El Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero fue sede de la jornada de trabajo desarrollada hoy por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay, doctor César Diesel.

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Entre las tareas desplegadas se incluyen una reunión con miembros del Consejo de Administración, magistrados, representantes de gremios de abogados y el acto de juramento de ley de nuevos profesionales del derecho.

Fue en la Sala de Juicios Orales de la sede judicial, donde el doctor Diesel presidió el juramento de ley de 18 nuevos abogados, a quienes felicitó e instó a ejercer la abogacía con honestidad y responsabilidad, respetando las leyes vigentes en el país.

La ceremonia fue suscrita ante el secretario de la Sala Constitucional, abogado Julio Pavón, y contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y familiares de los nuevos profesionales.

La visita se enmarca en la política institucional de fortalecer el acceso a la Justicia y descentralizar los servicios judiciales en beneficio de la ciudadanía.

A continuación, el titular de la Corte se reunió con los integrantes del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay, presidido por el magistrado Luis Benítez, y el vicepresidente Elvio Insfrán, respectivamente, así como con magistrados que ejercen funciones en la circunscripción.

La intención de Diesel Junghanns fue la de interiorizarse sobre la labor que desarrollan en los distintos fueros y orientar acciones que contribuyan al fortalecimiento del servicio de Justicia, con miras a impulsar mejoras tanto en la gestión administrativa como en la labor jurisdiccional, indicaron desde el Poder Judicial.

También mantuvo una audiencia con representantes de los gremios de abogados de la zona, con el fin de escuchar sus inquietudes y sugerencias para el mejoramiento del servicio y la atención a los justiciables en el departamento.

La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

El diputado Hugo Meza valoró el informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, presentado el miércoles pasado ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y que celebrará constitucionalmente ante el Congreso Nacional, este martes 1 de julio a las 20:00 en la sede legislativa.

“Se presentó un país que está en marcha, un país que está avanzando, se enfocó muchísimo este Gobierno en la gente que más necesita, en los más vulnerables. No se puede desconocer que hay avances importantes”, indicó el parlamentario, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Meza sostuvo que, así como se dieron importantes avances, y tomando las propias expresiones del presidente Peña, aún existen algunas áreas que se deben mejorar, y consecuentemente el desempeño de algunos miembros de su Gabinete.

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“Por supuesto que hay materias que todavía que necesitan una mayor atención del Gobierno y también que hay ministros y ministras, directores y directoras de entes que necesitan tener una mejor y mayor gestión para tener respuestas mucho más rápidas para que pueda la gente sentir ese alivio y esa mejora que finalmente es lo que el presidente de la República propuso”, refirió el diputado Meza.

Remarcó los programas sociales que benefician a más de 2 millones paraguayos, como Hambre Cero, Tekoporã Mbarete, Pensión de Adultos Mayores. “Una inmensa cantidad de gente que está siendo beneficiada con programas sociales hoy están saliendo de la pobreza, que están con protección social, que me parece que es la esencia justamente del Partido Colorado, doctrinariamente hablando”, comentó.

El legislador habló también de algunos puntos que siguen siendo una materia pendiente, pero aseguró que el presidente de la República está trabajando para atenderlos, para que la población paraguaya pueda sentir realmente el crecimiento y los avances en el país.

“La reforma del transporte público, es inadmisible seguir teniendo este sistema pésimo de transporte público, el tema de la reforma de las cajas fiscales y, el más importante de todos es que este crecimiento económico, que somos campeones en macroeconomía, pero tenemos que trabajar en medidas populares, no populistas, para que definitivamente la gente de a pie sienta en el bolsillo el efecto del derrame del crecimiento de la economía”, apuntó el diputado Meza a Nación Media.

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El martes 1 de julio será la presentación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso. En este contexto, el ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles sobre las acciones de su cartera en pos de mejorar la seguridad, una de las aristas más importantes para este gobierno, según el propio mandatario.

En conversación con La Nación/Nación Media, Riera destacó la implementación del plan estratégico institucional de la cartera, previsto hasta el año 2028. Según explicó, este plan se articula en tres ejes: el fortalecimiento de la Policía, la mejora de la seguridad ciudadana y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática mediante la coordinación con instituciones públicas, especialmente con las 17 gobernaciones y 263 intendencias del país.

Uno de los pilares señalados por Riera fue la implementación de la ley n.° 7280 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, con una inversión de alrededor de USD 100 millones destinados a demandas sociales históricas dentro de la institución. A esta medida se sumó una inversión de más de USD 90 millones, proveniente de la Itaipú Binacional, para equipamiento y fortalecimiento operativo.

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La modernización se estructuró en dos etapas: la primera enfocada en el bienestar policial y la segunda en la operatividad. Entre las acciones realizadas, el ministro mencionó la incorporación anual de 5.000 nuevos aspirantes con capacitación orientada al servicio efectivo, así como mejoras tecnológicas, equipamiento logístico y procesos de depuración interna.

Se destacó la exigencia legal del test de integridad (polígrafo) para los ascensos, aplicada actualmente a toda la cúpula del Comando institucional, y la elevación jerárquica de la Dirección General de Asuntos Internos.

En cuanto a recursos, Riera detalló la incorporación de 1.000 motocicletas, más de 600 camionetas, 2.800 radios con GPS, 1.500 chalecos balísticos (con previsión de compra de 8.000 más), así como el egreso de cerca de 5.000 nuevos agentes, entre ellos 224 Linces.

Además, se instalaron 1.200 computadoras, se integró el sistema de inteligencia Bravo, se actualizó el sistema Guardián y se proyectó la entrega de 1.971 teléfonos móviles para 600 comisarías, 300 subcomisarías y 150 puestos policiales.

El ministro también mencionó la incorporación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de casos de violencia intrafamiliar, bajo un decreto firmado en 2023. Además, se amplió el sistema de videovigilancia del 911 con más de 931 cámaras operativas, 15 instaladas en hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras 150 en puntos semafóricos de Asunción.

En el área operativa, la institución apunta a alcanzar 57.000 efectivos policiales, acercándose al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes en turnos de ocho horas, conforme a criterios de la ONU.

En total, desde 2023 se detuvieron a más de 34.000 personas, aunque solo 8.000 fueron procesadas, lo cual, según Riera, revela la necesidad de una mayor articulación con el sistema judicial.

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El informe también hizo énfasis en el Plan Sumar, que ahora entra en una segunda fase denominada “Sumar en tu barrio”. Esta etapa implica acciones conjuntas con los ministerios de Educación y Salud, así como visitas semanales a los 19 distritos de Central y todos los barrios de Asunción. El objetivo es abordar integralmente la problemática del consumo de drogas entre jóvenes, que según cifras oficiales afecta a unos 90.000 menores de 25 años en la zona.

El enfoque del plan es ofrecer atención primaria en salud, fortalecer la comunidad educativa e intervenir directamente con organizaciones civiles y comités barriales, para lo cual se han conformado comisiones de seguridad comunitarias en coordinación con autoridades locales.

En materia de estadísticas, el Ministerio del Interior reporta que Paraguay se ubica entre los países con tasas de homicidio más bajas de la región, con una tendencia decreciente en los hechos punibles desde 2022. Entre 2023 y 2024 se registraron 4.000 denuncias menos y se incrementó el porcentaje de delitos esclarecidos.

Por último, el perjuicio económico ocasionado al narcotráfico por incautaciones de cocaína, crack y marihuana, entre julio de 2024 y mayo de 2025, fue estimado en más de USD 60 millones.