El Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Valores, emitió la resolución 0050/2024 que establece los requisitos y procedimientos obligatorios para el examen de idoneidad, inscripción y mantenimiento del registro de asesores bursátiles.

La misma constituye un paso fundamental para garantizar que los asesores que operan en el mercado de valores posean los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz y ética. Desde la banca, explican que la reglamentación establece el procedimiento para la realización de un examen de idoneidad antes de ingresar al Registro del Mercado de Valores.

Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través de la herramienta de registros y agentes, disponible en la página web de la banca matriz. Esta herramienta busca velar por la eficiencia y transparencia del proceso de registro relacionados al mercado de valores.

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En cuanto a la resolución, la misma estipula que el registro de los asesores bursátiles, tanto para nuevos inscriptos como para quienes ya forman parte del registro, tendrá una vigencia de cuatro años. Los asesores actualmente registrados no estarán obligados a realizar el examen de idoneidad hasta que expire el período de su registro actual.

Para la renovación, no se requerirá una nueva evaluación si el asesor demuestra una actividad continua en el mercado de valores, respaldada por documentación que avale dicha experiencia profesional. Asimismo, el examen de idoneidad se realizará con una frecuencia ajustada según la demanda, la cual será notificada mediante comunicaciones oficiales de la superintendencia.

Estas nuevas disposiciones apuntan a fortalecer la transparencia y profesionalización en el mercado de valores del país, consolidando un entorno financiero más seguro para todos los participantes. Para consultas respecto a la funcionalidad de la herramienta o soporte técnico, los interesados podrán contactar a la dirección de correo electrónico: sau@bcp.gov.py.

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Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.

A ocho meses de haberse iniciado el proceso penal contra el expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez y varios de sus principa­les colaboradores, la Justicia ya rechazó tres chicanas pre­sentadas por la defensa de los imputados por la filtración y producción de información falsa en la Seprelad.

Asimismo, aún sigue pen­diente de estudio en la sala penal de la Corte dos ape­laciones más que presen­taron los abogados Emilio Fuster en representación de Arnaldo Giuzzio y Alfredo Enrique Kroanawetter en representación de Daniel Farías. Ambos apelaron la resolución del tribunal de alzada que otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que presente su acusación contra Abdo y el resto de los imputados.

Los ministros de la máxima instancia judicial que deben destrabar el proceso penal de Mario Abdo Benítez y sus exministros son Manuel Ramírez Candia, César Die­sel y Gustavo Santander.

Las chicanas que ya fueron rechazadas por la Justicia son la recusación contra los integrantes del Tribu­nal de Apelación que en su momento debían estudiar la recusación que pesaba sobre la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.

Igualmente, al ser confir­mada la cámara de apela­ción, la misma rechazó la recusación que presentó el abogado Emilio Fuster, defensor de Giuzzio contra la magistrada Cynthia Lovera. No contento con la resolución contundente del tribunal de alzada, Fuster presentó una nueva apelación ante la sala penal de la Corte tratando de separar a la jueza Lovera. En efecto, la sala penal de la máxima instancia judicial declaró inadmisible la ape­lación y por ende confirmó la competencia de la magis­trada Cynthia Lovera.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás Mauricio Espí­nola, por varios hechos puni­bles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de ata­car políticamente al exman­datario Horacio Cartes y el entonces candidato presiden­cial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denun­cia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

El Tribunal de Apelación otorgó 6 meses más de tiempo a la Fiscalía para que investigue al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y los demás impu­tados, acusados por varios delitos en el caso conocido como filtración de infor­mación de Seprelad. Con la presente resolución, el 11 de marzo de 2025 el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo, que podría ser la acusación y el pedido de juicio oral para Abdo Benítez y leales, o bien una salida procesal.

El 31 de julio de 2023, el presi­dente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exman­datario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denun­cia formal ante el Ministerio Público por persecución polí­tica desde el 2018 a la fecha. El 30 de agosto y 30 de octu­bre del mismo año amplió la denuncia agregando filtra­ciones de información con­fidencial.