propiedad se encuentra en estado de abandono y alejada de otros vecinos que hayan podido percatarse de lo que ocurría.
El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía, dijo que en el lugar se encontraron varios indicios que corroboraron que el colono habría estado en ese lugar, ya que el mismo habría testificado sobre alimentos que le dieron y características del sitio que fueron corroborados en la intervención.
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“Una de las hipótesis que estamos manejando es que este grupo de brasileños vinieron al territorio paraguayo, ya siendo parte de algún grupo pensamos nosotros por los antecedentes que tenían uno de ellos y manejaban cierta información de que el papá de Silvio tenía dinero, pero al encontrarse con que no redujeron al colono y se lo llevaron”, indicó el jefe policial a la 1080 AM.
Cardozo remarcó que si bien los sujetos aparentemente no tenían planeado realizar el secuestro, ya conocían la vivienda a la que fue llevado Silvio Fiedler, por lo que investigan ahora la conexión que tendrían con la misma porque aparentemente sería propiedad de uno de los familiares de la expareja del colono secuestrado.