La segunda rendición pública de cuentas de los fondos de la Ley de Emergencia se desarrolló hoy con la presencia de autoridades del Ministerio de Hacienda, Salud y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senac). Del total de estos fondos de US$ 1.600 millones, fueron asignados US$ 1.338 millones y ejecutados solo US$ 877 millones.

En su mayoría, los mismos estaban destinados para el fortalecimiento de la salud, pero como algunos impuestos fueron pospuestos también se necesitaron recursos para mitigar el impacto. Sin embargo, Salud solo ejecutó US$ 37 millones de los US$ 253 millones asignados. Mientras, están en curso US$ 130 millones en licitaciones.

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El componente con mayor ejecución corresponde a los programas sociales y compromisos del Estado que representan los pagos de salarios a docentes, fuerzas públicas y funcionarios de blanco. Se asignaron US$ 530 millones y se utilizaron US$ 505 millones.

“Esta es la cobertura para asegurar el financiamiento de los programas sociales como Adultos Mayores y Tekoporã, además de la cobertura de jubilaciones financiada con recursos del Tesoro, pero fueron asignados para que no se vean afectados por la baja dinámica de las recaudaciones”, explicó el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, en la presentación.

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Sobre los recursos destinados a mipymes, se habla de una asignación de US$ 61 millones y ejecutados 52 millones, mientras que los subsidios de los servicios básicos de energía y agua que fueron por 3 meses significaron la ejecución de US$ 15 millones.

Como se decretó la prórroga de estos subsidios hasta julio, los recursos que no tengan asignación será destinados a esta cobertura, lo que representa US$ 15 millones mensuales adicionales a lo establecido, explicó el viceministro.

Las mipymes también tuvieron asignaciones para reforzar a estos sectores y disponibilizar recursos para su capital operativo o gastos que puedan tener a través de Fogapy, US$ 104 millones, que se dieron gracias a un préstamo aprobado del Banco Mundial de US$ 200 millones.

Fueron asignados US$ 391 millones, ejecutados en garantías US$ 193 millones que representan casi el 50%, y fueron garantizados créditos por 267 millones. Los que representaron 12.380 garantías otorgadas, que beneficiaron a 66.636 empleados y 39 instituciones que participaron del sistema financiero.

El viceministro explicó que se buscó no solo que estén recursos para garantizar, sino también recursos para canalizarlos a través de la AFD, con una ejecución por encima del 60%, pero se tuvo menor dinámica en el fideicomiso.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, reconoció el desafío que se tiene en las compras públicas, atendiendo la complejidad de los ítems que se solicitan, los vencimientos de algunos procesos, los mercados internacionales que dificultan el acceso a algunos insumos.

Se tienen contratos en ejecución de US$ 15 millones, están en proceso de adquisición US$ 130 millones y un total comprometido de US$ 145 millones.

Se adquirieron a través de la tienda virtual 10 millones de mascarillas de todo tipo, equipo de bioseguridad dependientes de 150 procesos en licitación y unas 3 millones de batas a través de un acuerdo nacional finalizado. También se tienen previstos insumos para las muestras de 250 mil test, que permitirán seguir procesando los testeos y rastreos, comentó Mazzoleni.

Finalmente, mencionó que desde el ministerio se da un “fuerte impulso para saldar deudas en las brechas dentro del sistema de salud, no solo en exigencias de insumos e equipamientos, o de personal incorporado que llegaron a 3.400, sino también en líneas estratégicas, como cambiar el modelo de atención del asistencial al de prevención”

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