El plan orquestado para salvar al senador Rodolfo Friedmann, tuvo como factor común la incidencia de la senadora Lilian Samaniego, quien se encargó de darle un argumento “a medida de las circunstancias” para la postergación del pedido. Las justificaciones para operar en defensa de su colega imputado por negociar la merienda escolar de los niños del Guairá, bastaron para que hoy se convierta en la política de la semana.

Un pedido de pérdida de investidura que ya fue postergado en una ocasión, tuvo un trato privilegiado en esta oportunidad por parte de los senadores, siendo Samaniego la responsable de la premisa justificatoria: “Que los senadores no son jueces, por ende, no deben tomar atribuciones del Poder Judicial para expulsar a sus colegas sin que exista una condena”.

De esta forma, en la comisión de Asuntos Constitucionales fue la propulsora de no emitir ningún dictamen sobre el proyecto, pese a haber escuchado la defensa de Friedmann.

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Lo que incluso el propio senador Enrique Riera cuestionó a los integrantes de comisión, que desde la semana pasada debían estudiarlo. “Ni siquiera cumplieron con las obligaciones”, reclamaba. Esta misma acción no fue utilizada en los otros 6 casos anteriores de destitución de senadores.

Samaniego, como miembro, hizo referencia en esa reunión que la defensa más bien era jurídica pero que la posición es política, por lo cual emitir un dictamen no correspondería atendiendo a que hay acciones de inconstitucionalidad pendientes en la Corte de Suprema de Justicia.

Los demás aliados, solapados bajo esa postura de la legisladora, decidieron no dictaminar, pese a que la postergación del pedido se dio para que sea estudiado en tiempo y en forma en comisiones.

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Esta escena se volvió solo la antesala a lo que sería la decisión del pleno en la sesión extraordinaria convocada solo con el efecto de desarrollar este pedido. Donde nuevamente fue Samaniego quien salió al paso, manifestó una vez más que no correspondía el tratamiento sin tener la resolución judicial sobre los demás casos anteriores.

“La Justicia debe determinar su grado de responsabilidad”, fue el argumento que solapó el salvataje al legislador imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. Mientras que el senador Enrique Bacchetta recordaba que: “En ninguno de los tratamientos anteriores se ha obrado de esta manera”.

En el mismo sentido, el senador Sergio Godoy exigía que todos sean medidos con la misma vara, “tenemos que tener coherencia, no puede ser que los 6 que se fueron tengan una vara y ahora se aplica otra, no es justo”, alegaba uno de los propulsores de la destitución.

Así la anhelada resolución de la Corte se volvió la fórmula mágica de Samaniego para blindar a Rodolfo Friedmann.

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