La directora de TV Cámara, de la Cámara de Diputados, Griselda Ortega, salió al paso y deslindó toda responsabilidad al canal público, tras viralizarse el video en que el diputado Roberto González aparece casi desnudo durante la sesión ordinaria de ayer.
“Salgo al paso de rumores, para defender el trabajo profesional del equipo de TV Cámara. Primero, nadie en la transmisión ‘filtró’ imágenes para desprestigiar a un diputado; las sesiones son privadas y al control central solo llegan las imágenes de quienes están hablando”, refirió Ortega a través de su cuenta de Twitter.
Leé también: Diputado al desnudo: “es un hecho bochornoso, me da mucha vergüenza”
Asimismo, mencionó que como medio estatal y público, no les compete intervenir en una situación como esta, es decir, evitar de que se haya publicado la imagen del parlamentario. “Nuestra misión es que la información llegue a la ciudadanía, sin tomar partido ni preferencia por nadie. Por ende, no nos compete intervenir en un incidente como el que fue visto y difundido por otros medios”, sentenció.
Por último, refirió contundente que no se harán responsables de la divulgación de la imagen del legislador. “Vale decir que recibimos la señal del multiview solamente durante las votaciones, por ende, reitero mi apoyo y confianza para el equipo del canal. Siempre agradecemos vuestros comentarios y opiniones, pero no vamos a asumir responsabilidades que no nos corresponden”, puntualizó.
Te puede interesar: Diputada pide a Abdo solicitar aviones hidrantes a Argentina, Uruguay y Bolivia
Dejanos tu comentario
Intervención en CDE: “No es solo corrupción, es robo a plena luz del día”, dice Castellano
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.
El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.
“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento descarado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de oradores.
Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobraron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sostuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la propia municipalidad y presentados como si fueran iniciativas ciudadanas.
El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.
De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban cheques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferentes que “acertaban los montos exactos” e incluso presentaban cifras idénticas a las previstas por la administración, lo que a su juicio evidencia una falta total de competencia real.
Uno de los casos emblemáticos citados fue el de Tajy Servicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la municipalidad, algo que, según Castellano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.
Le puede interesar: Penas de 90 años es inviable por Constitución, advierte diputado Gamarra
Vínculos familiares en el esquema
El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expareja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de alimentos durante la pandemia.
Robert habría sido el encargado de cobrar cheques y presentar proyectos, mientras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.
“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefieren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.
Dejanos tu comentario
Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
Te puede interesar: Senad destruye cuatro toneladas de marihuana en Bella Vista Norte
El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
Dejanos tu comentario
Afinan detalles del Registro Nacional de Pagarés para evitar problemas en su implementación
El diputado José Rodríguez informó que continúan trabajando en ajustes al proyecto de creación del Registro Nacional de Pagarés, con el objetivo de asegurar que su implementación sea verdaderamente útil, tanto para el sistema financiero como para los usuarios.
Según explicó, uno de los principales aportes de su bancada fue lograr que se incorporen mecanismos de digitalización al proyecto, permitiendo que los pagarés y otros títulos de crédito tengan trazabilidad digital además del respaldo físico.
Esto evitará irregularidades como falsificaciones o doble cobro. “Si el pagaré es por G. 10 millones, el sistema debe reflejar exactamente ese monto y su fecha. Así habrá un control cruzado entre lo físico y lo digital”, detalló en conversación con varios medios de prensa.
Rodríguez señaló que inicialmente la Corte Suprema de Justicia proponía que los pagarés se depositaran en los juzgados como garantía, sin contemplar los componentes digitales. Gracias al trabajo legislativo, esos elementos fueron incluidos en artículos específicos del proyecto.
El legislador aclaró que, pese a los avances, el trabajo continúa en conjunto con los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez, para asegurar que no haya vacíos legales que afecten a sectores como el de los microempresarios.
“Queremos que el registro funcione, pero también que no genere trabas futuras. Si nos apuramos demasiado, en el futuro podría haber problemas en las transacciones entre microempresarios porque el circulante puede parar por algunas lagunas jurídicas y puede afectar a la economía”, advirtió.
El proyecto apunta a fortalecer el sistema financiero a través de la transparencia y el control digital, pero Rodríguez insistió en que su éxito dependerá de que la norma esté bien diseñada desde el inicio. “Nuestro objetivo es que sea útil y eficaz desde el primer día”, concluyó.
Dejanos tu comentario
En audiencia pública, debatirán proyecto de creación de un registro nacional de pagarés
Para este lunes 21 está previsto el desarrollo de una audiencia pública en la que estarán presentes ministros de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de otras instituciones estatales. El fin de esto es analizar dos iniciativas legislativas que surgieron a partir de la trama delictiva “mafia de los pagarés”.
Los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón; así como el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez serán parte del encuentro para debatir sobre el proyecto que “que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito” y la propuesta que “establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República”.
La propuesta de creación de un registro nacional fue presentada por varios diputados, entre ellos José Rodríguez, Rocío Abed y Cristina Villalba, del Partido Colorado, y Rodrigo Blanco del Partido Liberal, Plantea una plataforma pública, digital y accesible que permitiría registrar este tipo de documentos, fortaleciendo la seguridad jurídica y reduciendo los riesgos de fraude.
Lea también: Informe de la CBI debe llegar hasta Washington, propone Amarilla
Según sus impulsores, la medida facilitaría las transacciones comerciales al permitir que los titulares puedan acreditar de forma más clara la existencia y titularidad de sus créditos. En tanto, el proyecto que establece un régimen de depósito apunta a modificar varios artículos del Código Procesal Civil.
El objetivo es evitar que estos documentos puedan ser utilizados de forma simultánea o reiterada en distintos procesos judiciales, promoviendo un mayor control y transparencia en los litigios civiles. Además, la propuesta contempla que el juez determine el destino final del documento una vez dictada la sentencia, con lo cual se busca cerrar la posibilidad de reutilización indebida de los mismos títulos.
La trama “mafia de los pagarés” derivó en diferentes propuestas legislativas en ambas cámaras con el propósito de evitar nuevos casos. En la última sesión ordinaria del Senado quedó aprobado un proyecto de ley que establece un límite en los descuentos salariales a los funcionarios públicos. Esta iniciativa también está pendiente de estudio por los diputados.